254 líderes sociales habrían sido asesinados en Colombia a lo largo de 2020, así lo informó este lunes el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), tras la muerte de la concejal Penna.
Según los datos de la entidad, cada semana han sido asesinados en promedio seis líderes sociales en el país, siendo Cauca y Antioquia, los departamentos más afectados por este flagelo ya que el primero ha registrado más de 80 homicidios y el segundo más de 20.
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Asesinan Lideresa en Puerto Guzmán, Putumayo. Con Nerie Penna, suman 254 líderes y defensores de DDHH asesinados en el 2020.@IvanDuque #PazParaLiderar pic.twitter.com/mUrbVdtCYt
— 🇮 🇳 🇩 🇪 🇵 🇦 🇿 (@Indepaz) November 16, 2020
Tal y como ha indicado el Indepaz, las principales víctimas de este tipo de homicidios son los lideres comunales o campesinos que se han visto involucrados en reclamaciones de tierras y la implementación de la sustitución de cultivos. Desde 2016 han sido asesinados 62 líderes campesinos.
De acuerdo con Indepaz, tras Cauca y Antioquia se encuentran Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Norte de Santander, Huila, Córdoba, Chocó y Bolívar como los más afectados por estos crímenes.
El más reciente informe entregado por la ONG indica que los indígenas son el sector más afectado por los asesinatos ya que 90 de las víctimas pertenecían a estas comunidades, mientras que 70 eran campesinos, 28 eran líderes comunales, 24 cívicos y 8 eran líderes sindicales, entre otros.
Cabe mencionar que, según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), desde octubre de 2019 ha aumentado la violencia política en un 80% en Colombia.
"Persiste el alto riesgo de seguridad para las personas que ejercen actividades de poder, representación o ampliación y construcción de poder al interior de las comunidades", ha advertido el CERAC.
El texto detalla que en octubre, además de los asesinatos, cinco personas resultaron heridas, otras 29 fueron amenazadas y una fue secuestrada. Las víctimas de estas agresiones fueron fundamentalmente dirigentes de Juntas de Acción Comunal y activistas políticos regionales, atacados en los departamentos de Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Huila, Nariño y Norte de Santander.