En contraste con las voces que cuestionan la eficacia del combate al narcotráfico en Colombia, las cifras del actual Gobierno muestran que, por el contrario, hay avances significativos.
Pese a que algunas voces en nuestro país y el exterior insisten en la tesis de que la lucha antidroga es un fracaso y debería buscarse un nuevo camino para abordar este flagelo, lo cierto es que sin la aplicación del Plan Colombia y la cuota de sacrificio de vidas, recursos y esfuerzo estatal este flagelo hoy sería más peligroso y desestabilizador a nivel nacional e internacional.
Nada más el martes pasado, al instalar de manera virtual el VI Encuentro Nacional sobre Política de Drogas: Ruta Futuro en los territorios, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que el país ha alcanzado importantes resultados en su estrategia contra el narcotráfico, destacando que se rompió la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca, al pasar de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en diciembre de 2019, lo cual representó una reducción del 9%.
“El esfuerzo de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares ha sido inmenso. Este año se han erradicado 111.131 hectáreas de coca, un 42% más respecto al mismo periodo de 2019 (78.072) y se han incautado 456 toneladas, es decir, un 20% más que el año anterior”, afirmó.
Incautaciones
Ya la semana pasada, al entregar los resultados de la Campaña Naval Orión contra el narcotráfico, fase VI, el presidente Iván Duque había afirmado que este año pasará a la historia por ser el periodo de las mayores incautaciones de droga e insumos y erradicación de cultivos ilícitos de la historia en Colombia.
“No solamente hay incautaciones de coca, de cocaína, y de insumos que son significativos, sino que también podemos decir que este año ha sido un año récord en la destrucción de laboratorios; son más de 4.000 laboratorios destruidos en lo que va de 2020”, destacó.
Precisamente hace poco más de un mes, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, destacó que, con corte al 15 de octubre, se habían desmantelado exactamente 4.215 laboratorios de drogas en el país, lo cual calificó como “una acción que no solo afecta directamente las finanzas de los grupos narcotraficantes, sino que también contribuye a mitigar el daño ambiental que se ocasiona por estas estructuras, debido al vertimiento de insumos líquidos y sólidos en nuestro medio ambiente”.
En este sentido, felicitó a la Policía Antinarcóticos por la cuarta fase de la Operación Resplandor, que en octubre permitió la ubicación y destrucción de 232 laboratorios de droga en Cauca, Caquetá y Putumayo.
Trujillo resaltó que en materia de interdicción se incrementaron las incautaciones de cocaína en 13% este año, pues se han decomisado 388 toneladas de clorhidrato de cocaína entre el 1 de enero y el 15 de octubre, en comparación con el mismo periodo del 2019.
“Además, se han incautado 462 toneladas de hoja de coca y 51 toneladas de base de cocaína. Las incautaciones de marihuana también han aumentado en 38%, al pasar de 310 toneladas en 2019 a 427 en 2020”, señaló.
Durante la ya mencionada Campaña Naval Orión desarrollada en 45 días se lograron incautar más de 90 toneladas de cocaína, 18 toneladas de marihuana, 110 toneladas de insumos sólidos, 37.390 galones de insumos líquidos y se destruyeron 168 laboratorios.
Al respecto, Ruiz manifestó el martes que respecto al año pasado las incautaciones de base de coca, de hoja de coca y de marihuana aumentaron 20%, 9% y 37% respectivamente; cifras positivas a las que se suman las de incautación de precursores químicos: más de 14 millones de galones de sustancias químicas líquidas y casi 80.000 toneladas de sustancias sólidas.
Uno de los más recientes hallazgos se hizo el 18 de noviembre en Buenaventura, donde la Policía Antinarcóticos encontró 1.572 kilos de cocaína en un contenedor del puerto, que tendría como destino Bélgica, donde podría haber llegado a ser vendido en 69 millones de dólares. Solo en esa ciudad portuaria, se han incautado este año cerca de nueve toneladas de clorhidrato de cocaína.
Narcocultivos
En cuanto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el ministro Ruiz señaló que al mismo se han vinculado 99.097 familias cultivadoras o recolectoras, y que a octubre de 2020, 75% de ellas contaban con asistencia técnica, 91% con pagos de asistencia alimentaria inmediata y 74% con seguridad alimentaria en sus predios.
Sobre este tema, el ‘Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019’, publicado en julio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), dio cuenta que el año pasado el 32% del territorio con cultivos de coca presentó algún grado de intervención (erradicación manual forzosa, erradicación manual voluntaria o aspersión terrestre). La erradicación manual voluntaria se dio en el marco de los acuerdos de sustitución PNIS. Para este periodo se registraron 6.748 hectáreas erradicadas de cultivos de coca voluntariamente, concentradas en un 72% en Caquetá, Córdoba, Antioquia y Nariño. En cuanto a la erradicación manual forzosa (que incluye aspersión terrestre), se registraron 94.606 hectáreas concentradas en un 84% en Nariño, Antioquia y Putumayo.
Al analizar la variación del cultivo de coca en territorios intervenidos respecto de los no intervenidos, se observó una reducción en los dos. El valor es significativamente mayor en territorios intervenidos (22% frente el área con coca 2018) al pasar de 55.726 hectáreas en 2018 a 43.642 en 2019; mientras que, en territorios no intervenidos, la reducción fue solamente del 2%. En síntesis, la intervención redujo la coca, pero no la elimina del todo. Por ejemplo, tan solo el 17% de las grillas intervenidas durante 2019 quedó libre de coca al 31 de diciembre de ese mismo año, con un mayor impacto en zonas con intervención por erradicación manual forzosa.
En el contexto nacional, sin tener en cuenta la modalidad de intervención, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Norte de Santander y Nariño concentraron el 71% de la intervención; lo que coincidió, con excepción de Caquetá, con los departamentos que concentraron el área sembrada con coca en 2019. Cauca, que ocupó el cuarto lugar con afectación por coca en 2019, tan solo registró un 4% de la intervención.
Consumo
Es claro que, aunque implica atacar el problema desde la raíz, el combate al cultivo y la producción no es el único frente.
Respecto al consumo de drogas, el ministro Ruiz señaló que su cartera, en equipo con las de Salud y Educación, el ICBF, el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Policía Nacional y las autoridades territoriales, está redoblando esfuerzos para mejorar la calidad y cobertura de los programas de prevención, con aliados como la Unodc y organizaciones civiles.
“El Programa Familias Fuertes, del Ministerio de Justicia, ha beneficiado a 40.219 familias de 252 municipios en 30 departamentos; y entre 2019 y 2020 el Sistema de Salud del país ha atendido a 125.975 personas por consumo problemático de drogas”, dijo Ruiz al destacar que el Programa de Seguimiento Judicial del Tratamiento de Drogas que se desarrolla con el ICBF y que se adelanta en nueve departamentos, beneficia y resocializa a los jóvenes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Certificación
Esta semana se ha debatido sobre este tema tras conocerse el martes que el representante demócrata por Nueva York, Eliot L. Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Estados Unidos, divulgó el informe final de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental por mandato del Congreso, cuyas conclusiones serán examinadas en forma bipartidista hoy a las 10 de la mañana (hora de Washington) durante una audiencia citada para tal fin.
El informe advierte sobre un fracaso en la lucha antidroga en Colombia, debido al aumento de los narcocultivos y el potencial de cocaína exportada.
El representante Engel sostuvo que esperaba que el informe sirviera “como modelo para la administración Biden-Harris y el próximo Congreso mientras trabajan para encaminar nuestras políticas antinarcóticos por un camino mucho mejor”, anotando que la primera recomendación es reemplazar el proceso de certificación y designación de drogas de Estados Unidos con herramientas más efectivas para evaluar los esfuerzos de los países para contrarrestar el crimen transnacional y sancionar a aquellos que no actúan, ya que el proceso actual “ofende a nuestros socios y hace poco para disuadir las prácticas corruptas en naciones hostiles”.