“Cartelización”, enemigo creciente

  • Más ‘dientes’ a superintendencias y entes de control
  • Compras públicas ascienden a 170 billones de pesos

La palabra “cartelización”, lamentablemente, se ha vuelto una de las de más uso en nuestro país por cuenta de los continuos escándalos y denuncias de las autoridades en torno a la forma en que distintos sectores empresariales, que buscan hacerse a la contratación pública, se coluden para hacer trampa a los principios de economía, transparencia y selección objetiva que deben aplicarse en estos procesos. 

En reciente entrevista con este Diario el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, explicaba cómo la legislación colombiana ha venido avanzando de forma sustancial y efectiva para detectar estos “carteles” de contratación que a nivel nacional, regional y local se han multiplicado para adueñarse de los presupuestos oficiales. No se trata de un tema menor, en modo alguno, ya que las compras públicas de productos, bienes y servicios equivalen a 17 por ciento del Producto Interno Bruto colombiano, lo que implica una cifra cercana a los 150 billones de pesos.

No en pocas ocasiones los entes de control han denunciado que una de las mayores falencias en el proceso de contratación oficial en Colombia es, precisamente, que un gran porcentaje de asignación se hace de manera directa, es decir que no se acude a licitaciones. De igual manera en muchos procesos para escoger qué empresa o consorcio realiza determinada obra o suministra tal o cual servicio solo se presenta un oferente, lo que obviamente afecta el principio de competitividad, que es clave para una contratación transparente y eficaz.

Sin embargo, descubrir estas prácticas de “cartelización” no es nada fácil, pues se trata de intrincadas maniobras de redes empresariales que acuden a distintos modus operandi para lograr sus turbios objetivos. En algunos casos se opta por presentar a una misma licitación propuestas de distintos oferentes que, sin embargo, en el fondo pertenecen a la misma matriz de socios o propietarios. También se han descubierto casos en donde de un momento a otro queda un solo competidor en carrera por un contrato, debido a un contubernio con los otros que venían pujando, esto para asegurarse la asignación de la respectiva obra, proyecto, bien o servicio demandado. No menos graves son aquellas circunstancias en las que compañías del sector privado  hacen acuerdos ilegales para la fijación de precios mínimos de sus productos a ofertar a entidades oficiales o a vender al consumidor final.  

Dada esa variopinta de estrategias para afectar la competitividad y el libre juego de la oferta y la demanda en una economía de principios neoliberales, en Colombia se volvió costumbre que a cada tanto se denuncie la existencia de “carteles” de precios y contrataciones. La propia Superintendencia ha puesto al descubierto y sancionado con millonarias multas  a empresas de sectores de la seguridad privada, cementos, azúcar, papel higiénico, pañales, tuberías de cemento, cuadernos, alimentación escolar y otros más. Incluso ayer se señaló a siete empresas y once personas naturales por incurrir en colusión para quedarse con las contrataciones públicas de las raciones alimenticias para las Fuerzas Militares por un monto de 47 mil millones de pesos. De acuerdo a las investigaciones la fijación de precios artificiales y otras prácticas anticompetitivas en este caso específico habría generado sobrecostos cercanos al 50 por ciento en el valor de los productos alimenticios para los uniformados.

Visto todo lo anterior queda en evidencia que la “cartelización” es uno de los mayores motores de la corrupción hoy en Colombia. Y, por lo mismo, se requiere de un fortalecimiento de las capacidades investigativas y sancionatorias de las distintas superintendencias, así como de los grupos especializados en la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Contaduría generales. En la medida en que la acción de las autoridades sea más pronta y drástica, este flagelo podrá ser erradicado. Es urgente, además, una reforma al Estatuto de Contratación Pública así como al Código al Comercio. Como ya se dijo, hay billonarias cifras en juego, a tal punto que suele decirse que estafar al Estado termina siendo más rentable que el propio narcotráfico.