El proceso de responsabilidad fiscal que la Contraloría General adelanta contra el hoy candidato presidencial Sergio Fajardo por una presunta omisión en su deber de vigilancia sobre el proyecto de Hidroituango, tiene al dirigente antioqueño en el ojo del huracán y más de uno de sus contradictores y rivales políticos ya vaticina que su aspiración a la Casa de Nariño en 2022 podría frustrarse.
Es claro que, si el ente de control fiscal lo considera efectivamente responsable, ello implicaría una inhabilidad para ser elegido hasta que pague la suma que le corresponda por sanción. Como se sabe, el organismo de control ha calculado el detrimento total en $4,1 billones, suma que se dividiría entre los culpables, según su grado de responsabilidad. Hoy son 28 altos funcionarios y contratistas los imputados. Lo cierto es que un fallo fiscal en este caso podría ser tan cuantioso que, en la práctica, significaría la muerte política.
Fajardo ha dicho que responde por todas sus actuaciones y “por la labor de mi equipo ante la Junta de Hidroituango. Estoy orgulloso de haber trabajado con ellos. Nunca me he lavado las manos ni salir a decir que soy una víctima”.
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“A la Contraloría le corresponde investigar. No descalifico a quienes me investigan y respeto el debido proceso. Seguimos con nuestra campaña, con lo que estamos construyendo. Enfrentaremos esa forma de la política agresiva y basada en mentiras”, anotó ayer en sus redes sociales.
Por supuesto, sus rivales políticos y críticos le han caído con todo. Hay quienes ya lo consideran culpable y advierten que hasta aquí le llegó la fama de pulcro profesor universitario. En tanto, para sus seguidores no deja de ser motivo de suspicacia que la imputación se dé en este momento político, cuando encabeza varias encuestas de preferencias electorales.
Lo cierto es que en Colombia son muchos los funcionarios públicos investigados, pero esta no es una circunstancia que limite su acción política o proselitista. De hecho, el principio universal señala que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario y exista un fallo en firme.
Y para comprobarlo basta recordar que han ejercido como aspirantes presidenciales muchos dirigentes políticos que cargaron incluso con acusaciones penales, como es el caso del recientemente fallecido exministro Horacio Serpa.
En 1997, poco antes de renunciar al Ministerio del Interior para presentarse como candidato presidencial del Partido Liberal, Serpa fue cobijado por una medida de aseguramiento por su posible participación en los hechos investigados en el llamado “proceso 8.000”. La medida finalmente no se concretó y Serpa no solo pudo ser candidato en 1998 (cuando fue derrotado por Andrés Pastrana), sino en 2002 y 2006 (en ambas ocasiones vencido por Álvaro Uribe).
Procesados
Pero también hay casos en los que los procesos contra candidatos en campaña sí se concretaron, como le ocurrió al exministro Andrés Felipe Arias.
El 9 de diciembre de 2009, 10 meses después de renunciar a la jefatura de la cartera agropecuaria, la Fiscalía le abrió una investigación por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).
En 2011, la entonces fiscal Viviane Morales señalaría que AIS “fue utilizado por Arias como plataforma política para su eventual campaña presidencial”, imputándole cargos por los delitos de peculado en favor de terceros y la firma de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
El caso es que cuando Arias se presentó en 2010 a la consulta interna del Partido Conservador (que perdió ante Noemí Sanín) ya estaba siendo investigado. En octubre siguiente la Procuraduría le formularía pliego por “aparentes desvíos de subsidios destinados a campesinos pobres, que favorecieron a acaudalados hacendados”, siendo inhabilitado en julio de 2011 por 16 años para ejercer cargos públicos, sanción que fue confirmada en diciembre siguiente. En cuanto al proceso penal, el 26 de julio de ese año el Tribunal Superior de Bogotá había ordenado su captura; la condena de 17 años de prisión la profirió en julio de 2014 la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Penal lo halló responsable de los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Como se sabe, el 31 de julio pasado, la Sala de Casación Penal le concedió a Arias la impugnación del fallo.
Por otra parte, algunos candidatos presidenciales han contado con suerte, pues los procesos disciplinarios y fiscales fueron suspendidos mientras ejercían su derecho a ser elegidos.
Así le pasó al hoy senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, quien fue destituido por la Procuraduría en diciembre de 2013, sanción que en primer lugar fue suspendida gracias a que en abril del año siguiente el Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó al Gobierno nacional acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego el Consejo de Estado tumbaría el fallo disciplinario.
Sobre Petro también recayeron responsabilidades fiscales determinadas por la Contraloría de Bogotá, que calculó un detrimento de $217.000 millones por reducir las tarifas de Transmilenio y de $97.000 millones por el alquiler y compra de volquetas y camiones recolectores de basuras. La primera sanción fue suspendida en noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en tanto que la otra, impuesta en noviembre de 2018, también fue suspendida en septiembre del año pasado por la misma instancia; en ambos casos, la defensa de Petro ha pedido pasar de la pausa a la nulidad de las decisiones.
Prevenidos
Claro que hay dirigentes que han preferido no arriesgarse a emprender una campaña sin que primero se resuelvan los procesos judiciales en su contra. Tal es el caso del exsenador Luis Alfredo Ramos, quien aún está pendiente de un fallo de la Corte Suprema, pero recuperó la libertad en agosto de 2013. Esta situación le impidió aceptar la invitación que le hicieron varios militantes del Centro Democrático para presentarse como precandidato en 2014, cuando el aspirante uribista fue el exministro Oscar Iván Zuluaga, y en 2018, año en que resultó elegido Iván Duque.
Y ya que es mencionado Zuluaga, recientemente se han presentado situaciones en las que se presumieron conductas reprochables en términos disciplinarios y penales por parte de los candidatos luego de los comicios.
En el caso de Zuluaga, en enero de 2017 la Fiscalía le archivó la investigación que se le adelantaba por su supuesta participación y conocimiento en las actividades ilegales desarrolladas por el hacker Andrés Sepúlveda, capturado en marzo de 2014 y condenado en abril del año siguiente a 10 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos agravado, uso de software malicioso de instrumento privado y espionaje.
Además de Zuluaga, el exmandatario Juan Manuel Santos y el presidente Duque han recibido señalamientos por circunstancias relacionadas con el escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia.
Aunque la campaña de Zuluaga fue beneficiada con el archivo del proceso que le seguía el Consejo Nacional Electoral sobre el supuesto pago por parte de Odebrecht de 1,6 millones de dólares correspondientes a los honorarios del publicista Duda Mendoҫa, a su hijo David (gerente de la campaña) la Fiscalía no le ha definido la situación respecto de una reunión que habría sostenido en febrero de 2014 en Brasil para acordar esos recursos.
Siendo candidato presidencial, Duque fue mencionado en relación con el caso de Odebrecht en un anónimo enviado a la Corte Suprema de Justicia, a lo que aclaró que “no tuve responsabilidad alguna de carácter administrativo, financiero o contable en la campaña presidencial del 2014, ni participé en negociación alguna con ningún contratista o proveedor de servicios”.
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En cambio, la campaña de Santos en 2014 sí ha resultado bastante comprometida, empezando por el gerente Roberto Prieto, siguiendo por varios exfuncionarios y excongresistas que han sido condenados o son procesados por hacer parte del tinglado de corrupción que estableció Odebrecht en Colombia.
Cuando Álvaro Uribe fue candidato en 2002 y 2006 también tenía investigaciones judiciales pero eso no le impidió ser candidato y ganar en ambas ocasiones en primera vuelta.