Los gobiernos que integran el Grupo de Lima expresaron su “firme rechazo a la persistencia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro” de celebrar elecciones parlamentarias sin las “mínimas garantías democráticas” y sin la participación de todas las fuerzas políticas de la vecina República.
En un comunicado conjunto no solo renovaron su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Legislativa de Venezuela “como autoridades legítimas y democráticamente electas”, sino que advirtieron que la democracia en ese país se restablecerá plenamente mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles.
Estos comicios, señaló la comunicación, debe incluir un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Supremo imparcial, garantías de seguridad para los votantes, un censo electoral actualizado, la plena libertad de prensa y acceso a los medios de comunicación, la participación política de todos los venezolanos, acompañadas de observación electoral internacional independiente.
Los gobiernos firmantes también manifestaron su condena a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Maduro, que incluye crímenes de lesa humanidad, documentadas en el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del 16 de septiembre último y el Informe ante dicho Consejo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El comunicado conjunto recomienda que “el informe de la Misión Internacional Independiente pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Asimismo, que a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas o testigos reciban la debida reparación y protección”.
El Grupo de Lima lo integran los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, así como Ecuador como país observador.