Fue aplazada para la próxima semana la sesión conjunta de las comisiones segundas de Senado y Cámara inicialmente citada este miércoles para debatir la ratificación del Acuerdo de Escazú, cuyo propósito central es facilitar la veeduría ambiental ciudadana sobre los proyectos de desarrollo.
Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, existe incertidumbre sobre la aprobación del instrumento porque aunque es un proyecto del Gobierno, presentado con mensaje de urgencia, tiene una fuerte resistencia por parte de la bancada del Centro Democrático.
Pero la incertidumbre no es solo nacional, porque el Acuerdo de Escazú entrará en vigor 90 días después que lo ratifiquen 11 países y van 10 (Guyana, Bolivia, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador y Argentina). Mejor dicho, la aprobación de Colombia sería vital para el tratado.
¿Qué decisión tomarán sobre el tratado los 30 congresistas (13 senadores y 17 representantes) que integran las comisiones segundas? Entre los ponentes y los miembros de las bancadas hay hermetismo sobre si habrá ponencia unificada o dos con sentidos encontrados (positiva y negativa).
El grupo de ponentes es coordinado por el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, y el representante Juan David Vélez, del Centro Democrático.
Además está integrado por los senadores José Luis Pérez (Cambio Radical), Antonio Sanguino (Alianza Verde), Feliciano Valencia (MAIS), Lidio García (Partido Liberal), Ernesto Macías (Centro Democrático) y Berner Zambrano (La U).
Completa el gripo los representantes Carlos Ardila (Partido Liberal), Neyla Ruiz (Alianza Verde), Anatolio Hernández (La U), Gustavo Londoño (Centro Democrático), Mauricio Parodi (Cambio Radical) y Jaime Felipe Lozada (Partido Conservador).
La iniciativa fue radicada con mensaje de urgencia el 20 de julio por los ministros de Relaciones Exteriores (Claudia Blum), Interior (Alicia Arango), TIC (Karen Abudinen) y Cultura (Carmen Inés Vásquez), así como los entonces jefes de la carteras de Ambiente (Ricardo Lozano) y Justicia (Margarita Cabello).
Es la número 265 de 2020 Cámara – 57 de 2020 Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”.
Entre los ponentes y los miembros de las bancadas hay hermetismo sobre si habrá ponencia unificada o dos con sentidos encontrados (positiva y negativa).
¿Buen ambiente?
El senador Sanguino le dijo a este diario que “hay un buen ambiente en el Congreso”, donde “todas las bancadas han manifestado su respaldo”, aunque “curiosamente la bancada de Gobierno es la que menos entusiasta ha estado”.
“En general, ninguna de las bancadas ha manifestado su oposición al proyecto, aun cuando hay un lobby muy intenso por parte de algunos sectores empresariales, particularmente el Consejo Gremial Nacional tratando de sabotear el trámite del proyecto, pero como es un compromiso público del Gobierno esperemos que avance y sea aprobado sin mayor dificultad”, anotó.
Extraoficialmente se prevé que el proyecto tenga siete votos en contra de los congresistas del Centro Democrático, eventualmente uno del MIRA y quizás cuatro de Cambio Radical, a juzgar por la columna del fin de semana del exvicepresidente Germán Vargas Lleras (en la que dijo que, “por fortuna, cada día son más las voces en el Congreso que se preguntan sobre la conveniencia de ratificar este peligroso instrumento”). Eso sumaría 12 votos en contra.
Decididamente a favor habría cinco votos: uno del Polo Democrático, dos del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y otros dos de la Alianza Verde. Se podrían sumar los liberales (cinco), para un total de 10.
La definición quedaría en los ocho votos restantes, tres del Partido Conservador y cinco del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
Cuando el 20 de julio pasado la plana mayor ministerial del Gobierno radicó en el Congreso el proyecto pocos presagiaban que la iniciativa iba a terminar imbuida en un pulso entre los gremios, el Ejecutivo y los activistas que defienden los recursos naturales.
¿La razón? Los sectores productivos advierten sobre los alcances de algunas de las normas de dicho acuerdo, considerando que podría dificultar proyectos e inversiones, prevención que no comparten la Casa de Nariño ni los defensores ambientales.
Precisamente el 22 de septiembre, en su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente Iván Duque dijo que “estamos a la espera de la aprobación por parte del Congreso de la República del denominado Acuerdo de Escazú, el cual firmamos a finales del año pasado”.
Ratificación
El 12 de diciembre pasado, al liderar el acto de divulgación en la Casa de Nariño, el presidente Duque calificó la firma del Acuerdo de Escazú como un producto de la Gran Conversación Nacional que el Gobierno nacional inició con todos los sectores del país, entre ellos el ambiental.
Un día antes, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, suscribió el Acuerdo, el primer tratado regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible
Durante el acto de divulgación de la firma del Acuerdo, Duque destacó tres de los elementos clave que el tratado ayuda a promover: el acceso a la información pública, la participación ciudadana en las decisiones que se tomen sobre el sector y la justicia ambiental, temas en los que el país muestra ya importantes avances.
Hace mes y medio, durante una audiencia virtual adelantada de cara a la preparación de la ponencia, el exministro Manuel Rodríguez señaló la carencia de mecanismos reales de participación ciudadana que tiene Colombia, como también de la justicia ambiental, considerando equivocadas las reservas de los empresarios “que claramente consideran que la participación ciudadana –que es un derecho fundamental de nuestra Constitución– es un obstáculo”.
Por su parte, Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica del Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad del Rosario, precisó que es necesaria la coordinación entre las entidades públicas del medio ambiente, así como consolidar sistemas de información que sean actualizados, confiables y abiertos, para promover una verdadera política ambiental.
Carmen Candelo, del Fondo Mundial para la Naturaleza, solicitó que se tenga en cuenta la necesidad de fortalecer las capacidades de las comunidades para seguir trabajando en pro del ambiente y los territorios. “El Acuerdo de Escazú se ratifica desde esta voz de las comunidades locales para superar la crisis ambiental y la crisis de los derechos en los territorios”, expuso.
Peros
La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, integrante de la Comisión Segunda del Senado, ha considerado que el Acuerdo de Escazú “nos pone ahora entre las pretensiones de la izquierda y los promotores de las marchas del año pasado, y la soberanía del país (esta vez, de verdad); y las necesidades de diferentes sectores productivos”.
Holguín recordó que “gremios como Fenavi, la Asociación Colombiana del Petróleo y la ANDI presentaron concepto desfavorable y le solicitaron al Gobierno del presidente Iván Duque que se archive la iniciativa”.
También voceros de la Federación de Cafeteros, Fedearroz, Fedepetróleo, Fedegán y el Consejo Gremial han considerado que es una forma de ceder soberanía y han propuesto fortalecer la regulación interna y “no someterse a jurisdicciones internacionales”.
En la mencionada audiencia, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, resaltó que al sector productivo el Acuerdo le genera serías preocupaciones sobre la participación o consulta previa, que ha probado ser una gran aporte, pero también ha sido una traba para el desarrollo del país, puntualizando que “el espíritu del Acuerdo es loable, pero Colombia debe aplicar las leyes que ya existen” e insistiendo en que “desde el sector privado y agricultor este acuerdo genera muchas dudas”; en tanto que Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, invitó “a que se revise su contenido antes de su ratificación”.
Sobre el argumento de la existencia de normas sobre la materia en la legislación colombiana, durante la audiencia Lina Muñoz, directora de la Especialización y Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad de Rosario, expresó que “desde el punto de vista del Derecho Constitucional y Ambiental colombiano, si bien es absolutamente cierto que nuestra legislación establece derechos y garantías sobre los tres derechos de acceso planteados en el Acuerdo de Escazú, el énfasis de este Acuerdo no se encuentra en el reconocimiento, sino en la implementación”.
Instrumento
En diciembre, durante la presentación de la firma del Acuerdo, el presidente Duque le pidió al Congreso celeridad en el proceso de ratificación para poder avanzar en la reglamentación del instrumento.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, resaltó que al sector productivo el Acuerdo le genera serías preocupaciones sobre la participación o consulta previa, que ha probado ser una gran aporte, pero también ha sido una traba para el desarrollo del país
Para el mandatario es clave el aporte que hará el Acuerdo de Escazú, junto con los distintos mecanismos de cooperación amazónica, al avance del Pacto de Leticia, que lideró el Gobierno de Colombia, mediante el cual los países de la región establecieron compromisos concretos en materia de protección del Amazonas; además consideró que la firma demuestra que los colombianos podemos unirnos, por encima de nuestras diferencias, en temas fundamentales para el país, como es el caso de la defensa y protección del medioambiente.
El compromiso del Gobierno fue puesto de manifiesto en la ya referida audiencia por los funcionarios que intervinieron, entre ellos la viceministra de Relaciones Multilaterales, Adriana Mejía, quien manifestó que Colombia cuenta con una amplia normativa “y está en capacidad de asumir los compromisos en busca del fortalecimiento de la democracia ambiental”.