* La génesis del plebiscito de mañana
* A urnas entre temores y expectativas
¿Quiere usted una nueva Constitución? ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Esas son las dos preguntas que este domingo más de 14 millones de chilenos están citados a responder en las urnas. La definición de ese proceso constituyente inició un año atrás, en medio de un panorama disímil marcado, de un lado, por la más grande marcha popular (un millón de personas en Plaza Italia de Santiago) desde que acabó la dictadura en 1990; y, de otro, por los mayores desórdenes y protestas violentas de las últimas dos décadas.
Esa explosión de insatisfacción social dio lugar a una reflexión inmediata en torno a cuál era su origen. La mayoría de los diagnósticos inmediatos coincidió en que si bien Chile ha sido durante este siglo un ejemplo de progreso económico y aumento del PIB per cápita, llegando a estar entre los más altos de la región, también registraba un profundo índice de desigualdad y exclusión social. Sin embargo, análisis con perspectivas más profundas señalaron que la génesis de la crisis era, precisamente, efecto del repunte socio-económico, en la medida en que esa segunda generación pos-caída de la dictadura militar tenía expectativas de educación, calidad de vida, empleo y sensación de progreso más altas que las de sus padres y abuelos. No en vano, han sido los jóvenes de entre 20 y 30 años el motor de las movilizaciones y las protestas. Jóvenes que han estudiado e iniciado su vida laboral al amparo de una alternación gubernamental entre centro-izquierda y centro-derecha en lo corrido de esta centuria.
Sea como sea, lo cierto es que tanto el Congreso como el gobierno del presidente Sebastián Piñera entendieron rápidamente que era necesario darle un escenario de salida a esa presión por el cambio que se expresaba en las calles (pacífica y violentamente) y en cuestión de semanas lograron un acuerdo multipartidista en el Legislativo para citar a un plebiscito que abriera paso a modificar la Constitución.
Las razones de la necesidad de ese ajuste han sido tan múltiples como debatidas en los últimos meses. Están quienes consideran que la arquitectura de la Carta es la que está impidiendo que la plusvalía económica tenga un mejor índice de redistribución del ingreso y la riqueza. Igual hay analistas que sostienen que la máxima norma debe reinventarse ya que fue creada bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet y si bien permitió el avance del país en muchos aspectos (incluido el de la alternancia pacífica y democrática de poder entre Piñera y la líder de izquierda Michelle Bachelet, cada uno con dos periodos presidenciales), ya no responde a la psiquis política, económica, social ni institucional de la mayoría de los chilenos contemporáneos. Tampoco falta el que recalca que, en realidad, el problema no es el orden constitucional ni la necesidad de borrar cualquier rastro de los regímenes de facto, sino que lo que existe en el fondo es una ola creciente de insatisfacción social mayoritaria con la dirigencia política de tres décadas, sin importar el sino ideológico ni programático…
Más allá de cuál sea la razón de fondo que mueve este anhelo de ajuste constitucional vía plebiscito (inicialmente programado para abril pero aplazado por la pandemia que ya deja medio millón de contagios y más de 13 mil fallecidos en la nación austral), lo cierto es que el debate entre los partidarios del “Apruebo” y el “Rechazo” no ha sido tanto sobre la necesidad del cambio, sino porque los primeros defienden que la reforma debe ser a fondo y dar luz a un nuevo país, en tanto que los segundos sostienen que las urgentes modificaciones socioeconómicas se pueden hacer vía legal o incluso constitucional pero sin borrar de un tajo la norma de normas.
Las encuestas evidencian que las mayorías están por avanzar hacia una nueva Carta Fundamental, aunque hay temor por la forma en que la pandemia ahonde hoy los ya de por sí altos índices de abstención, que superan el 50%. A su turno, hay notable nerviosismo en torno a cuál será el alcance de la reforma y si ello implicará, como lo quiere la izquierda radical, un viraje hasta del modelo político. Dado los estragos y el fracaso del “Socialismo del Siglo XXI” en Latinoamérica, la prevención en muchos sectores es comprensible, aunque la centro-izquierda niega que ese sea el objetivo. Los mercados e inversionistas están cautelosos porque si bien califican de natural el proceso constituyente esperan que no desemboque en un salto al vacío político, económico, social ni institucional, que dé al traste con el desarrollo chileno, más aún en pleno momento de reactivación pospandemia en un país que este año verá su PIB caer en más del 6%.
Al final de cuentas, lo fundamental es que la modernización de la arquitectura constitucional sea ordenada, atada cual más al sistema democrático y la preeminencia del Estado de Derecho, con nuevas herramientas de inclusión social real y, sobre todo, enfocada a responder a las expectativas de todo el país. Un proceso constituyente, ya sea vía Congreso o asamblea extraordinaria mixta, que deje grandes bloques de ganadores y vencidos, que profundice la polarización, incentive la violencia o que saque al país de la senda del desarrollo, estabilidad y el progreso, sería suicida.