Inicialmente el referéndum se había programado para llevarse a cabo el 26 de abril de este año. Sin embargo, la embestida extraordinaria del Covid-19 hizo necesario correr la fecha. Este domingo la población chilena tendrá la oportunidad de decidir si emprende el proceso para una nueva Constitución política del país o si se abstiene de ello.
La Constitución vigente es producto de la dictadura militar de Pinochet, quien como se recuerda, estuvo al frente del Ejecutivo en Santiago de 1973 a 1990. La actual constitución data de 1980 y aunque Pinochet perdió el plebiscito del 5 de octubre de 1988 -“corriendo solo y llegando segundo”- la actual norma constitucional fue aceptada por los partidos de la oposición a la dictadura militar, a partir de las victorias de dichas agrupaciones desde 1990.
La evidencia parece indiscutible: la sociedad chilena se estaría encaminando a tener una nueva normativa legal general para el país. Dejar atrás la actual Constitución se traduciría en un esfuerzo por renovar el marco jurídico reconociendo cambios y necesidades en una sociedad latinoamericana del Siglo XXI.
Una sociedad que, si bien en cierto ha acrecentado notablemente su producción, productividad y competitividad, aún sigue manteniendo una significativa dependencia de la exportación de cobre, además de mantener cifras muy altas de inequidad. Se trata de una nación que notablemente ha logrado superar condiciones de pobreza, pero que debe mejorar mecanismos de inclusión social a partir de un necesario reforzamiento institucional incluyente, tanto en lo económico como en lo político.
De manera que se trata de que promover mecanismos legales como medios para favorecer la generación permanente de legitimidad política. Esa legitimidad que se fortalece más allá de las legalidades -votaciones limpias y libres- para ubicarse en la rendición de resultados, en propiciar aumentos en las capacidades de las personas, así como del incremento de sus oportunidades. Esto último, en lo fundamental, por la vía expansiva del empleo productivo y de emprendimientos empresariales generalizados.
En la actualidad, la Constitución política de Chile estaría actuando como camisa de fuerza. Sería un mecanismo obsoleto, luego de que a partir de la misma se implementaron las políticas neoclásicas o neoliberales en la conducción del Estado.
En general, esa conducción estatal pinochetista se basó en disminución de impuestos para grandes corporaciones esperando que ocurriera el “efecto derrame”, desregulaciones; se dejó en general, que los mecanismos de mercado asignaran recursos y determinaran precios. Ello hizo posible el crecimiento económico y la superación de determinados niveles de pobreza e indigencia, pero mostró también vulnerabilidades: (i) aumento de inequidad; (ii) cuentas nacionales dependientes de bienes de poco valor agregado; (iii) luego de un tiempo relativamente prolongado, hubo freno a las posibilidades de movilidad social.
Desde luego que, guardando las enormes distancias y peligrosas generalizaciones, Chile no deja de ser un país en el cual la oferta exportadora enfatizó las materias primas y a cambio de ello -con base en la apertura comercial externa- se debe importar alimentos y bienes que son producto de complejos procesos de producción.
De nuevo aquí se evidenciaría la tendencia a la baja en los términos de intercambio. Lo que se reconoce como el teorema Singer-Prebisch: cada vez los países emergentes o en desarrollo tienden a comprar bienes más sofisticados y por ello más caros, y a vender productos cuyos precios decaen a lo largo de grandes series de tiempo.
Por supuesto que hay períodos de excepción, en los cuales las materias primas han tenido altos precios en lo internacional. Esos serían los años que transcurrieron de 1875 a 1914; del período de repunte de precios de materias primas luego de la II Guerra Mundial; y últimamente durante los años de 2003 a 2014.
En términos políticos, esta oportunidad que posibilita emprender el camino por una nueva Constitución nacional fue producto de las protestas en Chile, luego de un mes de movilizaciones populares. Definir este plebiscito que posibilitaría una nueva Carta Magna, emergió como un acuerdo al que llegaron los partidos políticos al ver cómo las fuerzas militares y de policías contenían y reprimían a manifestantes que perseveraron -desde octubre de 2019- en demostrar su poder de convocatoria en las calles de las ciudades chilenas.
Esta habría sido la salida política que los partidos -como instancias de intermediación social- habrían definido ante las protestas. Al parecer fueron conscientes que los mecanismos políticos debían ampliarse. Esto también tuvo la anuencia del mandatario Sebastián Piñera (1949 - ). Con estas disposiciones se intentaba detener al auge de las protestas. Luego, para inicios de este año, la presencia de la pandemia completó la tarea de contención.
Los puntos más relevantes de las protestas de hace un año en Chile se pueden resumir en los siguientes aspectos: (i) revertir la desregulación y privatización de los servicios públicos; (ii) promover mayor equidad social en el país, asumiendo la equidad como el trato justo de las diferencias; (iii) educación gratuita y de calidad; y (iv) generar mayores oportunidades para sectores vulnerables.
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Desde 1990 Chile se dio la oportunidad de nuevos actores políticos para la conducción del país. Los retos ahora son cómo mejorar un sistema social en pro de la inclusión de amplios sectores, de lograr sostenibilidad económica, menor dependencia externa y aumentadas oportunidades para sectores recurrentemente marginados.
*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario
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