YA lo decía don José Ortega y Gasset en la introducción a los franceses en su célebre obra La Rebelión de las Masas: “Si ser revolucionario es ya de por sí cosa grave, cuanto más serlo por tradición”
Conviene recordarlo porque esa ha sido la invitación que han hecho los “indecentes” seguidores del ex terrorista Gustavo Petro desde el primer día de gobierno del Presidente Duque: la oposición en las calles.
Que no se deba estigmatizar la marcha social es ya sabido y suficientemente difundido, no porque así lo ordene la nueva Constitución Política proveniente de los Acuerdos de La Habana (Punto No. 2) sino porque así lo demandan los códigos éticos del sistema democrático. Más aún, harto conviene proteger e incentivar la movilización social siempre y cuando sea pacífica.
Ello nos lleva a varias reflexiones. Por ejemplo: ¿qué responsabilidad política y jurídica les cabe a los organizadores de las marchas en caso de vandalismo y desafuero social?; ¿Qué tan “decente” es que los políticos profesionales se apropien de las marchas genuinas y silvestres de la ciudadanía? ¿Condenar el vandalismo equivale a estigmatizar la protesta social? ¿Exigir respeto por la propiedad privada, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad de los policías implica, de suyo, estigmatizar la movilización colectiva?
En lo que a mis códigos morales compete, creo conveniente diferenciar las marchas al vandalismo. Las primeras son saludables y prototípicas de la democracia. Es como la sabía que fluye por las venas de la República y que nos mantiene despiertos. Lo otro, el vandalismo, son simples actos criminales que deben evitarse y, de no hacerlo, judicializarse a la brevedad e indemnizarse.
Debemos, por tanto, rodear a las fuerzas del orden en estos momentos tan críticos que se van a prolongar durante los 4 años de gobierno. Debemos exigir la participación de las autoridades en la defensa de los manifestantes pacíficos y decentes y la judicialización y condena de los vándalos y delincuentes. Debemos exigir, con todo, la indemnización para los empresarios y comerciantes, -con los impuestos de todos-, de los daños sufridos con ocasión a las protestas descontroladas.
En suma, así como tanto le conviene a nuestra sociedad no estigmatizar las protestas y el movimiento social (¿quién no ha organizado o participado de una marcha?) conviene, aún más, diferenciarlas del acto criminal, vandálico y dañoso que tanto afecta, no solo a la comunidad sino a los propios marchantes quienes padecen la descalificación e ilegitimidad.
*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.
@rpombocajiao