los departamentos del Tolima y Caquetá y Boyacá sobre acudir a la consulta previa para que sean los ciudadanos los que autoricen o prohíban el desarrollo de proyectos de extracción mineral, ha causado preocupación en el sector industrial y entre los inversionistas nacionales y extranjeros.

El presidente de Mineros S.A., Andrés Restrepo, advirtió que la gente no está informada acerca de lo que es la minería y que en esta medida podría no saber por lo que está votando.

“Lo primero es que lo que tiene la gente en la mente acerca de lo que es la actividad minera, no lo es. Cuando el 85% del oro que se produce en el país, se hace de manera ilegal, informal o criminal, eso es lo que la gente piensa acerca de lo que es la minería. Pero la minería no es eso, se puede hacer de manera sostenible, respetando el medio ambiente, dejando las zonas en las que se trabaja mejor de lo que se encontraron”, sostuvo Restrepo.

El directivo señaló que “entonces, hacer una consulta cuando la gente no entiende qué es lo que le están preguntando, es muy complicado. Primero la gente debe entender qué es la minería formal”.

Así mismo, Restrepo  explicó que de votar por la no extracción de la minería, se estaría votando por el sí a la minería ilegal. “Lo segundo es que si se toma la decisión de prohibir la actividad minera formal, está abriendo las puertas para la minería ilegal, entonces la gente pactando contra la minería formal, está haciendo mucho más daño que bien”.

Con o sin permiso

Indicó que mientras que Colombia sea un país pobre, no va a dejar de extraer mineral, con o sin permiso. “Porque lo que termina sucediendo es que las personas pobres, igual van a seguir haciendo su actividad y lo hacen sin sacar una licencia,  sin realizar una recuperación del suelo en el que trabajan. Entonces, no se logra lo que la gente quisiera”.

No obstante expresó que “si la gente que vota no a la minería, lo hace porque quiere proteger el medio ambiente, tiene que votar sí a la minería formal para proteger el medio ambiente, porque el medio ambiente no se protege prohibiendo la minería formal, y un país tan pobre como Colombia es incapaz de prohibir la minería ilegal y el mejor antídoto para esto es la minería formal”.

Visión científica

De otro lado, el director del Ideam, Ómar Franco, aseguró que su recomendación es que “cada una de estas actividades se desarrolle con base en información técnica y científica y que realmente se puedan soportar desde esa perspectiva”.

De igual manera, afirmó que es completamente válido que la comunidad opine. “Desde luego, la comunidad tiene el derecho de participar, de poder intervenir y discutir, pero ojalá que eso sea con base en información científica, intentando reducir al máximo la incertidumbre de proyectos que tengan una perspectiva de afectación”.

Francos sostuvo que “más allá de entrar en debate, entiendo que la comunidad tiene todo el derecho de opinar y de debatir pero así como las empresas tienen que demostrar técnica y científicamente, las comunidades también”.

No obstante, el presidente de la ACP, Francisco Lloreda, afirmó que aunque sobre el suelo deciden los territorios, sobre el subsuelo decide la Nación. “Yo creo que es fundamental entender dos cosas y es que las regiones tienen competencia sobre funciones del suelo, pero la competencia para las funciones del subsuelo las tiene la Nación. Esto está en la Constitución colombiana. Por eso me parece que el mecanismo para opinar o no sobre qué ocurre con esto, la competencia la tiene la Nación, sin prejuicio de escuchar a las entidades locales pero lo que no puede terminar ocurriendo es que en el país se deje realizar actividades fundamentales para el mismo básicamente porque hay opiniones respetables de algunos que no responden a toda la voz de la Nación”.

Por otra parte, Lloreda puntualizó en que está comprobado que se puede hacer minería de manera sana y con responsabilidad, así como que los 100 años de experiencia en la extracción petrolera son la experiencia que lo prueba. “Entonces, es fundamental armonizar el uso del suelo y del subsuelo, y eso está inventado, solo que infortunadamente ha hecho carrera que la actividad extractiva es profundamente dañina. En Colombia llevamos casi 100 años de actividad petrolera y nos hemos dado cuenta que es factible hacer las cosas bien, con responsabilidad y es fundamental que hablemos con verdad y no con tanta desinformación que existe”.

Ibagué

Sin embargo, del otro lado de la barrera está el alcalde de Ibagué, Luis Alfonso Jaramillo, promotor de la consulta minera en la capital del Tolima. Afirmó que “nosotros tenemos como Plan de Desarrollo el ordenar la base del territorio sobre la base del agua. Tenemos 4 pilares fundamentales: agua, cultura ciudadana,  seguridad integral y paz. Al ordenar el territorio sobre el agua, buscamos que Ibagué sea una ciudad verde, productiva, incluyente y en paz. Dicho así, no podemos pretender que por medio de la megaminería hacia el río Cocorá y el Combeima, fuente principal que nos da el agua potable y fuera de eso nos da el agua para el riego. El Cocorá va a ser la despensa para nuestro acueducto complementario y no podemos permitir que la minería que usa cianuro y que produce una contaminación muy grande, además que tiene un riesgo alto, se presente en el lugar”.

Contravía

De esta manera, expresó que “esto va en contravía de lo que siempre ha sido este municipio. Nosotros tenemos una tendencia agropecuaria donde el 97% de su territorio es agrícola y donde a través de la agroindustria y la explotación agropecuaria, hemos podido mantener un desarrollo adecuado en pleno centro del país”.

Agregó que “entonces, ante una situación como esta, una amenaza le corresponde al mandatario, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que en caso de un  proyecto minero o turístico o de otro tipo que ponga en riesgo lo que es la actividad económica y agropecuaria de la ciudad, el mandatario se verá obligado a citar una consulta popular, y esto es lo que está pasando”.

De otro lado, dijo que las consecuencias ya se han palpado en lugares como La Guajira. “Las repercusiones ya se han visto, como en el caso de La Guajira, y nosotros no queremos ver ese problema para nuestra economía, de nuestra agua potable, de nuestro desarrollo dentro del marco de una ciudad sostenible que desea ser saludable, incluyente y que tiene la posibilidad clara de ser verde, saludable, incluyente y en paz”, sostuvo Jaramillo.

Sin embargo, dijo que la decisión que iban a tomar, se refería a que es más importante el medio ambiente que la minería. “Esa es la decisión que vamos a tomar. Nosotros podemos, por medio de todos los fallos que ha tenido la Corte Constitucional, especialmente cuando declaró la inhabilidad del artículo 37 dl Código Minero y ahora nosotros podemos decidir porque es muy claro que los gobiernos locales deciden sobre el territorio, deciden sobre el suelo, y eso es lo que vamos a hacer, decir qué es lo que queremos en nuestro suelo porque esa es la consigna de la Constitución”.

Rechazo

Así mismo, aseguró que  “sobre el subsuelo decide la nación, pero para pasar al subsuelo, es necesario pasar sobre el suelo, entonces tienen que atendernos a nosotros y nuestras inquietudes, y nosotros no queremos minería a cielo abierto aquí”.

Frente a lo que sucedería de ganar el no a la minería en Ibagué, dijo que “inmediatamente con ese mandato, vamos al Concejo para que ellos reglamenten esa consigna popular y de esa manera, cualquier proyecto que se presente hacia el futuro, tendrá la posibilidad de ser escrutado muy detenidamente por parte de la opinión pública y ya no podrán ni los gobernantes ni el Concejo decidir sobre algo que ya decidió el pueblo porque sobre ellos recae la soberanía”.

Mientras que, particularmente hablando de la consulta, expresó que “la consulta tiene que sacar un umbral de 130 mil votos, y sobre esos resultados queda claro que se impone la consulta popular, participa la comunidad, y eso es un mandato soberano que no puede ser violado por un mandatario o del Concejo. Al refrendar este mandato con un acuerdo, el Concejo queda definido en que no podrá haber explotación de minería a cielo abierto en la ciudad”.

Cajamarca

Frente a lo anterior, el Tolima sería el primer departamento de Colombia en realizarse en menos de cinco años, tres consultas populares en contra de proyectos mineros.

“Esta es una decisión trascendental e histórica porque el Concejo apoyó la iniciativa de la ciudadanía, respaldada con la firma de 3.350 cajamarcunos que solicitan que se decida por la vía democrática la conveniencia de realizar un proyecto minero en el municipio”, así lo aseguró el presidente de la corporación, Camilo Andrés Padilla, del Polo Democrático, quien votó a favor de realizarse la consulta popular minera.

El concejal del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Moisés Delgado quien también hizo parte de los 8 votos a favor que aprobaron la consulta afirmó que “gracias a Dios hay concejales que apoyamos la decisión y le estamos dando la oportunidad al pueblo de que decida sobre los temas mineros”.

Añadió que “estos proyectos traen consecuencias negativas como la contaminación de las aguas, el medio ambiente, todo eso se podría ver afectado en un futuro. Estamos pensando en el futuro de nuestros hijos y nietos”.

Boyacá

En la misma situación se encuentra el municipio de Gachantivá (Boyacá), siendo el primer municipio de este departamento que se le midió a utilizar un mecanismo de participación ciudadana para frenar proyectos mineros y sus efectos ambientales, fracasó en el intento.

La iniciativa fue planteada por el Alcalde, quien ‘echó mano’ de una reciente sentencia de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 37 de la Ley 685 del 2001 del Código Minero, en el que se establecía que ni alcaldes ni concejos podían crear en sus municipios zonas que quedaran permanentemente excluidas de la minería. “Así que la Corte dio vía libre para que los municipios pudiesen tener autonomía territorial y dijo que podían entrar a regular los usos de suelo y subsuelo de su territorio”, dijo el magistrado Luis E. Arciniegas.

Eso significa que las administraciones ahora pueden recurrir a consultas populares y reformas de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para restringir la actividad minera que antes era solo facultad de los entes nacionales.

Y precisamente eso fue lo que hizo el alcalde de Gachantivá, Jorge Edicson Saavedra, quien retomó la propuesta de su antecesor y decidió convocar a una consulta popular. Para ello formuló una pregunta que debían responder los pobladores solo con un ‘Sí’ o un ‘No’.

Caquetá

Mientras que Carlos Humberto Mora, quien también es concejal del municipio de El Doncello, Caquetá, solicitó a la Registraduría que convoque a los doncellenses para que se pronuncien si están o no de acuerdo con que en el municipio se ejecuten proyectos y actividades de exploración sísmica, perforación petrolera, producción y transporte de hidrocarburos.

El Gobierno nacional autorizó licencias ambientales en esta población para que una empresa petrolera realice exploración sísmica, lo que motivó a la alcaldesa de esta localidad a emitir una carta al señor Presidente de la República para que dentro de sus potestades constitucionales y legales convoque una Consulta Popular.

Así mismo, Sandra Milena Lozada Floriano, alcaldesa de El Doncello, solicitó oficialmente al presidente Juan Manuel Santos, la convocatoria a consulta popular para que el pueblo decida si quiere o no la intervención petrolera en su jurisdicción.

En un documento con fecha 24 de mayo de 2016, la mandataria le dice al Presidente que después de estar en numerosos escenarios con la población, “los doncellences de manera mayoritaria manifiestan su profundo inconformismo sobre la posibilidad de que en el municipio de El Doncello se adelanten proyectos de hidrocarburos, hidroeléctricas y megaminería”.