La Fiscalía citó a la periodista a audiencia de imputación de cargos para el próximo 18 de noviembre. Se trata de Diana Marcela Díaz Soto, una de las personas que denunció que el entonces gerente de la RTVC, Juan Pablo Bieri, estaba censurando el programa los Puros Criollos y quería sacar del programa a Santiago Rivas.
La Fiscalía acusa a la comunicadora de de utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Esto por aparentemente violar la cláusula de confidencialidad de su contrato. La investigación refiere a la publicación de un audio en el que se escucha a Bieri decir que Rivas no seguiría trabajando durante su gerencia al tiempo que hablaba de una estrategia para acabar con su programa.
Esta no es la única decisión de la Fiscalía, pues al respecto de la publicación que se hizo con la denuncia en la Fundación para la Libertad de Prensa, también requirió el registro de visitantes para establecer que la periodista estuvo en las instalaciones.
En este mismo requerimiento, la Fiscalía pide una copia del audio publicado en enero de 2019.
Las reacciones no se han hecho esperar. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch apuntó que la imputación "es un grave error y contraría estándares internacionales sobre protección de denunciantes (“whistleblowers”)".
Fiscal Barbosa:
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 18, 2020
Esta imputación es un grave error y contraría estándares internacionales sobre protección de denunciantes (“whistleblowers”)@CIDH ha señalado que los whistleblowers no deben sufrir acciones legales cuando de buena fe dan a conocer irregularidades. @FiscaliaCol https://t.co/EqxDrAyKwz
Yolanda Ruiz, directora de Noticia de RCN Radio afirmó que "si se conoce una irregularidad, un caso de censura, un delito ¿mejor callarse?".
Una periodista denuncia un caso de censura. El censurador denuncia a la periodista y la Fiscalía cita a la periodista a imputación de cargos por violar información reservada. La idea entonces es: si se conoce una irregularidad, un caso de censura, un delito ¿mejor callarse?
— YolandaRuizCeballos (@YolandaRuizCe) October 19, 2020
La FLIP comunicó en una carta abierta que "El Estado está en la obligación de proteger a los funcionarios y ciudadanos que denuncien de buena fe actos de corrupción". Y añadió que no hay registro de medidas en las que se les obligue a violar la reserva de fuente.
Imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades es actuar contrario a estándares internacionales sobre protección de denunciantes.
— FLIP (@FLIP_org) October 19, 2020
El Estado está en la obligación de proteger a los funcionarios y ciudadanos que denuncien de buena fe actos de corrupción.