Los audios conocidos de las conversaciones de Martínez y Pizano impactaron. Se abre paso un fiscal ad hoc
______________________
El caso de Odebrecht en Colombia tomó un vuelo verdaderamente dramático esta semana por razones que tienen estupefacta a la opinión pública.
La tragedia de la familia Pizano, cuyo padre Jorge Enrique murió de un infarto, suceso confirmado por Medicina Legal, causó un primer impacto por ser personaje fundamental en las pesquisas sobre los sobornos de Odebrecht y las actividades de Corficolombiana, en el consorcio Episol, sociedad adjudicataria de la Ruta del Sol, tramo II. La multinacional brasileña era la socia mayoritaria, con el 66% de las acciones, y por lo tanto tenía la administración del proyecto.
A los pocos días de ello, su hijo, Alejandro Pizano, quien había venido de España al entierro de su padre, ingirió por accidente agua que contenía cianuro en una botella dejada en el escritorio de su progenitor, en la finca del municipio de Subachoque (Cundinamarca). Su deceso fue casi inmediato, pero alcanzó a advertir que el líquido tenía un sabor “inmundo”. Las autoridades señalaron el caso como un homicidio sin causa conocida.
Al mismo tiempo, el fin de semana anterior, Noticias Uno develó una grabación entre Jorge Enrique Pizano y el fiscal general de la Nación, Jorge Humberto Martínez, en la que hablaban de modo puntual y hasta prosaico de las anomalías de la administración de Odebrecht que el primero, como contralor del consorcio de la Ruta del Sol, había encontrado y quería trasladar a Luis Carlos Sarmiento, presidente del Grupo Aval, dueño de Corficolombiana.
En esa época de la grabación, agosto de 2015, Martínez actuaba de abogado asesor del Grupo Aval. Alrededor de un año y medio más tarde fue elegido Fiscal General. Y como tal recibió el legajo de investigaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en diciembre de 2016, en el cual se comprobaba que Odebrecht había logrado la adjudicación de la Ruta del Sol, tramo II, a partir de sobornos al final de la segunda administración de Álvaro Uribe. De hecho así lo había aceptado el mismo Marcelo Odebrecht, como parte del principio de oportunidad negociado con las autoridades estadounidenses.
Contrato de transacción
Habiendo sido abogado asesor del Grupo Aval, Martínez, al asumir en la Fiscalía, presentó un impedimento ante la Corte Suprema de Justicia, en la materia, que le fue aceptado. Dentro de este se conoció que en su carácter de profesional privado había producido un contrato de transacción firmado entre Odebrecht y los delegados del Grupo Aval, a fin de subsanar las ingentes anomalías encontradas por Pizano en varios contratos, y que llevaron al reintegro de $33 mil millones a las arcas del consorcio por parte de la multinacional brasileña. Entre varias de las anomalías se encontraban millonarios contratos de obra y de asesoría sin productos efectivos, es decir, contratos ficticios.
Más adelante, por las investigaciones de la justicia, se vino a confirmar que esas anomalías habían servido de base a las coimas correspondientes a la Ruta del Sol, tramo II.
Conocidos los audios, publicados por Noticias Uno, de las conversación entre Martínez y Pizano, cuya emisión había autorizado este último en caso de su muerte o su incorporación al listado de testigos protegidos en Estados Unidos, el hecho se convirtió en una bomba, esta semana, por cuanto se especificaban los casos en los que al parecer podrían haber existido sobornos. No obstante, como se dijo, eso fue motivo del contrato de transacción, al reintegrarse el dinero al consorcio, evitando la eventual demanda que podría interponer el socio minoritario contra el accionista principal y administrador de la empresa.
Martínez confirmó la grabación, pero sostuvo que nunca se pudo constatar, en ese momento, que el asunto se debiera efectivamente a los sobornos que después la propia Fiscalía a su cargo demostró, tras la declaración de Marcelo Odebrecht.
Martínez asimismo insistió en que estaba impedido para hablar del tema, en los términos legales ya descritos, pero múltiples voces pidieron la figura de un fiscal ad hoc, diferentes de los propios delegados subordinados de la Fiscalía. En efecto, al cierre de la semana, la vicefiscal Paulina Riveros, encargada superior del tema dentro de la entidad, pidió a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de un fiscal ad hoc, figura sobre la cual la máxima corporación de la justicia tendrá que decidir.
Al mismo tiempo, la revista The Economist, de la semana que empieza, llamó la atención sobre el tema de los sobornos de Odebrecht en Colombia, comenzando su escrito por las dos trágicas muertes de la familia Pizano, y del mismo modo afirmando que Colombia estaba a la expectativa de si el Fiscal General de la Nación se apartaría por completo del caso.
En las mismas circunstancias se conoció otra grabación, publicada por el periódico El Espectador, en la cual Martínez, en sus conversaciones con Pizano de 2015, habla de los posibles delitos que pudieron cometerse en las anomalías de Odebrecht, entre ellos lavado de activos, sobornos y peculados.
En su explicación sobre este nuevo audio, Martínez afirmó que se trata de un listado hecho por los asesores penalistas, antes de que se determinara por parte del Grupo Aval el contrato de transacción.
De nombrarse un fiscal ad hoc la opinión pública ha pedido más celeridad en las investigaciones en sus diferentes aristas.
En todo caso el drama que ha venido rodeando el proceso, especialmente con la tragedia de la familia Pizano, ha llevado el tema a ser no solo el más grande escándalo de corrupción en la historia de Colombia, sino a entender que todavía es mucho lo que falta por revelar.
Todavía es mucho lo que falta por revelar de las coimas de Odebrecht en Colombia
En esa época de la grabación, agosto de 2015, Martínez actuaba de abogado asesor del Grupo Aval. Alrededor de un año y medio más tarde fue elegido Fiscal General. Y como tal recibió el legajo de investigaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en diciembre de 2016, en el cual se comprobaba que Odebrecht había logrado la adjudicación de la Ruta del Sol, tramo II, a partir de sobornos al final de la segunda administración de Álvaro Uribe. De hecho así lo había aceptado el mismo Marcelo Odebrecht, como parte del principio de oportunidad negociado con las autoridades estadounidenses.
Contrato de transacción
Habiendo sido abogado asesor del Grupo Aval, Martínez, al asumir en la Fiscalía, presentó un impedimento ante la Corte Suprema de Justicia, en la materia, que le fue aceptado. Dentro de este se conoció que en su carácter de profesional privado había producido un contrato de transacción firmado entre Odebrecht y los delegados del Grupo Aval, a fin de subsanar las ingentes anomalías encontradas por Pizano en varios contratos, y que llevaron al reintegro de $33 mil millones a las arcas del consorcio por parte de la multinacional brasileña. Entre varias de las anomalías se encontraban millonarios contratos de obra y de asesoría sin productos efectivos, es decir, contratos ficticios.
Más adelante, por las investigaciones de la justicia, se vino a confirmar que esas anomalías habían servido de base a las coimas correspondientes a la Ruta del Sol, tramo II.
Conocidos los audios, publicados por Noticias Uno, de las conversación entre Martínez y Pizano, cuya emisión había autorizado este último en caso de su muerte o su incorporación al listado de testigos protegidos en Estados Unidos, el hecho se convirtió en una bomba, esta semana, por cuanto se especificaban los casos en los que al parecer podrían haber existido sobornos. No obstante, como se dijo, eso fue motivo del contrato de transacción, al reintegrarse el dinero al consorcio, evitando la eventual demanda que podría interponer el socio minoritario contra el accionista principal y administrador de la empresa.
Martínez confirmó la grabación, pero sostuvo que nunca se pudo constatar, en ese momento, que el asunto se debiera efectivamente a los sobornos que después la propia Fiscalía a su cargo demostró, tras la declaración de Marcelo Odebrecht.
Martínez asimismo insistió en que estaba impedido para hablar del tema, en los términos legales ya descritos, pero múltiples voces pidieron la figura de un fiscal ad hoc, diferentes de los propios delegados subordinados de la Fiscalía. En efecto, al cierre de la semana, la vicefiscal Paulina Riveros, encargada superior del tema dentro de la entidad, pidió a la Corte Suprema de Justicia el nombramiento de un fiscal ad hoc, figura sobre la cual la máxima corporación de la justicia tendrá que decidir.
Al mismo tiempo, la revista The Economist, de la semana que empieza, llamó la atención sobre el tema de los sobornos de Odebrecht en Colombia, comenzando su escrito por las dos trágicas muertes de la familia Pizano, y del mismo modo afirmando que Colombia estaba a la expectativa de si el Fiscal General de la Nación se apartaría por completo del caso.
En las mismas circunstancias se conoció otra grabación, publicada por el periódico El Espectador, en la cual Martínez, en sus conversaciones con Pizano de 2015, habla de los posibles delitos que pudieron cometerse en las anomalías de Odebrecht, entre ellos lavado de activos, sobornos y peculados.
En su explicación sobre este nuevo audio, Martínez afirmó que se trata de un listado hecho por los asesores penalistas, antes de que se determinara por parte del Grupo Aval el contrato de transacción.
De nombrarse un fiscal ad hoc la opinión pública ha pedido más celeridad en las investigaciones en sus diferentes aristas.
En todo caso el drama que ha venido rodeando el proceso, especialmente con la tragedia de la familia Pizano, ha llevado el tema a ser no solo el más grande escándalo de corrupción en la historia de Colombia, sino a entender que todavía es mucho lo que falta por revelar.