En Chocó, guerrilla y Clan del Golfo combaten desde 2012 por controlar las rentas ilícitas de la minería criminal, así como del tráfico de cocaína, madera y armas
Muy pocas lágrimas se derramarán en el Chocó por la muerte del jefe guerrillero Andrés Felipe Vanegas, alias ‘Uriel’, entre otras cosas porque la presencia del grupo armado organizado (GAO) al que perteneció en vida significó que a ese departamento, como a otras regiones del país en similares circunstancias, nunca llegara la paz.
Se dice que ‘Uriel’ fue mano derecha del venezolano Ogli Ángel Padilla, alias ‘Fabián’, ‘Rosemberg’ o ‘Sandino’, comandante del Frente de Guerra Occidental del Eln, a su vez muy cercano a Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, miembro del Comité Central (COCE) del grupo guerrillero, opuestos todos ellos a las conversaciones que adelantó la organización ilegal, primero en Ecuador y luego en Cuba.
Según fuentes oficiales, alias ‘Uriel’, muy activo en redes sociales (hay quien lo denominó el ‘youtuber del Eln’), había nacido en marzo de 1978, tenía estudios en Ingeniería Eléctrica y cédula expedida en Medellín.
Para Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), alias ‘Uriel’ vendría siendo el tercero al mando del Frente, siendo un “hombre radical que se oponía a negociaciones de paz”.
Chocó
Han sido constantes los reportes de diversas agencias, gubernamentales y no gubernamentales, sobre la crisis humanitaria que vive el Chocó por cuenta de la guerra que sostienen, desde 2012, este Frente y el Clan del Golfo, GAO que también se hace llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Se dice que ‘Uriel’ fue mano derecha del venezolano Ogli Ángel Padilla, alias ‘Fabián’, ‘Rosemberg’ o ‘Sandino’, comandante del Frente de Guerra Occidental del Eln.
La situación se agravó este año por cuenta de la cuarentena, pues unos y otros, tanto en las zonas que dominan como en las que se disputan, impusieron bajo amenazas medidas más drásticas que las decretadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia.
Además, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en este periodo se registró un incremento de denuncias “por reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra niñas y adolescentes” por parte de los GAO y otras estructuras criminales.
En un reciente informe, OCHA dio cuenta que “desde el 25 de agosto las autoridades locales alertaron sobre el confinamiento de al menos 5.1392 personas (1.144 familias), pertenecientes a 10 comunidades afrocolombianas y 21 comunidades indígenas ubicadas en la zona norte del Alto Baudó. Esta emergencia se desencadena tras diversos hechos victimizantes como amenazas, homicidios y retenes ilegales contra la población civil perpetrados” por los GAO “que se disputan estos territorios”. Desde esa misma fecha “se observó el recrudecimiento de los hechos de violencia que culminaron en enfrentamientos entre los GAO el 1 de septiembre, cerca de las comunidades indígenas de Santa María de Condoto, Cristiano, Puerto Manzo, Ajidó y La Ensenada”.
“Por la continuidad de los enfrentamientos, el 2 de septiembre, al menos 136 personas (31 familias) de las comunidades de Puerto Manzo, Ajidó y La Ensenada se desplazaron masivamente hacia la comunidad de Santa María de Condoto. A estos eventos, se suma la activación de una mina antipersonal (MAP) cerca de las comunidades desplazadas que impactó en un animal. Recientemente, se conoció que las comunidades desplazadas y la comunidad receptora, quienes ahora se encuentran confinadas por la presencia activa de los GAO, están en riesgo de un segundo desplazamiento hacia el municipio de Nuquí”, anotó OCHA, que en junio señaló que en Chocó hay registro de “4.324 personas en situación de desplazamiento. Esto es, 66% más víctimas por este hecho comparado al mismo periodo en 2019 y 80% más frente al primer semestre del 2018”.
En síntesis, durante los primeros seis meses del año, según OCHA, en Chocó se han registrado 10.431 víctimas por confinamiento, 551 por restricciones al acceso humanitario y 1.355 por restricciones a la movilidad, para un total de 12.337 personas afectadas.
Por una parte, Chocó es de gran importancia para negocios ilegales, puesto que es un corredor natural fluvial para el tráfico de cocaína hacia la costa Pacífica, y de ahí a Centroamérica y Estados Unidos. En su afán de expansión, el Eln y el Clan del Golfo buscan manejar las rentas ilícitas de la minería criminal, así como del tráfico de cocaína, madera y armas. También está la lucrativa extorsión, aunque la Fiscalía calcula que los réditos mineros, principalmente de oro, superan los del tráfico de drogas.
Han sido constantes los reportes de diversas agencias, gubernamentales y no gubernamentales, sobre la crisis humanitaria que vive el Chocó por cuenta de la guerra que sostienen, desde 2012, este Frente y el Clan del Golfo.
Racismo
Pero según se lo dijeron habitantes de la región a los redactores de un informe para la Comisión de la Verdad, “la ley 70 de 1993, que garantiza derechos de propiedad colectiva a los pueblos negros, entre otros derechos, y el inicio de la puesta en marcha de esta en el Chocó coincide con los violentos procesos de despojo que marcan el inicio del horror y la barbarie a mediados de la década de los 90 del siglo XX”.
Se trata del informe ‘Impactos étnico-territoriales del conflicto en el Chocó’, presentado en noviembre del año pasado por la Comisión Interétnica de la Verdad, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó y Viva la Ciudadanía.
“Para las autoridades étnico-territoriales que participaron en la elaboración de este informe, aunque ya el país sabe que son pueblos negros e indígenas quienes mayoritariamente habitan en el Chocó, ‘aquí la paz nunca llegó’, puesto que ‘la guerra nunca se fue’, tampoco el racismo se marchó, más bien se alimentó con todos los procesos subsiguientes a la época donde las tierras chocoanas se consideraban ‘baldías’ y fáciles de aprovechar, porque ahí ‘no había gente’. Gente que incluso, mucho tiempo atrás, fue considerada ‘sin alma’, ‘inferiores’ por parte de los colonizadores, los esclavistas y la misma iglesia”, sostuvo el informe.
Este es el escenario en el que fue abatido uno de sus artífices, el victimario ‘Uriel’.
"Este es un golpe de suma importancia porque ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista", declaró el domingo el presidente Iván Duque en una alocución transmitida por redes sociales desde Chocó.
Duque también señaló que ‘Uriel’ era responsable del asesinato de líderes sociales, persecución y hostigamiento a poblaciones, asesinato de soldados y policías, y reclutamiento de jóvenes, y era "uno de los que se adjudicó" el atentado con coche-bomba llevado a cabo en enero de 2019 contra una escuela de cadetes en Bogotá, que dejó 22 víctimas, además del agresor. A raíz de ese ataque Duque levantó la mesa de diálogo con el Eln.
En síntesis, durante los primeros seis meses del año, según OCHA, en Chocó se han registrado 10.431 víctimas por confinamiento, 551 por restricciones al acceso humanitario y 1.355 por restricciones a la movilidad, para un total de 12.337 personas afectadas.
Con Duque estuvo el fiscal general Francisco Barbosa, quien precisó que alias ‘Uriel’ cayó durante un enfrentamiento con la Fuerza Pública en el selvático municipio de Nóvita, en el marco de la operación Odín, en la que participaron militares, policías y fiscales, ya que en su contra pesaba una orden de captura por los delitos de rebelión y terrorismo.
Golpe
A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que ‘Uriel’ “estaba señalado de liderar las ‘escuelas de colectivos’ para el accionar terrorista del Eln en las ciudades, así como del reclutamiento de jóvenes y la formación de células urbanas y redes clandestinas encargadas del entrenamiento en el uso de explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil”.
Mindefensa aseguró que con la neutralización de ‘Uriel’, “se contribuye significativamente a la reducción del reclutamiento forzado de menores de edad en las comunidades más vulnerables del Chocó, principalmente de las poblaciones indígenas” y se “fractura la línea de conexión” entre el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln.
Constantemente activo en redes sociales, ‘Uriel’ era una de las figuras más mediáticas del relevo generacional en el Eln, guerrilla dirigida por guerrilleros con edades que promedian los 68 años.
En entrevista con la AFP en junio de 2019, ‘Uriel’ aseguró que no estaba dispuesto a renunciar a los recursos que recibe su organización por la producción o tráfico de cocaína en sus zonas de influencia ni al uso de minas antipersona, o a los secuestros.
"Son tributos de guerra y como en cualquier otro espacio, cuando no se pagan los tributos, hay privación de la libertad para forzar ese pago", declaró entonces.
El cese de los secuestros y de toda actividad criminal es una de las condiciones impuestas por el Gobierno para volver a sentarse en la mesa de conversaciones con el GAO del Eln.