* Modernización del estatuto era necesaria

* Ajuste al sistema político sigue pendiente

 

La aprobación por parte del Congreso del proyecto de reforma al Código Electoral es, sin duda, una buena noticia para el país toda vez que esta norma llevaba muchos años, 34 para ser exactos, sin ser actualizada de forma integral y se había convertido en una especie de ‘colcha de retazos’, por demás confusa, debido a las múltiples modificaciones parciales y aisladas que se incluyeron en los últimos tiempos. La unificación coherente y ordenada de dicho estatuto normativo es, entonces, un primer elemento positivo de la iniciativa que recibió el visto bueno de las plenarias de Senado y Cámara el viernes pasado durante la diligencia de conciliación.

Para nadie es un secreto que la legislación electoral en Colombia arrastra muchas falencias y que no pocos de los vicios y hasta delitos contra el sufragio y la transparencia democrática prosperan porque los tramposos y criminales se aprovechan de las zonas grises del actual Código, que tampoco cuenta con instrumentos efectivos y ejemplarizantes para sancionar de forma diligente y drástica.

En segundo lugar, es evidente que la iniciativa aprobada en las sesiones extraordinarias, y que ahora pasa -debido a su carácter de ley estatutaria- a estudio previo de la Corte Constitucional, tiene aspectos trascendentales. La ampliación de la jornada electoral, una mayor auditoría partidista sobre el software de escrutinio -que ahora será propiedad de la Registraduría Nacional-, así como la paridad de género en las listas a cuerpos colegiados, la depuración del censo electoral o la misma unificación del régimen de inhabilidades para gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, se constituyen en pasos adelante en la transparencia de los comicios y el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía. A ello se suma la supresión de la filiación política en la selección de los jurados de votación, el acompasamiento de todo el proceso con la cédula digital, las medidas para combatir el trasteo de votos y otros aspectos puntuales en materia reglamentaria.

La ampliación de la nómina de registradores seccionales y municipales, el esquema para el manejo de los datos de identificación biométrica, la aplicación gradual de sistemas de voto mediante instrumentos tecnológicos, los ajustes a las encuestas y si los procesos electorales tienen o no el carácter de asuntos de seguridad nacional, fueron varios de los temas que más discusión generaron en el trámite de la reforma y le corresponderá a la Corte Constitucional dar la última palabra al respecto. Defensores y partidarios del articulado que se viabilizó tendrán allí un escenario definitivo y objetivo para dirimir sus diferencias y pareceres sobre lo aprobado.

Más allá de la controversia que todavía persiste sobre algunos de los alcances de la reforma aprobada, que debería empezar a aplicarse para los comicios parlamentarios y presidenciales de 2022, lo cierto es que la modernización del Código Electoral es un paso importante pero no definitivo. A esta iniciativa, de carácter típicamente procedimental, debe sumarse la aún más importante reforma estructural al sistema político. Las listas únicas, el voto preferente, la reglamentación de los avales, los mecanismos de democracia partidista, el tamaño mismo del Congreso y la modificación de la estructura jurisdiccional y jerárquica electoral son, entre otros, aspectos que quedan pendientes. El Gobierno ni los partidos lograron confeccionar un acto legislativo sobre la materia, en tanto naufragaron las iniciativas que se presentaron de manera aislada este año.

Por ejemplo, no en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que es imperativo suprimir la circunscripción nacional para elegir a los senadores, ya que esta figura es la causante de muchos de los vicios y delitos electorales: encarecimiento geométrico de la actividad proselitista, compra de votos, financiación ilegal de campañas, carrusel de avales, politiquería al por mayor y, sobre todo, un esguince grave a la democracia representativa. Esto último, porque muchos aspirantes a la cámara alta tienen que recorrer el país ‘cazando’ votos en zonas en donde no tienen ningún arraigo político y que luego, si salen electos, no defienden ni se convierten en sus principales voceros en el Legislativo.

Como se ve, la reforma aprobada por el Congreso días atrás es un paso adelante pero falta mucho camino por recorrer en el propósito de tener un sistema electoral transparente y eficaz. Además, no solo basta con modernizar el Código, sino que las autoridades respectivas tengan la suficiente diligencia para hacer cumplir la nueva normatividad en tiempo real y no cuando la trampa o el delito ya sean un hecho cumplido.

Habrá que esperar, entonces, al fallo respectivo de la Corte Constitucional. Es de esperar que el alto tribunal priorice su estudio de exequibilidad, ya que restan menos de quince meses para la primera cita en las urnas del 2022 y algunos de los aspectos del nuevo Código requerirán reglamentación para poder aplicarse en dichos comicios.

Por lo pronto, hay que ponderar el esfuerzo del Gobierno, el Legislativo, las autoridades electorales y las bancadas para sacar adelante esta reforma. Frente al Código vigente hay avances en transparencia, es claro. La clave está en llevarlos a la realidad lo más pronto posible.