El Presidente insiste en que endurecerá las políticas migratorias con medidas como la derogación del DACA, entre otras. No parece, como antes, que tenga juego en el Legislativo para sacar adelante su propuesta. La caravana, mientras, se acerca a la frontera

____

LA RENUNCIA del fiscal Jeff Sessions y el encontronazo de Donald Trump con el periodista de CNN Jim Acosta no fueron las únicas noticias luego de las elecciones de Medio Término. La Casa Blanca anunció que endurecerá su política migratoria recortando la cantidad de asilos solicitados los últimos años, mientras la caravana de migrantes avanza hacia la frontera entre México y Estados Unidos.

El debate migratorio vuelve a estar sobre la mesa. Los Republicanos, mayoría en el Senado luego de los comicios de “mitaca”, insisten en que es hora de tomar medidas más drásticas contra la inmigración ilegal que afecta a millones de norteamericanos. En tanto, los Demócratas defienden programas como el DACA, de la administración de Obama, que benefician a los nacidos en Estados Unidos de padres ilegales.

El fondo del asunto es la capacidad, porque ha quedado clara la voluntad de la administración Trump para impulsar una reforma migratoria, posibilidad poco viable por las mayorías Demócratas en la Cámara de Representantes. Sin su consentimiento la promesa del Presidente, por la que muchos votaron en 2016, sería descartada.

Vocera de los Demócratas y futura presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo esta semana que su tarea será “imponerle” controles al Presidente en temas como la migración. “Nos da vergüenza como nación una política que arranque bebés de los brazos de sus madres, que construya campamentos para albergar gente bajo la separación de familias”, aclaró, en referencia a la política de separación impulsada por Trump en un momento.

El Congreso, ambas cámaras, también tiene la facultad de aprobar u oponerse al envío de tropas a la frontera. En un acto con fines electorales, Trump envío a 5.200 hombres para custodiar la posible llegada de migrantes hondureños, una decisión que tuvo el aval de esta corporación, que ahora es bipartidista y eventualmente podría echar para atrás este tipo de decisiones.

En enero, el Presidente presentó las bases de su política, que tenía planteamientos como la reducción radical de inmigración de familias y el endurecimiento de las leyes en la frontera. Uno de los puntos centrales ha sido acabar con el DACA, el plan ideado por Barack Obama que ha beneficiado a más de 700.000 jóvenes (soñadores) hijos de migrantes ilegales.

Pero solo se ha quedado en palabras. Hasta el momento el Congreso, de mayoría Republicana en las dos cámaras hasta esta semana, no ha girado un solo dólar para implementar este nuevo enfoque.

Estado de cosas

Sucedáneos gobiernos han intentado aprobar una reforma migratoria del nivel de la que impulsó Ronald Reagan en 1986. Todos, sin excepción, han fallado por la falta de apoyo del Senado.

Reagan, uno de los presidente más populares de la historia de Estados Unidos, legalizó a 2.7 millones de inmigrantes indocumentados y castigó a empleadores que contrataban ilegales. Todo esto lo hizo a través de la Ley de Control y Reforma de la Inmigración, una normatividad que, sin embargo, tuvo muchos problemas en su aplicación y llevó al entonces Jefe de Estado a recibir numerosas críticas.

El panorama de ese momento y el de ahora son radicalmente distintos. Empezado porque el tipo de migración ha variado tanto en números como en procedencia. En el último informe sobre tendencias globales del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (antes de que Bachelet asumiera el cargo) estipuló que en 2017 hubo un aumento récord en el número de desplazados, que llegó a 24,5 millones de refugiados.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de EU, el número de inmigrantes ilegales interceptados fue de 400.000 en comparación con 1,6 millones, una cifra que se registró en el pico de la migración ilegal a ese país, durante el gobierno de George W. Bush.

Esos niveles tan altos se dieron principalmente por la crisis económica que enfrentaba México, que obligó a muchas personas a migrar a Estados Unidos. Hoy, la realidad es diferente. La migración ya no viene casi de este país, que incluso ha tenido unas tasas importantes de retorno, sino de Centroamérica, una región azotada por la falta de oportunidades y la tasa de homicidio más alta del mundo (Honduras).

Donald Kerwin, director ejecutivo del Centro de Estudios de Migración, hace poco escribió, que luego de analizar un grupo de 1.1 millones de migrantes en el período de 1987 a 2016, encontró que la “participación laboral” fue del 68% y las tasas de empleo del 64%. Además, concluyó que “tenían más probabilidades de ser trabajadores calificados (38%) que los no refugiados (33%) o los nacidos en el extranjero (35%)”.

“Obstruccionismo”

El gobierno sigue empeñado en lograr que su política migratoria sea aprobada. El jueves, como parte de este impulso, anunció que iba a prohibir el pedido de asilo de migrantes que entren de manera ilegal. “Nuestro sistema de asilo está sobrecargado con demasiadas peticiones injustificadas”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional, que estimó que hay 700.000 procesos de asilo estancados.

El mismo día que la Casa Blanca anunció estas medidas, el Tribunal Noveno del Distrito en California decidió que Trump debe mantener el DACA, porque su derogación es “arbitraria, caprichosa y no está acorde a la ley”.

Trump ha dicho que gobernará pese al obstruccionismo de las cortes federales y la Suprema. Parece que, como dijo este Diario, busca presentarse como el Truman del Siglo XXI, aquél que se opuso al “obstruccionismo del Capitolio” y el de la justicia.