Ponencia positiva recibió para su primer debate en la Comisión Quinta del Senado el proyecto de ley por medio de la cual se crea el mecanismo de la concertación minera y de hidrocarburos, que permitiría llegar a acuerdos entre las autoridades nacionales y locales sobre la delimitación y declaración de las zonas en las que se habilite la realización de actividades extractivas.

Cada vez son más las tensiones entre las autoridades nacionales y los gobiernos locales por la minería, pues si bien el Estado puede disponer del subsuelo, los alcaldes en representación de la comunidad están facultados para decidir sobre el territorio.

Se trata del proyecto de ley número 62 de 2016 que hace parte del paquete legislativo ambiental para la tercera legislatura que presentó el Partido Alianza Verde, en el caso de esta iniciativa es autoría de la senadora Claudia López y la representante a la Cámara Angélica Lozano.

Añadieron que según el Environmental Justice Atlas, Colombia es el segundo país en el ranquin mundial de conflictos socio-ambientales. “Cada vez son mayores los conflictos por acceso a los recursos naturales a lo largo del territorio nacional ocasionados por diversas causas, como la imposición unilateral de una actividad productiva, la autorización de exploración y de explotación minera no concertada con las autoridades locales, conflictos por el uso de la tierra, conflictos con la industria, problemas con la gestión del agua, construcción de infraestructura, entre otras actividades que resultan incompatibles con el uso sostenible de territorio y la conservación de la biodiversidad”.

Indican Lozano y López  que en el país se están presentando tensiones en materia de minería y de hidrocarburos porque, por un lado, están los principios constitucionales y por el otro, los vacíos jurídicos frente a la forma de dirimir los conflictos cuando se cruzan las competencias de las autoridades municipales y las que tienen las entidades del orden nacional.

El proyecto

La iniciativa de ley del Partido Alianza Verde tiene tres artículos, el primero de los cuales propone la consagración del principio de la concertación  minera entre las autoridades nacionales y municipales para que lleguen a un acuerdo en la autorización de actividades de exploración y explotación minera en su jurisdicción.

En ese propósito indica el proyecto de ley que la “Autoridad Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía concertarán con el alcalde municipal o distrital la delimitación y declaración de las zonas en que se habilita la realización de actividades de exploración y explotación minera, y exploración y explotación de hidrocarburos en el municipio o distrito. En todos los casos la concertación será obligatoria”.

En lo que tiene que ver con las instancias de concertación, la iniciativa establece que antes de que el burgomaestre municipal o distrital presenta al Concejo el Plan de Desarrollo, la Autoridad Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos o el Ministerio de Minas y Energía, según el caso, enviará la información geológica-minera disponible del municipio y la propuesta de áreas destinadas a la exploración minero-energética a la autoridad ambiental para que ésta defina las zonas de exclusión minera y de hidrocarburos.