Después de que el Tribunal Superior de Medellín otorgará la libertad a Aníbal Gaviria Correa, la oficina jurídica del Ministerio del Interior notificó que deja sin efecto el decreto que lo había suspendido para ejercer el cargo de Gobernador de Antioquia.
Así las cosas, Gaviria Correa vuelve a asumir como mandatario del departamento después de permanecer bajo detención domiciliaria desde el pasado 5 de junio por orden de la Fiscalía General.
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Entre tanto, Luis Fernando Suárez, quien fungía como gobernador encargado en reemplazo de Gaviria, volverá a su cargo de secretario de Gobierno.
"Comoquiera que las situaciones fácticas que acarrearon su suspensión como gobernador del departamento de Antioquia y la designación en encargo del doctor Luis Fernando Suárez Vélez en tal empleo han desaparecido, se tiene que operar el decaimiento de los decretos 821 y 1246", dice la notificación enviada al mandatario departamental, citada por un comunicado.
Finalmente, Gaviria anunció que este domingo pasadas las 7 de la noche hará su primer pronunciamiento público televisado en su regreso al cargo, el cual será transmitido por Teleantioquia.
Caso
El gobernador Gaviria esta vinculado a una investigación por irregularidades de contratación en 2005, cuando ocupó por primera vez esa administración departamental.
Según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso, que se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior sistema penal), indican que Gaviria, cuando se desempeñó por primera vez como gobernador de Antioquia, entre 2004 y 2007, habría podido incurrir en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
El Fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada-Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663.432.778, se pactó inicialmente en un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.
Además, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos.
La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de $4.000 millones para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del Gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).
Este último asunto, que comprometió más de $16.000 millones, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.
Para la Fiscalía, el gobernador Gaviria era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.