Uno de los más reconocidos expertos en temas de defensa y seguridad estratégica es Rafael Guarín Cotrino, alto consejero para la Seguridad Nacional. Ha ocupado diversas posiciones relacionadas con el sector, y también es uno de los asesores más cercanos al presidente, Iván Duque. Dice que su despacho viene trabajando en un proyecto de ley contra el vandalismo y la vilencia.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se va a preparar el Gobierno para enfrentar la protesta social?

RAFAEL GUARÍN: El Gobierno nacional está preparado siempre para garantizar el ejercicio de la protesta y la manifestación pública y pacífica. Es un derecho fundamental, sagrado, que debe ser respetado y garantizado plenamente por parte de las autoridades. Un gobierno democrático como el del presidente Duque celebra las manifestaciones ciudadanas como expresiones de pluralismo político y demostración de gestión pacífica de los conflictos sociales.

El problema no es la protesta, es el vandalismo y las acciones de terrorismo de baja intensidad que pretenden excusarse en la protesta pero que son incompatibles con ella. La Constitución protege la protesta y ordena perseguir al delincuente.

ENS: ¿Cómo evitar el vandalismo dentro de las protestas?

RG: El Esmad es indispensable. Necesitamos mucho más Esmad y mejor Esmad, más unidades especializadas de Policía destinadas a proteger el derecho a la protesta, aún de quienes convierten acciones pacíficas de violencia y delito. Los ataques del 9 de septiembre en el que delincuentes quemaron 40 CAI y vandalizaron 29 más no son ejercicio de un derecho a la protesta sino una actividad criminal, planeada y sistemática, que debe ser perseguida y sancionada con severidad.

ENS: ¿Cómo enfrentar las infiltraciones de grupos en las marchas?

RG: Es conveniente que las organizaciones sociales y de trabajadores que ejercen el derecho a la protesta descalifiquen, sin ambigüedad, esos actos de violencia y de terrorismo. También todas las autoridades, los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad entera. La violencia no tiene justificación, ni se puede justificar. Celebro, por ejemplo, que Julio Roberto Gómez, presidente de la CGTD, destaque el carácter pacífico de las concentraciones y marchas del 21 de septiembre, y descalifique la acción criminal.

Lamentablemente hay grupos radicales y extremistas junto a células del Eln y de las disidencias de las Farc que pretenden usar las movilizaciones y protestas. Hay que expulsarlos de esos escenarios con la acción decidida de la misma ciudadanía. El Estado, por supuesto, debe desarticular y judicializar esos aparatos delictivos.

ENS: ¿Qué grupos se han detectado detrás de las marchas?

RG: Estructuras urbanas del Eln y de las disidencias de las Farc buscan escalar la violencia urbana y encuentran en el nuevo contexto condiciones propicias. Los cambios en la sociedad y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la desinformación les facilita promover la violencia. Los discursos de odio promovidos desde actores políticos les sirven para pretender justificar el crimen.

ENS: ¿Se ha pensado en una nueva normatividad para sancionar el vandalismo?

RG: Se requiere con urgencia. No puede ser que después de incendiar, vandalizar CAI, quemar, atacar vehículos y motocicletas, herir a 315 policías, 294 en Bogotá, se efectúen 315 capturas y solo 3 individuos sean objeto de medida de aseguramiento. Esa impunidad impulsa la repetición. Si no se hace un ajuste en la legislación y se revisan los procedimientos y actuaciones de la administración de justicia, este fenómeno escalará a niveles inimaginables.

Lo que pasó el 9 de septiembre es un punto de inflexión de la violencia callejera y del terrorismo de baja intensidad. Estamos ante una nueva amenaza que requiere todo el poder del Estado, en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

ENS: ¿Se está preparando un proyecto ley para enfrentar el vandalismo?

RG: Así es. La Consejería viene trabajando en este tema. Francia y España son referentes muy importantes. Necesitamos instrumentos jurídicos que sancionen con severidad la violencia a gran escala y los actos que constituyen terrorismo de baja intensidad. En Francia, por ejemplo, se penalizó el uso de capuchas detrás de las cuales no están ciudadanos que ejercen pacíficamente un derecho, sino activos delincuentes. En España se le da tratamiento de terrorismo a la kale barroka, la estrategia de violencia callejera de ETA.

En Colombia, atacan, destruyen, queman y se van contentos para la casa. Debemos acabar con la impunidad respecto de los que participan en la violencia.

ENS: ¿Cómo se ha pensado en la transformación de la Policía?

RG: La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, presentada en diciembre pasado, comprende una serie de medidas que el Ministerio de Defensa viene impulsando para transformar de raíz la Policía de Vigilancia. Para el Gobierno, como aparece consignado en ese documento, no existe duda sobre los problemas que afectan esa actividad esencial de la Policía, quizás la más importante, porque es la que tiene constante interacción con los ciudadanos.

Las reformas internas apuntan a que los mejores integrantes de la Institución, para ascender en su carrera, deban pasar buen tiempo en la vigilancia, en las estaciones de Policía, con buenos resultados y una conducta irreprochable. Eso requiere modificar el Estatuto de Carrera, ajustar los programas de formación y adoptar las medidas para que esto se pueda llevar a cabo de manera gradual y progresiva. Junto a esto, la Política ordena cambiar el viejo modelo de vigilancia por cuadrantes, por un nuevo modelo de vigilancia y control efectivo del espacio público.

ENS: ¿Se ha pensado pasar la Policía a manos del Ministerio del Interior?

RG: Sería un grave error volver a los años en que la Policía se convirtió en un instrumento político, donde importaba no la carrera sino la filiación partidista. Abrirle espacio a eso destruiría una Institución vital para la convivencia, al tiempo que la convertiría en factor de instabilidad democrática. Necesitamos mantener el carácter nacional de la Policía y no permitir que la manoseen con intereses partidistas.

ENS: Hoy en día, ¿es importante el tema de los CAI o se puede cambiar con otra modalidad?

RG: Los CAI son queridos por la ciudadanía. Muchos bogotanos salieron espontáneamente a arreglar los daños causados por los vándalos. Tenemos que volver al policía de la esquina, al que está atento, vigilante, y cuenta con la confianza de la gente. Por supuesto, existen otros modelos, se pueden tener estaciones de Policía más grandes, con uso de tecnología, ser más rápidos y eficientes, al igual que mejorar el control en la reacción de los agentes, pero todo eso no sustituye la cercanía de los CAI con los ciudadanos.

ENS: ¿Qué se piensa hacer frente al fallo de la Corte Suprema en el tema de las armas en las protestas?

RG: Nada. Desde que la Procuraduría solicitó que las escopetas calibre 12 no se empleen por parte del Esmad, eso se viene cumpliendo.