Blindar elección de Contralor

  • El inmenso reto del próximo Congreso
  • Dar vía libre a nuevas reglas del juego

 

La escogencia del jefe de un ente de control es, sin duda, un proceso muy delicado, que debe llevarse a cabo con el máximo de transparencia posible, no sólo para elegir a una persona que cumpla con los requisitos de preparación profesional, trayectoria y valores éticos necesarios para desempeñar un cargo tan importante, sino también para garantizar que el proceso de selección no conlleve una transacción entre el futuro titular de la entidad y quienes lo designan, ya que por esa vía se afecta la autonomía y función fiscalizadora.

Esa premisa, tantas veces repetida en nuestro país, siempre sale a flote cuando se trata de elegir a las cabezas de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Auditoría y Contaduría generales, entre otras plazas. Por lo general la discusión se dirige a si el mecanismo de postulación y selección de los candidatos es lo suficientemente transparente y certero, en especial si es ajeno a prácticas anómalas como pactos burocráticos, politización, compromisos contractuales o, más preocupante aún, maniobras de terceros interesados en afectar la facultad investigativa y sancionatoria de los entes de control fiscal, disciplinario, administrativo y penal.

Dichas sombras se ciernen insistentemente sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que la Constitución del 91, en pos de profundizar el sistema de pesos y contrapesos institucionales, señaló distintos mecanismos cruzados para proyectar los candidatos y elegir a los titulares de varias entidades, cuidando de que las que hacen la postulación no participen de la escogencia final. Sin embargo, dicho procedimiento ha estado bajo la lupa en los últimos años, tras considerarse que las facultades electorales a cargo de las altas cortes, el Congreso y la propia Presidencia de la República han terminado por afectar la independencia funcional de los entes de control y los máximos tribunales. No en vano uno de los temas más recurrentes en los fallidos intentos de la última década para sacar avante en el Congreso sendos proyectos de reforma política, electoral y judicial siempre han coincidido en plantear modificaciones a los sistemas de elección de Contralor, Fiscal, Procurador, Auditor, Contador, Defensor del Pueblo, magistrados de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, así como los de los consejos de Estado, Superior de la Judicatura y Nacional Electoral…

La mayoría de esas modificaciones, como se sabe, se han frustrado, ya sea porque el Congreso no tuvo la suficiente voluntad política para aprobar las reformas o porque, luego, sus cambios más sustanciosos se cayeron en las revisiones de exequibilidad debido a vicios de forma o de fondo, especialmente en lo relativo a extralimitación de funciones legislativas o la cada vez más reiterada falencia de sustitución de la Constitución.

De los pocos cambios en la materia que han logrado salir avante está el aprobado en la llamada “reforma de equilibrio de poderes” de 2015, que cambió el sistema de escogencia del Contralor General. Antes lo elegía el Congreso en pleno de terna confeccionada por candidatos postulados por las cortes Suprema y Constitucional así como por el Consejo de Estado. A partir del citado acto legislativo se ordenó que el titular del ente de control fiscal continúa siendo elegido por el Parlamento en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, pero con base en una lista de elegibles conformada por convocatoria pública. Igualmente, no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del periodo.

Aunque desde hace varios meses distintos sectores políticos y hasta el propio contralor saliente, Edgardo Maya Villazón, habían advertido que era necesario tramitar una ley que fijara el procedimiento para dicha convocatoria pública, el Gobierno tardó en radicar la respectiva iniciativa. Apenas si lo hizo semanas atrás, a pesar de que este último tramo de la legislatura es muy corto y, además, los senadores y Representantes están imbuidos en la campaña presidencial.

Afortunadamente los campanazos sobre la urgencia de dicho proyecto han tenido eco y la iniciativa ya avanzó en las comisiones primeras de Senado y Cámara, e incluso el viernes pasado se le dio el sí en la plenaria de esta última corporación. Es de resaltar que para garantizar una mayor transparencia en la escogencia del Contralor General se determinó que la convocatoria pública estará a cargo de una universidad de alto nivel, acreditada ante el Ministerio de Educación, que conformará la lista de seleccionados, todos los cuales deberán cumplir con un examen previo de conocimientos, entrevista y la acreditación de los requisitos exigidos por ley.

Incluir a la academia en este proceso resulta un paso acertado, pues hará las veces de filtro imparcial y objetivo para evitar que la politiquería y los acuerdos burocráticos influyan sobre una escogencia tan delicada para la vigilancia fiscal y el buen manejo del erario y lo público.

Lo importante es que ahora el Senado le dé vía libre al proyecto para que pase a sanción presidencial, de forma tal que el próximo Congreso asuma el 20 de julio ya con una herramienta ágil para acelerar la elección del Contralor y evitar la interinidad y peligroso vacío en una función tan delicada para el Estado y el patrimonio de los colombianos, más aún en medio de un pico alto de casos de corrupción y desgreño oficial en distintos niveles.