Peros de los gremios a reforma política

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Para Jorge Humberto Botero, financiación estatal de campañas electorales es cambiar unas modalidades de inmoralidad por otras

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La financiación pública de las campañas podría generar más corrupción, dijo ayer el presidente del Consejo Gremial, Jorge Humberto Botero.

“Creo que el sistema actual es bueno. Hay un componente de financiación pública y otro privado. En lo que hay que avanzar, y en ese contexto es crucial la Misión de Observación Electoral (MOE), es ver cómo se utilizan los fondos para evitar la corrupción”, sostuvo el exministro Botero durante la presentación de la plataforma de organizaciones que realizarán monitoreo a las elecciones de 2019.

Botero expresó “serias dudas de que” la total financiación estatal “sea la solución adecuada. ¿Quién nos garantiza que convertir el financiamiento de las campañas sea la solución? De pronto lo que se hace es cambiar las modalidades de corrupción por otras y dentro de cuatro años se hará una presentación, pero con una metodología distinta”, anotó.

Para el dirigente gremial, lo que se muestra es un vínculo perverso entre las donaciones de las campañas políticas y contratación posterior con departamentos y municipios. En muchos de esos casos, no en todos, necesariamente hay actos ostensibles de corrupción”.

Durante la presentación, Botero anunció que en octubre se tendrán más de 4 mil voluntarios prestando atención al comportamiento de los actores en el proceso electoral.

Botero recalcó que su presencia en el evento y la alianza del Consejo Gremial con la MOE es clara indicación del compromiso con el combate a la corrupción. “Nuestros gremios miembros, que son 22, están atentos a encontrar prácticas corruptas”, precisó, afirmando que “esas personas corruptas, así se autodenominen empresarios, merecen el rechazo pleno de la comunidad empresarial”.

Aportes a cambio de contratos

En la presentación, la MOE entregó los resultados de una investigación sobre la relación entre financiación de campañas y contratación pública en las elecciones locales de 2015.

La MOE encontró que 485 donantes hicieron 534 aportes a campañas políticas por una cifra cercana a los $4.400 millones (exactamente 4.397.497.266 pesos) a candidatos a alcaldías y gobernaciones y recibieron en contratación $169.000 millones (169.466.621.063 pesos) lo que equivale a 39 veces el dinero donado a las campañas.

Según la MOE, a pesar de que lo anterior no representa necesariamente delitos, la investigación sí señaló que los municipios y departamentos identificados tienen una dinámica de contratación pública bastante atípica e irregular.

Conforme a lo encontrado, la contratación directa, la contratación hecha vía régimen especial y la de mínima cuantía, son características comunes en la información entregada a la Fiscalía. Para la MOE es necesario que en todos los procesos de contratación se surtan procesos competitivos, transparentes y eficientes.

Otra característica que resaltó la MOE es que el 87% del monto fue contratado en los dos primeros años de gobierno. Esto quiere decir que los mandatarios electos tienden a adjudicar de forma rápida a quienes financiaron la campaña.

De otra parte, la MOE llamó la atención sobre la duración de los contratos, los cuales en el 83% de los casos se ejecutan en menos de cinco meses.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “estamos ante la posibilidad de ver de cerca la relación entre contratación y financiación de campañas, desde una metodología innovadora que podría servir a las autoridades para identificar cuando la financiación de campañas busca empeñar la administración local a favor de redes de clientelismo y corrupción en los municipios”.

En 183 municipios el financiador del candidato ganador recibió contratos de la administración a la que donó. En estos casos la MOE encontró que 423 financiadores privados donaron cerca de $3.500 millones y recibieron contratos por $15.131 millones. Esto equivale a 42 veces el dinero donado en campaña.

En cuanto a los departamentos, la investigación identificó que 18 de las 32 gobernaciones del país (56%) dieron al menos un contrato a aquellas personas que ayudaron a financiar sus campañas electorales. En estos departamentos se encontró que 62 personas naturales o jurídicas donaron $840 millones y recibieron $18.000 millones. Esto equivale a 22 veces el dinero donado.

Casos más atípicos

Teniendo en cuenta que las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas con aportes superiores al 2% del tope máximo a invertir por los candidatos no pueden celebrar contratos con entidades públicas, la MOE hizo un rastreo con el fin de identificar en cuáles casos esta normatividad se estaría incumpliendo.

De acuerdo con la MOE, de los 485 financiadores de campañas que recibieron contratos públicos, 267 (55%) superaron el límite máximo de donaciones del 2%. Es decir, no podían contratar con el Estado salvo que el objeto fuera prestación de servicios profesionales. De hecho, la MOE encontró 138 municipios en los que los datos indican que se sobrepasó este tope.

La investigación de la MOE tomó la información entregada por el Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP) del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la financiación reportada por 1.095 alcaldes y 32 gobernadores elegidos en 2015 y la cruzó con la totalidad de la contratación reportada en el portal Colombia Compra Eficiente para 2016, 2017 y 2018 (corte 28 de abril).

Gracias a esta información y usando los números únicos de identificación (cédula de ciudadanía o NIT), la MOE logró encontrar tres modalidades a través de las cuales se favorecían a financiadores de campañas políticas: financiadores privados que recibieron contratos directamente de quienes quedaron elegidos; financiadores de gobernadores electos que recibieron contratos en municipios pertenecientes al departamento; y financiadores de campañas a la alcaldías que recibieron contratos en distintos municipios del mismo departamento.