- Subversión de los valores democráticos
- Los ciudadanos pueden restituir el orden
Nadie en Venezuela o en el exterior se llama a engaños en cuanto a la farsa electoral que se llevará a cabo mañana en ese país. Una farsa que ya tiene anunciado el repudio de Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos, incluido Colombia. El propio presidente Juan Manuel Santos ha indicado en repetidas ocasiones que no reconocerá los resultados de los comicios, ya que es evidente que se trata de un ejercicio poco transparente y antidemocrático que no tiene objetivo distinto al de sumar votos para darle apariencia de legalidad a la reelección del gobernante socialista.
En Venezuela la política se degradó a extremos envilecedores, en tanto se empujó al pueblo al hambre, la desesperación y el pesimismo. La opresión gubernamental contra los opositores y la población civil es violenta, al punto que algunos comparan el accionar de las milicias oficiales con turbas que padecen una especie de ‘mal de rabia’ por cuenta del odio que les ha inculcado la mal denominada “revolución bolivariana”. Semejante subversión de valores humanos y democráticos ha trastocado la vida colectiva en esa nación y obligó a que las gentes de las más distintas condiciones quieran huir, así tenga que abandonar todo lo que aman y tienen.
En Venezuela la farsa democrática y revolucionaria castiga a los distintos sectores sociales que sobreviven mal alimentados, incrédulos de una propaganda oficial que, al estilo del Cándido de Voltaire, les trata de convencer de que viven en el mejor de los mundos posible, pues habitan uno de los países más ricos del orbe, cuyas reservas petroleras son suficientes para enriquecerlos a todos.
Se calcula que de la dictadura venezolana han escapado unos tres millones de habitantes, una cifra similar a la de los sirios que han huido de la guerra intestina en ese país. Aunque se trata de colmar de embustes a la población, la realidad es dramática: el salario de un profesional es equivalente a cinco o diez dólares, menos de lo que gana, por hora, un obrero de un país desarrollado. La hiperinflación es la más alta del mundo. Paradójicamente, la tesis de la gran riqueza de Venezuela es verdad. Otra cosa es que se torne esa ventaja de la naturaleza en una amarga realidad para sus habitantes, en cuanto la corrupción, la mala administración y el despilfarro de los recursos mantienen postrada la producción de crudo, al tiempo que el chavismo ‘empeñó’ las ganancias por hidrocarburos a una y hasta dos décadas con los acreedores internacionales.
Una de las características de las revoluciones de vieja data y de las seudo-revoluciones actuales, es el deliberado propósito de los aventureros que llegan al poder en cuanto a expulsar a todos aquellos que consideren ‘contrarrevolucionarios’ o que no están dispuestos a dejarse subordinar o adoctrinar por el gobierno de facto. Del mismo modo persiguen a los personajes más representativos de la sociedad. Ello explica por qué la diáspora venezolana actual es de todas las edades y gamas sociales. Son millones de personas agobiadas por la represión violenta, la miseria, la falta de oportunidades y la crisis generalizada en que está sumido el país.
Una Asamblea Nacional Constituyente espuria, surgida de unos comicios fraudulentos, fue la que, por instrucciones de Maduro, convocó a elecciones presidenciales anticipadas en un burdo intento de legalizar sus decisiones frente a la Asamblea Nacional, la instancia legítima que cuenta con la mayoría de la oposición pero cuyas decisiones no acata el Gobierno ni el resto de poderes cooptados por el chavismo. Precisamente por ello es que la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a la oposición, se abstuvo de convalidar las elecciones de mañana, en las cuales ya están cantadas las mayorías para el presidente-candidato, como un porcentaje pequeño de sufragios para Henry Falcón, de Avanzada Progresista, un político gris de corazón chavista y evidentemente ‘enchufado’ (como se denomina a los beneficiarios del gobierno) que se disfrazó de contradictor.
Frente a esa tragedia, los más lúcidos opositores venezolanos y juristas repasan los artículos 333 y 350 de la Constitución bolivariana, que faculta a los ciudadanos a actuar para restituir el orden, más cuando es vox populi que las grandes decisiones políticas de Miraflores son dictadas desde La Habana. La crisis social, política, institucional y económica es de tan gigantescas proporciones que hasta el expresidente español Felipe González, mediador en Venezuela, ya proclama que el sistema cruje en sus cimientos y la estantería terminará cayendo encima de quienes detentan el poder.