La propuesta de prorrogar el período de los actuales gobernadores, alcaldes, diputados y concejales con el fin de unificar el calendario electoral también fue planteada por el gobierno anterior y no tuvo éxito, entre otras razones, por el rechazo que suscita en la opinión pública. La verdad es que una decisión de esas características afecta sensiblemente la noción de soberanía y la libertad del elector, que son elementos esenciales en la definición de un Estado Constitucional. La Constitución no prevé ni la reducción ni la ampliación del período constitucional de los funcionarios elegidos popularmente porque esos servidores están sometidos a un período fijo, a diferencia de lo que ocurre en el régimen parlamentario en el que los períodos son flexibles.

Como dice la sentencia C – 551 de 2003 de la Corte Constitucional, votar por un acto legislativo que autorice esa prórroga no implica hacerlo por una norma general y abstracta, que es elemento central en las reglas jurídicas, en este caso de las constitucionales. Se trata de una decisión de tipo singular porque está destinada de manera específica a prolongarles el período a unos funcionarios con nombre propio. Lo que hay que buscar es mecanismo que permita la progresiva unificación del calendario electoral.

Los argumentos que se invocan para justificar esa iniciativa son muy discutibles. Por ejemplo, que es necesario ajustar los planes de Desarrollo en los municipios y departamentos para armonizarlos con el Plan de Desarrollo del nuevo gobierno. Esos planes contienen diagnósticos muy locales y regionales cuyo fin es sustentar los presupuestos de las entidades territoriales que, en muchos casos, no coinciden. De pronto lo que habría que ajustar es el impulso de los proyectos que promueve la Nación y la cuantificación de sus objetivos.

Lo otro que se dice es que la unificación de los períodos permite disminuir costos, al ahorrarse el tener que elegir por separado esas autoridades. En ese debate hay que establecer que contribuye más al fortalecimiento de los valores del sistema democrático que nos rige. Las elecciones separadas tienen sentido y  explicación histórica: se ha buscado que las elecciones del Congreso y del presidente de la República no arrastren la elección de los funcionarios regionales porque tienen motivaciones distintas. Es lo que se conocía como elecciones de mitaca hasta antes de la Constitución de 1991.

Por otro lado, argumentos como que hay fatiga en los electores porque los certámenes electorales son muy seguidos, no son  muy de recibo. Lo preferible sería, en lugar de prorrogar períodos, es que se amplíe en cada nueva elección un tiempo corto hasta que termine unificándose el calendario electoral, y no por un espacio tan prolongado como el que se propone porque ello equivaldría a vulnerar la voluntad del elector y afectaría la autonomía del mismo.

Un proyecto de las características mencionadas además de inconveniente, puede tener tropiezos de constitucionalidad. En Colombia hay es que profundizar la democracia depurando sus mecanismos de expresión de prácticas que han deslegitimado los órganos de representación popular.