En diálogo con este Diario, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que “hay sectores que están buscando deslegitimar a la Fuerza Pública, y por ahí derecho la institucionalidad, señalando injustamente a todas las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional por casos que están completamente por fuera de los valores y preceptos institucionales y cuyas responsabilidades individuales deben ser establecidas por las autoridades competentes”.

El alto funcionario anotó que “lo hacen de forma politiquera porque no les importa pasar por encima de la institucionalidad para avanzar en sus fines electoreros”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Considera justificado el debate de moción de censura que le quieren adelantar en el Congreso o ve, como dicen algunos congresistas gobiernistas, un móvil político e incluso electoral tras esa circunstancia?

CARLOS HOLMES TRUJILLO: Yo soy respetuoso de los llamados que me haga el Congreso de la República, ya sean invitaciones o debates de control político o, como en este caso, mociones de censura. Es evidente que detrás de estas citaciones hay elementos políticos, pero yo tengo el deber y el compromiso de asistir a las citaciones y explicar la gestión del Ministerio de Defensa, como lo he hecho en diversas ocasiones. Soy sumamente respetuoso de los mecanismos democráticos y eso no va a cambiar.

ENS: Dijo usted que se está haciendo politiquería con la Fuerza Pública. ¿A qué se refiere?

CHT: Hay sectores que están buscando deslegitimar a la Fuerza Pública, y por ahí derecho la institucionalidad, señalando injustamente a todas las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional por casos que están completamente por fuera de los valores y preceptos institucionales y cuyas responsabilidades individuales deben ser establecidas por las autoridades competentes. Y lo hacen de forma politiquera porque no les importa pasar por encima de la institucionalidad para avanzar en sus fines electoreros.

ENS: ¿Le asiste alguna preocupación frente al incidente de desacato que interpusieron contra usted algunos accionantes de la tutela concedida por la Sala de Casación de la Corte, señalando que no se cumplió una parte de lo ordenado, sobre todo en cuanto a la petición de disculpas?

CHT: El 24 de septiembre reiteré el acto de perdón espontáneo, sincero, transparente y respetuoso que el 11 de septiembre había hecho como Ministro de Defensa ante la opinión pública, por “cualquier violación a la Ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la Institución”. Este pronunciamiento lo hice como un profundo acto de conciencia y de respeto a la Constitución y la Ley, teniendo en cuenta que son las autoridades judiciales y disciplinarias competentes las que deben determinar las responsabilidades individuales en cada caso. Tengo la consciencia tranquila de haber actuado en el marco constitucional y estoy atento a las decisiones que en derecho se tomen al respecto.

ENS: Hay congresistas que consideran que regular la protesta o formular nuevos protocolos de protección a la misma, no es un tema de una mesa accidental, sino que debería ir al Parlamento vía ley estatutaria y suplir los vacíos normativos al respecto ¿Qué opina?

CHT: Como Ministro de Defensa solo me pronuncio sobre las órdenes que se han expedido al respecto por parte de los jueces y la orden que hay actualmente se está cumpliendo a cabalidad por parte del Gobierno nacional.

Tutela

ENS: ¿Alguna expectativa de tiempo sobre cuándo la Corte Constitucional podría revisar la tutela de la Suprema, en donde se utilizó el término “sistemática” sobre anomalías en manejo de marchas por parte de la Fuerza Pública?

CHT: Yo soy muy respetuoso de la separación de poderes y de la autonomía de la Rama Judicial. Por supuesto tenemos diferencias sobre algunos puntos de la sentencia de la Corte Suprema, entre esos al que usted se refiere, por lo que el Gobierno nacional, de manera respetuosa presentará ante la honorable Corte Constitucional los recursos y argumentos, teniendo en cuenta que la selección para revisión es una competencia exclusiva de la Corte Constitucional.

ENS: A hoy, ¿qué se sabe exactamente de la causa de muerte de las 10 personas en Bogotá el 9 de septiembre? ¿Hubo uniformados involucrados?

CHT: Las investigaciones las lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad competente para pronunciarse al respecto.

ENS: ¿Quién debe darle órdenes al Esmad de intervenir en una marcha que desemboca en hechos violentos: el mando policial o el alcalde respectivo?

CHT: El Gobierno nacional es respetuoso y garante de la manifestación pacífica, que es un derecho de todos los colombianos. La Fuerza Pública solo actúa ante hechos de violencia y vandalismo, ejerciendo la autoridad legítima del Estado. Los alcaldes, de acuerdo con la Constitución y la Ley 1801 de 2016, son la primera autoridad de Policía de su municipio y los comandantes de la Policía son los titulares del uso de la fuerza policial.

En ese sentido, las decisiones para el mantenimiento del orden público se coordinan entre estas dos autoridades de Policía; no obstante, cuando se trata de intervención del Esmad, que se lleva a cabo ante actuaciones de violencia y vandalismo, bajo el principio de la obligatoriedad de actuar para preservar o restablecer el orden público, esta fuerza policial interviene bajo la orden del comandante policial de esa unidad, de acuerdo al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, cumpliendo todos los protocolos establecidos para el uso de la fuerza.

ENS: Usted tiene mucha experiencia en lo público. Desde el punto de vista constitucional y legal ¿es viable prohibir a los encapuchados en una marcha? ¿Cuál sería la diferencia con quien en una manifestación se pinta la cara o usa una máscara para esconder su rostro?

CHT: Gobierno, Congreso y autoridades judiciales, en el marco de la colaboración armónica que señala nuestro ordenamiento jurídico, deberán evaluar a la luz de los preceptos constitucionales y legales las medidas que deban adoptarse para continuar protegiendo el sagrado derecho a la manifestación pública y pacífica y las medidas de actuación para la sanción efectiva y prevención de la violencia y el vandalismo.

Eliminar la violencia, el vandalismo y el terrorismo es un deber de todas las autoridades en aras de proteger efectivamente a la población.

Ataques

ENS: Incendiar CAI, atacar sedes policiales y oficiales, quemar buses… ¿Vandalismo o hechos típicos de terrorismo?

CHT: Lo ocurrido durante la semana del 9 y 10 de septiembre contra la infraestructura de seguridad de los bogotanos fue un ataque coordinado, planeado, sistemático y doloso, que también tenía como objetivo afectar la integridad y el derecho a la vida de nuestros policías. El objetivo era claro: la Policía Nacional.

Es que no se nos puede olvidar que el ataque fue a cerca de la mitad de los CAI de Bogotá a la misma hora, en la misma fecha y con la misma modalidad. No era solo vandalismo. Hubo intención de destrucción de la infraestructura utilizando incluso artefactos incendiarios y hubo violencia contra nuestros uniformados. Más de 300 policías resultaron heridos durante estos actos de violencia, se evidenció la intención de causar daño. Se trata de una situación que fue de una inmensa gravedad, que en ningún momento hace parte del derecho a la manifestación pacífica, que el Gobierno respeta y garantiza, por lo que esperamos que las investigaciones avancen con celeridad para establecer la naturaleza de estos actos, las intenciones criminales y los responsables de este ataque a la institucionalidad.

ENS: Algunos militares retirados sostienen que es tal la presión sobre la Fuerza Pública desde algunos sectores que podría volver el “síndrome de las ías” y ello llevaría a que los uniformados se abstuvieran de operar por temor a investigaciones ¿Qué opina?

CHT: La Fuerza Pública tiene muy clara su misión constitucional y la ejerce en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos y de la normatividad colombiana. Quien actúa en el marco de la Constitución y de la Ley, así como de los reglamentos y protocolos internos, no debe preocuparse porque está cumpliendo con su deber constitucional y legal, revistiendo sus actuaciones no solo de legalidad sino también de legitimidad.

Nuestras Fuerzas Militares y de Policía cuentan con reglamentos, protocolos y normas muy estrictas al respecto y la inmensa mayoría de los uniformados los cumplen, respetando además los valores y preceptos institucionales. Los casos que se han presentado, de un uniformado que haya irrespetado esos reglamentos o que haya actuado por fuera de la Constitución y la Ley, son la excepción y esas personas deben responder ante la justicia como corresponde.

Censura

ENS: El último Ministro de Defensa (su antecesor) al que le adelantaron una moción de censura, hace precisamente un año, tuvo que renunciar para evitar ser blanco de la figura. ¿Le asiste algún temor al respecto?

CHT: Yo tengo la tranquilidad de que siempre he actuado de forma correcta, atendiendo las responsabilidades de mi cargo en el marco de la Constitución y de la Ley y trabajando por el bienestar de los colombianos, por ayudar en la creación de condiciones para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos.

No puede haber temor cuando se obra con estricto apego a la ley, disciplina, y los resultados así lo demuestran.

ENS: Una última pregunta: ¿Cómo ve la postura de la ciudadanía sobre la Fuerza Pública en estos momentos de debate sobre su accionar? ¿Disminuyó o aumenta el apoyo?

CHT: La Fuerza Pública cuenta con el apoyo de los colombianos. Eso es innegable. ¿Cómo no lo van a tener si son las personas que se sacrifican todos los días porque podamos tener una Colombia segura y tranquila? Nuestros soldados y policías son ejemplo de tenacidad, de valentía, de sacrificio y de abnegación y eso lo ven los colombianos a diario. Desde las operaciones grandes que se realizan contra los grupos armados organizados, para proteger a las poblaciones que son víctimas de esas estructuras, hasta la tarea monumental que han realizado nuestros uniformados durante la pandemia por el covid-19.

Entiendo el dolor y la indignación que se produce cuando un soldado o un policía se aleja de los preceptos institucionales, eso también nos duele a todos nosotros en el Sector Defensa, me duele a mí como Ministro y colombiano, porque significa que esa persona desconoció la formación y valores que le impartieron. Pero también sé que la gran mayoría de los soldados y policías de nuestro país son personas admirables y que los colombianos los reconocen así.

Debate

Con el debate del martes, la plenaria del Senado inaugura el mecanismo de sesiones mixtas, es decir que una parte de los congresistas estará presente en el Capitolio Nacional y otra seguirá participando remotamente.

Para la citación del 13 de octubre, confluyeron varias iniciativas respecto de reproches de sectores opositores e independientes a las actuaciones del ministro Trujillo, como son la respuesta de la Policía durante los desórdenes registrados paralelamente a las protestas de la segunda semana de septiembre, la atención al recrudecimiento de la violencia en el país, en particular las masacres y los homicidios contra líderes sociales y desmovilizados de las Farc, pero también respecto de la presencia en Colombia de una misión de medio centenar de militares norteamericanos sin autorización del Senado.

Así, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, anunció el 30 de septiembre que con el presidente del Senado, Arturo Char, de Cambio Radical, y el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), “se acordó que el debate de control político y moción de censura” a Trujillo “se realizará el 13 de octubre. Demostraré que el Ministro engaño, mintió y violó la ley, lo que lo hace indigno para ese cargo”.

Robledo recordó que la moción se presentó alegando que el jefe de la cartera faltó a la verdad cuando afirmó que el Senado, a través de una carta que firmaron 69 senadores, autorizó la presencia en Colombia de una misión de más de 50 militares norteamericanos que, según el Gobierno, estarán unos cuatro meses para prestar cooperación en seguridad, lo que, argumentó, representa un fraude a resolución judicial porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le había ordenado al presidente Duque que esas tropas no operaran sin la mencionada autorización.