El proyecto de ley 010, iniciativa del Ministerio de Salud que plantea una reforma a este sistema, “profundiza un modelo que no garantiza el derecho a la salud”.
Así lo plantea Mario Hernández, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional, para quien “la pandemia mostró inequidades acumuladas de clase, etnia, género y territoriales, además de una gran concentración en la atención individual sobre la prevención. En ese sentido, proponer que el Estado se dedique a regular, puede ser dañino”.
El docente intervino durante el debate académico organizado por las universidades Nacional, de Antioquia y la del Valle para analizar la iniciativa legislativa, que ha sido secundada por más de 90 congresistas, indicó la Agencia de Noticias UN - Unimedios.
Según explicó, el proyecto plantea que las Empresa Promotoras de Salud (EPS) se transformen en Aseguradoras de Salud (AS). Actualmente, las EPS reciben un dinero al año por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en lo que se conoce como UPC o unidad de pago por capitación.
Al respecto, advierte que más del 92% de los recursos se deben destinar a servicios de salud, por lo que volverlos una prima de aseguramiento, por medio de una AS, es inconstitucional e iría en contra de la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria en Salud.
Sobre ese tema, Luis Jorge Hernández, coordinador del Área de Salud Pública de la Universidad de los Andes, subraya que “las AS recibirían una prima, como una aseguradora de un carro o de una vivienda, es decir, que asumirían un papel más profundo y se eliminaría la contención del Estado frente al mal uso de los recursos”.