Esta semana los consejeros presidenciales para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, estarán en Tumaco para, según lo anunció la funcionaria, “diseñar medidas urgentes y conjuntas con los pueblos indígenas” luego de las que calificó como acciones criminales de los grupos armados organizados residuales (GAO-r)
Estas ocasionaron la muerte de al menos tres personas, secuestraron otras 40 (incluyendo niños, ancianos y mujeres en estado de embarazo), manteniendo en zozobra a la comunidad del Resguardo Indígena Inda Sabaleta del Pueblo Awá en esa población de Nariño.
Testigos dijeron que el ejecutor de la masacre fue el GAO-r Oliver Sinisterra que se enfrenta en esa zona con el GAO-r Los Contadores. Ambos grupos dicen ser disidencias de las Farc.
Esa fue una de las tres masacres registradas durante el fin de semana, entre las más de 60 ocurridas en lo corrido del año.
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En las otras dos acciones, tres personas fueron asesinadas en Quibdó y otras tres en Soacha.
En su último informe, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (Indepaz) publicó que en lo que va de año, con corte al 21 de septiembre, un total de 240 personas han sido asesinadas en 61 masacres, lo que supone cifras similares a las de hace dos décadas.
El estudio señaló que 2019 y 2020 han sido "los más violentos en Colombia" desde aquel periodo entre 1998 y 2006 en el que el país sufrió el auge y la caída de los grupos paramilitares.
"Las masacres de 2020 se equiparan a las de hace 20 años", precisó el informe de Indepaz.
En relación a los grupos armados, el informe detalló como la desmovilización de las Farc ha fortalecido a otras estructuras, como al Eln o a los Pelusos (disidencia del Epl), con aquellos combatientes que no se quisieron acoger al proceso de paz.
Grupos paramilitares como Clan del Golfo o los Caparrapos, además de las disidencias de las Farc y otras bandas armadas más pequeñas en busca de territorios, son otras de las estructuras cuya presencia en todo el occidente del país ponen en serio peligro la vida de sus moradores, en especial la de aquellos municipios más rurales y apartados.
El departamento más afectado por esta cuestión en 2020 ha sido Antioquia, en noroeste de Colombia, con 14 masacres, seguido de las regiones suroeste Cauca y Nariño, con nueve respectivamente.
Criminalidad
Sin que acabe este año, las más de 60 masacres van camino de duplicar las 36 ocurridas en todo 2019, según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que ya marcó 2020 como “un año muy violento para los derechos humanos en Colombia”.
Documentos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) muestran que desde 1985 hasta 2012, en los años de mayor violencia en Colombia, ocurrieron 1.982 masacres que dejaron 11.751 víctimas.
Las cifras del CNMH indican que 1.166 masacres fueron ejecutadas por los grupos paramilitares mientras que a las guerrillas se les señala como los responsables de 343. Otros grupos armados no identificados son los responsables de 295 matanzas, mientras que la Fuerza Pública ha sido vinculada en 178 de estos homicidios.
El desolador panorama de la violencia de casi tres décadas dejó, entre 1985 y 2012, un promedio de 73 masacres, cifra a la que el país se acerca de forma acelerada en 2020.
Por supuesto, el debate no está en la calificación de los hechos, pues todas las voces los rechazan, ya sea que los llamen masacres o asesinatos colectivos. La discusión esta en el trasfondo de la situación.
“Este momento es muy, muy peligroso”, dijo le hace unos días Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group en Colombia, a The New York Times. “La historia en Colombia es que cuando se inicia una ola de violencia, se acelera y es muy difícil de detener”, anotó.
Sin paz
Aunque algunos analistas prefieran no evidenciarlo, en lo que también hay acuerdo es en que el Estado no ocupó el espacio dejado por las Farc, lo que sí hicieron otras organizaciones criminales. Mientras unos hablan claramente de un fracaso de un proceso de paz mal negociado por la administración anterior, otros acusan al actual Gobierno de no estar implementando adecuadamente lo pactado.
Comenzando septiembre, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, explicó que "desafortunadamente estos acontecimientos empezaron a presentarse aún en las etapas tempranas de las firma de los acuerdos. Y ahora estamos en una situación compleja en los territorios en los que se supone que el retiro de las Farc solucionaría el problema de violencia".
En ese orden de ideas, anotó, las disidencias de las Farc "están peleando territorios y creando caos en varias zonas del país, por eso el Gobierno está trabajando con fuerza para hacer más presencia para contrarrestar a estas organizaciones".
Por una parte Ceballos señaló que, por ejemplo, “el Ejército ha hecho una labor grande al lograr capturas de integrantes del Clan del Golfo”, pero que “el problema es que en la lucha contra estos grupos armados también se requiere atacar, romper su estructura”.
Por la otra, tras las operaciones de las Fuerzas Armadas contra los GAO y los GAO-r, el Gobierno desarrolla un trabajo con inversión social y Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), "pues militares y policías son necesarios, pero no son suficientes: es necesario un trabajo social en esos sectores", iniciativas que "son rechazadas por los grupos criminales, porque eso les quita control de territorios".
El mes pasado, en Samaniego, Nariño, donde ocurrió una de las masacres, el presidente Iván Duque aseguró que “esos hechos de violencia derivados del narcotráfico no son gratuitos. Son producto de la expansión de los cultivos ilícitos y el narcotráfico”, indicando que “tenemos que hacer más, mucho más y eso implica hacer erradicación, sustitución, desarrollo alternativo y demás herramientas que se requieran para enfrentar las estructuras criminales”.
Narcotráfico
Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, le dijo recientemente a France 24 que “como el Estado sigue ausente en el territorio, varios grupos ilegales están tratando de llegar a las zonas donde dominaban las Farc para imponer el orden, y eso no es solo controlar las rutas del narcotráfico, sino tener el control del territorio a través de órdenes a los campesinos, indígenas, afrodescendientes que viven allí”.
En las últimas semanas, calculó Indepaz, en promedio ha habido una masacre cada dos días. “Después de superado ese umbral”, dijo Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “las probabilidades de retornar a una crisis humanitaria son altas”.
Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), “si bien los actores y los hechos tendrían motivaciones diferentes, lo cierto es que el país siente un deterioro de la seguridad”.
Ávila le dijo hace un mes a la agencia Anadolu que las disidencias de las Farc tenían en 2018 presencia en 56 municipios mientras que en este momento se encuentran en 101, que el Eln pasó de estar en 99 municipios a más de 140 y que el Clan del Golfo y otros grupos armados organizados pasaron de concentrarse en 150 poblaciones a alrededor de 200.
“Es culpa de la forma como se ha manejado la seguridad” en este Gobierno, sostuvo, considerando que Duque “tiene una lectura ideológica que le impide entender lo que está pasando actualmente y por eso son los errores”.