Uno de los pocos proyectos que ha avanzado en el Congreso de varios que se presentaron para reformar o darle continuidad a los decretos que dictó el Gobierno nacional al amparo de la Emergencia económica, social y ecológica para enfrentar la pandemia, es el que alargó hasta marzo del próximo año el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios.
Esta norma ya pasó a sanción presidencial gracias a que la Casa de Nariño le dio mensaje de urgencia, pero la mayoría de otras iniciativas están a la espera de primer debate y en algunos casos sin ponencia.
Por ejemplo, el proyecto de ley que presentó la bancada del Partido Farc el pasado 21 de julio con el fin de modificar y ampliar el Decreto 546 del 14 de abril de 2020, en el cual el presidente Duque adoptó medidas para sustituir la pena de prisión y de aseguramiento en establecimientos carcelarios por la domiciliaria debido al riesgo de contagio.
Esta iniciativa apenas comenzará su trámite este viernes en la Comisión Primera de la Cámara con una audiencia pública, extiende sus efectos hasta que sea superada la pandemia en Colombia y de esta manera favorecer a las poblaciones vulnerables que siguen tras las rejas, como personas que hayan cumplido 60 años de edad; madres gestante o con hijo menor de 3 años de edad; personas que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, entre otras.
Además busca favorecer a los excombatientes de Farc que están en las cárceles y que por distintas razones no han podido recuperar su libertad a pesar de que se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), población que fue excluida de los efectos del Decreto 546 de abril pasado.
En tanto que en la Comisión Primera del Senado está pendiente de ponencia para primer debate un proyecto que radicó la bancada del Partido Polo Democrático, también con el ánimo de extender a través de una ley los efectos del Decreto 546 sobre excarcelaciones para prevenir el contagio por Covid-19 en los centros penitenciarios y carcelarios.
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La iniciativa polista incluye, entre otros, dentro de la población beneficiaria de la medida a los sindicados que hayan cumplido el 50% del tiempo máximo (2 años) de medida de aseguramiento sin que se haya dictado sentencia.
También está pendiente de primer debate en la Comisión Tercera del Senado el proyecto por medio del cual se reforma el Decreto 444 de 2020, en lo que tiene que ver con el FOME, el fondo que creó el Gobierno para apalancar recursos en la pandemia destinados a fortalecer el sector salud así como para la reactivación económica del país.
Además elimina las operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero, la inversión en instrumentos de capital o deuda y la provisión directa para el financiamiento a empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional.
Precisamente por esta vía, el Gobierno tenía previsto extender un crédito a la aerolínea Avianca por US$370 millones, el cual fue frenado por una medida cautelar que concedió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Apoyo al campo
En la Comisión Quinta del Senado tiene ponencia para primer debate una iniciativa de la bancada de movimientos alternativos para reformar el Decreto 486 de 2020 sobre seguridad alimentaria.
Este Decreto del presidente Duque creó un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptaron otras medidas para garantizar, en la pandemia, el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.
Esta norma dejó abierta la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura generara un incentivo económico a aquellos trabajadores del campo mayores 70 años que tengan aislamiento obligatorio en el marco las causas que originaron la Emergencia.
Sin embargo, el proyecto de ley que reforma este Decreto establece que en el marco del Programa Ingreso Solidario, el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Prosperidad Social entregarán transferencias monetarias no condicionadas a título de Renta Básica a favor de los hogares rurales en situación de pobreza y vulnerabilidad por un periodo de cinco meses.