• Pronósticos de crecimiento siguen a la baja
• El impacto de Ley de Garantías Electorales

Si bien es cierto que no es ninguna sorpresa que los entes financieros multilaterales y otras entidades regionales y globales en materia económica continúen prendiendo las alarmas sobre la situación colombiana, los campanazos en torno a cómo cerrara este año son cada vez más preocupantes.

La última alerta la dio el Fondo Monetario Internacional (FMI), según el cual la perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia (PIB) para 2017 es apenas de 1,7 por ciento. No hay que olvidar que se trata de un cálculo a la baja -el cuarto este año- toda vez que meses atrás pronosticaba que a diciembre la economía de nuestro país podría cerrar alrededor del 2,6 por ciento. De acuerdo con el Fondo, la revisión a la baja se presenta porque Colombia está “en medio de un ajuste continuo debido a menores ingresos”.

Ya otros organismos como el Banco Mundial y la Cepal así como -a nivel interno- el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y distintos centros de análisis económico del sector privado habían recalculado sus proyecciones de crecimiento para 2017, todos a la baja, con indicadores que van desde 1,5 por ciento a 1,8 por ciento. Son proyecciones realistas, toda vez que en el primer semestre la economía creció a un promedio de 1,2 por ciento y por más que algunos sectores estén demostrando síntomas de recuperación, será muy difícil que el repunte en la segunda mitad del año ayude a poner el PIB a diciembre por encima del 2 por ciento.

En ese orden de ideas, la proyección del FMI en torno a que en 2018 nuestra economía podría crecer al 2,8 por ciento es un pronóstico muy optimista, toda vez que los precios del petróleo no han tenido la espiral de recuperación que se requiere para reactivar el aparato productivo y equilibrar las finanzas oficiales. La balanza comercial mejora pero el desempleo y el menor dinamismo empresarial son evidentes, por más que se espere que el comercio y la construcción repunten a finales de este año.

Todavía no se ha dado a conocer el resultado del tercer trimestre, pero los cálculos más optimistas señalan que el PIB para el periodo julio-septiembre podría haberse ubicado en el 1,5 o 1,6 por ciento en el mejor de los casos. A ello se suma que los gremios de la producción advirtieron semanas atrás que la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales a partir de la segunda semana de noviembre, que se extenderá casi hasta mitad del próximo año por cuenta de los comicios parlamentarios y presidenciales, podría impactar el ritmo de las obras civiles y de infraestructura, que son un sector jalonador de primera línea.

El panorama es preocupante. Ojalá que no se caiga de nuevo en el sofisma de tratar de disfrazar la descolgada económica con el argumento siempre controvertible de que Colombia crece menos del 2 por cierto, pero ese guarismo es superior al promedio de Latinoamérica y el Caribe. No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que esas comparaciones son inanes, puesto que así como hay naciones que históricamente han tenido un desempeño económico por debajo del colombiano, otras llevan tiempo superándonos de lejos, pese a que años atrás estaban en el mismo vagón medio del tren regional productivo.

No se trata, en modo alguno, de caer en el alarmismo gratuito. Es evidente que hay sectores de la economía local que están demostrando un dinamismo superlativo y otros evolucionan de manera lenta pero sostenida. Sin embargo, hay que ser realistas: la economía no va a dar en el corto lapso ese salto de calidad que todos esperan. Los análisis nacionales e internacionales recalcan a cada tanto que el escenario global no da para lanzar las campanas al vuelo.

La herencia económica para el próximo gobierno que no será fácil de administrar. Los distintos planes de choque puestos en marcha en los últimos dos años han dado resultados regulares por circunstancias tanto locales como exógenas. Es un escenario que quienes piensan competir por la jefatura de Estado el próximo año deben empezar a analizar con detenimiento. El sector privado y el país en general están atentos a las propuestas de cada presidenciable para empezar a determinar si tienen el nivel de eficacia que se requiere para reactivar el sistema productivo o, al menos, llevar el país a crecer mucho más allá de un magro 3 por ciento.

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