Perú no se ha caracterizado por tener lo que se pueda denominar como un régimen democrático apacible. El país ha tenido seis presidentes con problemas de corrupción, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Alberto Vizcarra, que son la demostración de que tener elecciones democráticas no es garantía para culminar la presidencia del país Inca.
A hoy, serían veintiún años de complejos episodios que han hecho que salgan por la puerta de atrás cinco exmandatarios de la Casa Pizarro.
Pero ¿Cómo puede una nación llegar a esta situación?
En la historia constitucional del vecino país, se han promulgado doce constituciones y en su quinta, la de 1839, se proclamó una figura conocida como la vacancia, que ha sido ratificada hasta la última Carta.
Esta figura supone varias condiciones, como la muerte del presidente, que el congreso le acepte su renuncia, salir del país sin su permiso o como dice textualmente: “su permanente incapacidad moral o física, declarada también por el propio Congreso”.
La vacancia podría ser entendida como un juicio político al primer mandatario, análoga a una moción de censura, pero que se puede denominar como un proceso de destitución en donde los 130 congresistas deciden y si superan los 87 votos el presidente debe irse. Puede ser aplicada varias veces, por distintos procesos y momentos, y por diferentes causas a lo largo de los cinco años que dura el periodo presidencial.
La vacancia
Una vez ganó las elecciones venciendo a Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y se enfrentó a dos procesos de vacancia por parte de un congreso de mayoría fujimorista ante lo que prefirió renunciar antes de que el congreso votara.
En ese momento ante actos duramente criticados como el indulto a Alberto Fujimori, los escándalos de Odebrecht en los que se vio involucrado y unos videos de compra de votos; asumió el poder su fórmula vicepresidencial Martín Vizcarra.
Desde su llegada en septiembre de 2019 la relación con el Congreso siempre fue tensa, pues intentó infructuosamente proponer una reforma para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y al no lograrlo, constitucionalmente disolvió el parlamento y convocó a elecciones para superar la crisis.
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Sin embargo este cuerpo colegiado se siguió fragmentando. Se presentaron veintiún partidos y diez de ellos, que consiguieron llegar al congreso, se convirtieron en los mayores enemigos del mandatario y en los directos responsables de su salida.
Proceso de Septiembre
Aplicando la figura, en septiembre pasado, se le incriminó al expresidente por tres audios, en donde, aparentemente, ordenó a sus subalternos mentir sobre un proceso de contratación por parte del Ministerio de cultura con un artista conocido como “Richard Swing” y quien en medio de la pandemia tuvo varios contratos de hasta 10.000 dólares. Tras la acusación de haber mentido al país Vizcarra logró salir bien librado de este proceso.
Pero las tensiones con el parlamento son de vieja data. Como se recordará el 4 de agosto este ente negó la conformación del gabinete del expresidente, en un momento en el que el congreso estaba más ocupado en bloquear el accionar del gobierno que, en buscar salidas para mitigar los impactos de la pandemia.
Tras esta victoria, el Congreso peruano aprobó la destitución de Vizcarra por las denuncias presentadas en su contra por haber recibido sobornos por un monto aproximado de unos 623.000 dólares de dos empresas que habían ganado el contrato de obras públicas cuando era gobernador en Moquegua entre 2011 y 2014.
Al conocerse la votación el ex mandatario declaró que qué era de esperar que un congreso, en donde hay 68 congresistas implicados en procesos judiciales y no han sido destituidos se planeara un “complot contra la democracia”.
La salida de Vizcarra deja una bruma de inestabilidad en el país considerando que consiguió unos altísimos índices de popularidad, en sus solamente 32 meses de gobierno, lo que ha generado una reacción inusitada por parte de los peruanos con marchas y cacerolazos, aludiendo que había sucedido un golpe de estado.
Tras el proceso se designó como jefe de Estado interino y ante la espera de nuevas elecciones presidenciales en marzo de 2021, al presidente del congreso y miembro del partido opositor de Vizcarra, Manuel Merino. Quien fue elegido por tan solo 5.271 votos en el departamento de Tumbes en las elecciones extraordinarias de enero pasado.
Merino, que está siendo investigado por corrupción y tráfico de influencias, fue quien inició el primer proceso de vacancia contra Vizcarra y fue elegido presidente por el partido mayoritario.
A este punto y ante este intrincado escenario ¿Cómo no entender a los peruanos cuando dicen que sucedió un golpe de Estado? ¿Cuál sería la utilidad de tener elecciones presidenciales cada cinco años si el congreso va a destituirlo con el chasquear de los dedos? ¿Dónde queda la voluntad popular y el principio de representatividad de los electores?
Los peruanos salieron a las calles porque no se reconocen en un presidente transitorio y es probable que genere un sentimiento de indignación y frustración entre la población, pues los "golpes de estado" en este país ya no se dan con las armas, sino desde el Congreso.
Este uso indiscriminado de la figura ha generado una crisis de institucionalidad tan grande, que toda Latinoamérica está prestando atención y evaluando los peligros que implica para la región el empleo de la vacancia a futuro, dado que pone en tela de juicio a la democracia misma y abre la posibilidad de que el péndulo pase de la democracia al autoritarismo al negar el principio de representatividad.
La coyuntura también va dejando huella en la población y las manifestaciones y marchas de los últimos días, son la consecuencia natural, de la falta de empatía y de interés hacia los problemas que realmente han de importarle al país para sacarlo de la crisis que está afrontando.
Es inquietante la ponderación que el congreso peruano hace entre lo urgente y lo importante, pues el congreso podría haber desvirtuado el ejercicio electoral y coartado al ejecutivo, que se ve subsumido a los caprichos del legislativo.
Seguramente habría sido un detalle de fina coquetería por parte de los congresistas haber apostado a un periodo de transición de Vizcarra ante las elecciones que se avecinan en 2021 y tratar de darle manejo a la crisis sanitaria que está afrontando el país.
Si bien es cierto que el Perú ha tenido diez años de crecimiento sorprendente y se han desarrollado importan proyectos de infraestructura en vivienda y carretera, es indiscutible que ante el covid hay que luchar de manera mancomunada y procurar blindar al ejecutivo para que pueda enfrentar la crisis y tratar de sacar al país de la debacle sanitaria en la cual se encuentra.
Sin duda, el país se encuentra sitiado caminando por entre la niebla del laberinto que trae la corrupción, a lo que se suma la crisis de los partidos políticos carentes de un proyecto ideológico sólido, que basan su accionar sobre personalismos y no sobre organizaciones inclusivas y participativas de ciudadanos.
*Directora del programa de Ciencia Política de la Universidad San Buenaventura, Sede Bogotá.
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