El abstencionismo en Colombia ha rondado el 55% en las más recientes elecciones presidenciales, una de las cifras más altas de América Latina junto con El Salvador y Guatemala. Esto ha llevado a que, tras cada jornada electoral donde el abstencionismo resulta siendo el gran ganador, surjan todo tipo de propuestas para combatirlo.
La más común es la implementación del voto obligatorio. En efecto, el representante a la Cámara por el Valle, Heriberto Sanabria, cocina una propuesta en este sentido, que busca presentar el 20 de julio. Su principal propósito con esta iniciativa no es solo luchar contra la abstención sino también “complejizar la dañina manera como se hace política en Colombia y hacer más transparente el sistema electoral”.
¿Cómo puede el voto obligatorio ser un obstáculo para la compra y venta de votos? Juan Carlos Rodríguez, director del Observatorio de Democracia de la Universidad de Los Andes lo explica por cuanto su implementación “encarecería los esfuerzos que tienen que hacer los políticos, pues necesitarían más votos para salir elegidos y eso tiene que alterar sus estrategias de campaña”. Incluso cree que son esas “reglas” con las que vienen siendo elegidos los congresistas y que ellos “no tienen ningún interés en cambiar” las que han impedido que se implemente este mecanismo en Colombia a pesar de los múltiples intentos.
Armando Novoa, constituyente y director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, también es partidario del voto en blanco y cree que es “la única manera de romper el control del clientelismo sobre el pueblo”. Sin embargo reconoce las dificultades que se presentarían a la hora de imponer sanciones a quienes no cumplan con el deber de sufragar.
Estos ‘castigos’ corresponden en algunos países a multas o restricciones para acceder a ciertos servicios o bienes públicos, como la expedición de pasaportes. Sin embargo, en la mayoría de los casos tienen más relación con la pérdida de ciertos beneficios, como las facilidades de acceso a la universidad. La propuesta de Sanabria iría conducida en este sentido, además de establecer multas, pues “la democracia tiene unos costos”.
Fortalecer estímulos
Precisamente por esa dificultad de implementar sanciones reales a quienes incumplan con ese deber, una propuesta alternativa para motivar a los ciudadanos a votar es fortalecer los estímulos electorales. Y aunque en Colombia existe una serie de beneficios que el ciudadano adquiere con el certificado electoral, algunos como Sanabria creen que no son suficientes.
Algunos beneficios que se contemplan en el país son: Descuentos del 10% en las matrículas de instituciones oficiales, y en los costos de trámites como el pasaporte y duplicados de la cédula y la libreta militar; prelación en el ingreso a educación superior, en subsidios y en becas, pero esta solo aplica cuando el aspirante está en ‘empate’ con alguien más.
Para Sanabria, estos estímulos son “muy tímidos” y propone la reducción de por lo menos el 30% del servicio militar e incluso descuentos en impuestos.
Otras alternativas
Pero el voto obligatorio también tiene sus detractores. Uno de ellos es el senador Juan Manuel Galán, para quien esto implicaría la violación de un principio democrático. Además es de los que ven difícil su implementación: “eso genera unos problemas prácticos en la implementación de sanciones o multas. Los países que tienen voto obligatorio están pensando en implementar el voto voluntario porque han tenido una serie de dificultades”.
Para Galán, la respuesta al problema del abstencionismo está en la formación de una cultura democrática “desde el ámbito educativo, de los medios, de la familia y las instituciones para promover los valores democráticos y la formación de ciudadanía. Esa para mí es la mejor manera de que la gente sienta que tiene un poder ciudadano a través del voto”.
Por considerarlo “un enorme error” y “un acto absurdo”, el senador John Sudarsky también se opone al voto obligatorio. Para él, lo prioritario debe ser “que la gente sepa por quién está votando y quién lo representa”, y para ello cree que la solución es implementar el sistema electoral mixto para la conformación del Congreso, una iniciativa que promueve desde hace varios años.
La propuesta de Sudarsky consiste en cambiar la forma de elección de senadores y representantes, por medio de distritos electorales (60% de las curules), combinado con la elección por circunscripción proporcional (40% de las curules). Esto llevaría a que los parlamentarios que lleguen al Congreso no se concentren siempre en las regiones de mayor población y, con una mayor representación del territorio nacional, se dé un mayor control ciudadano.
Finalmente, el mismo representante Sanabria, además de promover el voto obligatorio, impulsa una estrategia para fortalecer el voto en blanco y así generar más motivación entre los ciudadanos. “La gente considera que el voto en blanco no tiene mayor incidencia”, algo que cree que cambiaría si este pudiera ‘ganar’ por mayoría simple y no absoluta como ocurre actualmente.
La experiencia latinoamericana
No son pocos los países de América Latina que funcionan con el sistema de voto obligatorio. En Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay se aplica con sanción en caso de incumplimiento. Como consecuencia, estos países registran los más altos niveles de participación, que en elecciones presidenciales llegan hasta el 80%.
El más reciente en eliminar el voto obligatorio y volver al voluntario fue Chile, que en 2012 hizo este cambio junto con una estrategia para capturar el voto joven. El resultado de este experimento, que tuvo su prueba de fuego en las elecciones presidenciales de 2013, fue un abstencionismo del 67% en segunda vuelta.