La Procuraduría General de la Nación inicio una vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con entidades del orden nacional y territorial, por un monto que supera los $191 mil millones.

El procurador Carillo advirtió que muchos de los contratos celebrados tienen sobrecostos injustificados. "Los precios del mercado no corresponden a los precios presentados en este contrato", afirmó Carillo

El Ministerio Público identificó que desde el 17 de noviembre, después del paso del huracán Iota, en el departamento se han a celebrado 318 contratos, por valor de $7.035 millones, de los cuales 6, que suman $2.315 millones corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago como el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de transito o funcionarios de nivel directivo y participación en torneos de baloncesto, por lo que se abrirá proceso disciplinario.

El ente de control busca establecer la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que no residen en la isla. Esta nómina paralela se corresponde a contratos de prestación de servicios.

La PGN focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 negocios jurídicos suscritos con diez contratistas, por más de $16.300 millones. 

Desde 2008 estas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los $56.639 millones, de los cuales el 80% fueron adjudicados por la gobernación del archipiélago. 

Entre enero y marzo la contratación sobrepasó los $112 mil millones. De abril a lo que va corrido de diciembre, cuando ya había sido declarada la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, la contratación fue de casi $79 mil millones.

El órgano de control solicitará información a las siguientes entidades del orden territorial y nacional como el ICBF, el ICA y el SENA, entre otras.

Alumbrado Navideño

La PGN abrió indagación preliminar al gobernador encargado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Jay Stephens (2020), a los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de $1.550 millones.

El ente de control investiga si los funcionarios publicaron oportunamente en la página web del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) los estudios previos, el acta de inicio y la póliza de cumplimiento del Contrato No. CO1.PCCNTR.2037986, celebrado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

También indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago -EMDESAI, EDDAS y SOPESA-, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo.

Contratación por covid-19

La PGN abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el Contrato 1163 de 2020, suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota, para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de $200 millones.

Así mismo, investiga al secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el cuerpo médico del hospital departamental, por $360’707.648.

El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros luego de que el operador del hospital devolviera 5.500 mascarillas, que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes. 

De igual manera, avanza la indagación preliminar contra el gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por posibles irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083’420.000. 

El acuerdo jurídico tenía por objeto el suministro de almuerzos, y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento.