Aunque la Constitución chilena ha tenido algunas enmiendas desde que el país volvió a la democracia, existe la opinión en varios sectores de que es ilegítima debido a sus orígenes durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Asimismo, sus críticos argumentan que su arquitectura normativa contribuye a la desigualdad de ingresos y la exclusión social, que fue precisamente el móvil de las protestas masivas de un año atrás.
Para varios analistas el principal problema radica en la gran importancia que la Carta asigna a los derechos de propiedad y al papel dominante que otorga al sector privado en la prestación de servicios como la educación, la atención médica y las pensiones. Si bien se ha intentado reformar estos cánones, los partidos, gobiernos y congresos de turno, tanto de derecha como izquierda, no han avanzado sustancialmente en esa dirección.
En la otra orilla se ubican los sectores que consideran que la Constitución actual, con su énfasis a favor de las empresas y la priorización de los derechos de propiedad, ha sido clave para el crecimiento económico y la estabilidad de Chile, que han traído una palpable plusvalía social y mejora progresiva en la calidad de vida. Otra cosa es que sea urgente profundizarla esos beneficios. No en vano, el país tiene el crédito mejor calificado de América Latina y según el Banco Mundial su economía ha sido una de las de más rápido crecimiento en la región durante años.
De allí que existen sectores que están especialmente preocupados de que se quiera reescribir la Constitución desde cero y desconocer los beneficios de la que está vigente.
No cabe duda de que las protestas de octubre del año pasado fueron el detonante para el plebiscito votado el pasado domingo, en el que la inmensa mayoría optó por aprobar que se proceda a que una instancia independiente (“convención constitucional”) elegida popularmente, con 155 delegados y con equidad de género, reforme la Carta en los próximos dos años.
Aunque la Constitución chilena ha tenido algunas enmiendas desde que el país volvió a la democracia, existe la opinión en varios sectores de que es ilegítima debido a sus orígenes durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
En ese sentido, la nueva Carta debería incluir las demandas sociales que se reclaman en las calles. Sin embargo, la gran pregunta es hasta dónde debe llegarse para cumplir ese cometido y la profundidad de los cambios requeridos. ¿Hasta qué punto la organización estatal podría pasar de un modelo liberal que privilegia el libre mercado y la iniciativa privada, a uno socialdemócrata que busque estatizar las empresas que ofrezcan servicios considerados de interés nacional? Ese uno de los grandes interrogantes que ayer, tras la jornada del domingo y con cabeza más fría, se hacían en Chile y toda la región.
Mucho en juego
A este respecto el constitucionalista colombiano Juan Manuel Charry, consultado por EL NUEVO SIGLO, afirma que “en todo proceso constitucional se producen negociaciones entre los bandos de la Asamblea y lo más probable es que se establezca un sistema intermedio” que posiblemente a largo plazo deje descontentos a todos.
Para Charry no cabe duda de que el resultado del plebiscito del domingo es razonable y simbólico considerando que la anterior Carta era considerada ilegitima por muchos sectores debido a su origen. La nueva Constitución claramente supondrá una modernización del Estado e incluirá un importante avance en el reconocimiento de derechos a la población y la instauración de mecanismos efectivos para su promoción y defensa.
Sin embargo el experto aclaró que la sociedad no se cambia a través de un texto constitucional y es escéptico frente a los cambios profundos que se consigan a corto plazo.
A este respecto el internacionalista chileno y profesor de la Universidad de La Sabana, Fernando Cvitanic, dijo a este Diario que si bien la nueva Carta sin duda incluirá importantes reivindicaciones a la población indígena, a los derechos de los ciudadanos y mejorará el acceso y calidad a servicios, como la salud y la educación, es completamente improbable que la Constitución modifique de manera sustancial el modelo económico o que el “fantasma del castrochavismo” permee la norma de normas en el país austral.
“En Chile hay una cultura cívica madura y consenso en que algunas cosas pueden cambiar y mejorar, sin que ello signifique que se quiera atentar contra la tradición republicana, lo que impediría llegar a acuerdos” dijo.
Asimismo afirmó que el casi 80% de la población que aprobó la modificación no es de una sola corriente política, por lo que el cambio es apoyado por partidarios de la derecha y la izquierda, que seguramente lograrán llegar a acuerdos intermedios y ecuánimes.
Charry, a su turno, asegura que algunos de los puntos en los que habrá acuerdo entre los integrantes de la constituyente chilena tendrán que ver con el reconocimiento de derechos y, sin duda, el sistema constitucional colombiano, modélico para el continente, será fuente de inspiración para el nuevo texto.
Aclara, sin embargo, que para que las normas allí contenidas tengan un efecto real en la sociedad no bastará con su promulgación, sino que luego todo dependerá de la calidad burocrática, la cultura cívica y los incentivos y legitimidad logradas. Solo así se garantizará que las reformas no se queden en letra muerta.
Para varios analistas el principal problema radica en la gran importancia que la Carta asigna a los derechos de propiedad y al papel dominante que otorga al sector privado en la prestación de servicios como la educación, la atención médica y las pensiones.
Proceso
Como se dijo, tras la aprobación del plebiscito quedó instaurado que la reforma deberá hacerla una "Convención Constitucional", de 155 ciudadanos de los distritos electorales establecidos para la escogencia de legisladores nacionales y en la que deberá haber paridad de género. Ahora el presidente Sebastián Piñera debe convocar una elección para elegir a sus miembros en abril del próximo año.
En ese momento los miembros de la convención empezarán a discutir los temas de modificación de la Carta, durante un lapso que, se calcula, será de dos años.
Los temas principales serán los derechos a la atención médica y la educación renglones que, en opinión de Cvitanic, seguramente serán nuevamente estatizados en alguna medida, aunque coincide con Charry en que los derechos a la propiedad y al manejo de la economía por un banco central no se pondrán en duda.
Otros analistas aseguran que temas como el fortalecimiento de órganos de control, mecanismos de participación y el reconocimiento de la diversidad, serán incluidos sin mayor desacuerdo. El acceso y el derecho al agua también generarán debates grandes en pos de alcanzar consensos.
Como ya se dijo, aunque el Estado posiblemente adquiera un modelo de organización intermedio entre el que favorece las políticas sociales y el que privilegia el libre mercado, no habrá decisiones tajantes que afecten el desarrollo económico conseguido. Aunque es posible que haya reivindicaciones sociales, estas no buscarán una igualdad social material absoluta que afecte la libertad económica y la libre competencia.
Aunque con algo de razón los grupos que rechazaban el cambio constitucional argumentaban que las arraigadas disparidades sociales no se resolverán mediante una reescritura de la Carta y calificaron a una nueva Constitución como "una ilusión que propone una solución mágica", el politólogo de la Universidad Mayor de Santiago, José Cabezas, coincidió en que hay una “brecha” entre lo que la gente cree que puede cambiar la Constitución y la realidad de lo que sucederá. Sin embargo, insistió en que la nueva Carta es un punto de inflexión significativo para que Chile finalmente cimente su transición a la democracia.
“Estamos construyendo una nueva base. No sabemos el tipo de casa que vamos a tener, pero será mejor”, dijo. “La percepción pública de la Constitución cambiará porque fuimos parte de ella. No está escrito por personas consideradas ilegítimas y hasta criminales” remató.
Por lo mismo, la promesa de una nueva Carta también ha ganado un fuerte apoyo de los grupos minoritarios, que la ven como la oportunidad de hacer frente a las injusticias históricas. También por los activistas por los derechos de las mujeres, que urgen protegerlos específicamente.
Sin embargo, las alertas de los sectores más conservadores siguen prendidas en torno a que la urgencia de reformas socio-económicas no termine por afectar el modelo político, económico, social e institucional chileno, que si bien no es perfecto y requiere ajustes y correctivos, siempre es mejor que dar el peligroso salto al vacío que significaría retroceder a un socialismo anacrónico y evidentemente fracasado.