Aprovechando el impacto que la pandemia produjo a nivel global y en casi todos los países, el Banco Mundial (BM) publicó un informe la reconstrucción del crecimiento en América Latina y el Caribe (ALC). En el mismo, el organismo multilateral hace recomendaciones para aprovechar esta crisis y mejorar algunos aspectos de desarrollo

1.- Fortalecer el sistema de salud

Indica el BM que la covid-19 expuso las limitaciones de los sistemas de salud de la mayoría de los países. Con el tiempo, el gasto público tendrá que aumentar hasta alcanzar los niveles internacionales, pero a corto plazo, el avance de los sistemas hacia la frontera de eficiencia mundial podría ampliar la esperanza de vida promedio en cuatro años. Para ello, hay que comparar los servicios prestados con las normas mundiales, evaluar las tecnologías de la salud, unificar los sistemas fragmentados, reconfigurar la prestación de servicios, mejorar los sistemas de información y reducir la corrupción.

2.- Equidad y eficacia en la educación

Señala el organismo que, a mediano plazo, será necesario desarrollar una importante labor de recuperación en la educación primaria para contrarrestar los años perdidos de aprendizaje y de acumulación de capital humano debidos a la covid-19, al mismo tiempo que se abordan las ineficiencias persistentes que han conducido a unos resultados inadecuados durante mucho tiempo. Hay que dar prioridad a los centros educativos más afectados, mejorar el uso de la tecnología para complementar la enseñanza, mejorar el seguimiento y la información de los resultados educativos y reforzar el liderazgo educativo.

En el ámbito universitario, la transferencia de los abundantes fondos de programas universitarios a programas de ciclos cortos (de dos o tres años), más centrados en determinadas habilidades técnicas en consonancia con las normas mundiales, sería progresiva, abordaría la persistente carencia de habilidades en el sector privado y mejoraría los resultados del mercado laboral. En términos más generales, la recopilación y difusión de información sobre resultados educativos y una mayor rendición de cuentas sobre los mismos, así como la revisión de la distribución de subsidios entre los programas, aumentaría la eficacia y progresividad del sistema de educación superior.

3.- Sacar más partido al gasto en innovación

ALC no invierte lo suficiente en investigación e innovación. El gasto promedio en investigación y desarrollo es del 0,6 % del PIB, en comparación con el doble (1,2 %) en los países de renta media y el 1,4 % en los de renta media-alta. Además, el sector privado manifiesta una baja confianza en la calidad de los institutos de investigación y se relaciona poco con ellos, en comparación con los estándares mundiales. La revisión de los mecanismos de financiación para reforzar los incentivos a la calidad y la colaboración garantizaría que los escasos recursos destinados a la innovación tuvieran un impacto sobre el crecimiento. Reorientar las prioridades de inversión y desarrollo hacia el fortalecimiento de las capacidades de gestión y la innovación de productos y procesos facilitaría, a largo plazo, la participación en las cadenas globales de valor (CGV) y prepararía a las empresas para proyectos de innovación a más largo plazo, incluida la transición hacia tecnologías más sostenibles.

• Le puede interesar: 15 ciudades bajaron competitividad por la pandemia

4.- Transferencias públicas para la equidad

Recomienda el BM convertir el estímulo monetario de corto plazo en crecimiento de largo plazo. Las transferencias públicas fueron importantes para apoyar a los hogares durante la covid-19 y, a largo plazo, es probable que sean necesarios mayores flujos para aproximarse a los niveles de igualdad de la OCDE.

Los datos publicados hasta ahora sugieren un impacto positivo a corto plazo sobre la producción a través de la demanda, pero, a más largo plazo, las transferencias específicas para apoyar las inversiones que aumentan la productividad (por ejemplo, los subsidios a los programas de ciclo corto, u otra acumulación de capital humano) mejorarían la equidad y sentarían las bases del crecimiento.

5.- Inversión pública inteligente en infraestructura

Sostiene el BM que la inversión pública en infraestructura como porcentaje del PIB se ha reducido en dos tercios desde la década de 1980, y no se ha visto compensada por asociaciones público-privadas (APP) u otros mecanismos de financiación privada. La caída general tiene efectos negativos en la competitividad, el crecimiento y la desigualdad.

Algunos estudios han identificado los obstáculos que impiden hacer un mejor uso de los recursos existentes, entre los que se incluyen: una limitada capacidad de planificación, preparación y evaluación de proyectos; una presupuestación demasiado rígida o miope, diseñada para controlar los déficits presupuestarios en lugar de promover un gasto eficiente; dificultades en la puesta en práctica de presupuestos; una sostenibilidad de los proyectos poco clara, a menudo debido a desequilibrios entre el gasto de capital y el gasto corriente en infraestructuras, y normalmente derivados, también, de unos presupuestos demasiado rígidos y una planificación inadecuada; unas prácticas de contratación pública deficientes; y, por último, unas industrias de la construcción a menudo poco competitivas. El ahorro en infraestructuras tradicionales es potencialmente extenso. La ampliación de la infraestructura digital es relativamente barata y podría aumentar la productividad, conectar las zonas rurales y generar resiliencia ante futuras crisis, por ejemplo, mediante un mayor acceso a la educación y formación a distancia.

6.- Alimentar un futuro energético sostenible

De acuerdo con los precios mundiales de la energía, los subsidios energéticos pueden costar varios puntos del PIB y siguen teniendo una distribución poco adecuada: entre el 40 % y el 60 % de los subsidios a la electricidad, por ejemplo, se destinan al 20 % más alto de la distribución de la renta. Si se eliminan los subsidios generales y se ofrecen ayudas para fines concretos a poblaciones vulnerables, se liberarían recursos para explorar medidas de conservación y otras fuentes de energía de bajo costo y ambientalmente sostenibles.

Los avances de la región en materia de eficiencia energética han estado por debajo de los de regiones comparables, y el Banco Mundial ha identificado cientos de áreas potenciales de ahorro energético que comprenden las normas de construcción, el establecimiento de normas mínimas de rendimiento energético y el desarrollo de mecanismos financieros para apoyar las inversiones que podrían contribuir, entre otras. ALC también tiene una ventaja comparativa en la generación de hidrógeno verde que, si se amplía, sería competitivo en los mercados mundiales y reduciría las emisiones en numerosas industrias nacionales.

Ganancias en la eficiencia del gasto

Asegura la hoja de ruta del BM, que las grandes ganancias potenciales en la eficiencia del gasto suponen un importante complemento o alternativa a aumentar los ingresos del sector público. No se trata de recortar el gasto de forma generalizada, sino que significa hacer un mejor uso de los recursos existentes. Las ineficiencias estimadas en la contratación pública, la Administración pública y las transferencias para fines concretos en ALC representan una cantidad promedio de gasto ineficiente del 4,4 % del PIB -mayor que el gasto promedio actual en salud y casi igual que el gasto promedio en educación- y representa alrededor del 16 % del gasto promedio del Gobierno. La contratación pública de bienes, servicios y bienes de capital representa, por término medio, el 30 % del gasto y es, con frecuencia, una fuente de despilfarro, mala gestión y, en algunos casos, corrupción.

El gasto ineficiente debido a sobornos y presupuestos inflados parece ser enorme: alrededor del 26 % sobre el costo de los proyectos. Las simulaciones del Banco Mundial estiman un ahorro de entre el 16 % y el 22 % con sencillas modificaciones de las prácticas y sin cambiar las leyes actuales de contratación del sector público. La factura salarial promedio consume el 29 % del gasto de las Administraciones públicas y se calcula que las ineficiencias del gasto salarial suponen el 1,2 % del PIB. Alrededor del 30 % del gasto público en promedio en ALC consiste en transferencias, incluidos los programas sociales, los subsidios a empresas (sobre todo, energéticos) y las pensiones contributivas; las ineficiencias debidas a errores en la asignación y al gasto ineficiente se estiman en alrededor del 1,7 % del PIB.