La justicia rechazó ayer el confinamiento perimetral impuesto para combatir la epidemia del covid-19 en Madrid y otras ciudades aledañas, donde la gestión sanitaria se convirtió en objeto de litigio entre el gobierno español y las autoridades locales.
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Seis días después de su aplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó ratificar la restricción de movilidad que afectaba a 4,5 millones de personas de la capital y nueve municipios de la región de Madrid, la más impactada de España por el virus con más del doble de incidencia de la media nacional.
Desde el viernes pasado, los residentes en estas zonas sólo podían salir de su localidad para ir a trabajar o estudiar, acudir al médico y atender a personas dependientes.
En un comunicado, el alto tribunal alega que estas medidas, impuestas por el ministerio de Sanidad pese al rechazo del gobierno regional conservador, afectan "los derechos y libertades fundamentales" y que la ley utilizada como amparo no permite limitarlos.
Desde Argelia, adonde había acudido en un viaje oficial, el jefe de gobierno socialista Pedro Sánchez abogó por "continuar con estas medidas" y no descartó recurrir al estado de alarma que ya aplicó durante el severo confinamiento de marzo a junio para hacerlas cumplir.
"Consideramos preocupante la evolución de la pandemia en Madrid y, en consecuencia, tenemos que poner todos los instrumentos encima de la mesa para doblegar la curva", aseguró.
La región de Madrid registra unos 700 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, frente a los 300 casos por 100.000 del resto del país, que ya es uno de los más castigados de Europa.
Una batalla política
El confinamiento parcial de la población se aplicó después de un intenso rifirrafe entre las autoridades del gobierno central, de izquierdas, y las que dirigen la comunidad de Madrid, de talante conservador, que se oponían a estas restricciones debido sobre todo a sus consecuencias económicas.
Las autoridades regionales habían presentado este recurso, argumentando que las medidas decretadas por el gobierno central no tenían "validez jurídica".
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, figura destacada del centro derechista Partido Popular, reivindicó el fallo judicial como un respaldo a sus posiciones pero, al mismo tiempo, pidió a los ciudadanos que no abandonaran la región.
"Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias", dijo en una breve comparecencia en la que también pidió al gobierno central negociar "unas medidas sensatas, justas y ponderadas".
Según indicó Pedro Sánchez, el grupo creado entre ambas administraciones para gestionar la epidemia en la región capitalina deberá reunirse esta semana, para estudiar los pasos a tomar tras este revés judicial.
Desde el 21 de septiembre, su ejecutivo había instaurado medidas para limitar los movimientos en algunos barrios de Madrid y de los municipios cercanos donde la incidencia del virus superaba los 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días.
En su discurso, Díaz Ayuso destacó que estas medidas, implantadas principalmente en barrios obreros del sur de la capital, estaban empezando a dar resultados y consideraba innecesario un cierre generalizado de la ciudad que sería muy negativo para la economía.
En su decisión de ayer, el tribunal admite "la gravedad de la crisis sanitarias sin precedentes" que sufre el país y "la necesidad de adoptar medidas inmediatas y eficaces", incluso "limitativas de derechos fundamentales de mayor o menor alcance".
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Pero, a su parecer, esto no puede hacerse mediante "ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley", dice textualmente la decisión judicial.
España ha registrado más de 800.000 contagios y 32.000 fallecidos por coronavirus hasta el momento y es proporcionalmente a su población uno de los países más afectados de Europa.