Una huelga de camioneros contra el alza del diésel provocó este martes por segundo día consecutivo bloqueos de carreteras en la mayoría de los estados brasileños, acentuando la presión sobre el gobierno y poniendo a prueba la nueva política de precios de Petrobras.

El movimiento, a menos de cinco meses de las elecciones generales, obligó al aeropuerto internacional de Brasilia a "usar con más cautela" el combustible de los aviones, debido a la retención en torno a la capital de camiones cisterna, informó Inframérica, la empresa que administra el terminal.

Más de veinte de los 27 estados se vieron afectados por la huelga, con fuerte incidencia en los del sur y el sureste, los más ricos del país. En Minas Gerais y Paraná hubo una cuarentena de retenciones y en Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul una veintena. En Sao Paulo totalizaron diez y en Rio de Janeiro quince, según la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués).

El lunes, 21 estados registraron bloqueos.

Los camioneros exigen una reducción de precios del diésel, que Petrobras alinea desde fines de 2016 en función del alza de los precios del petróleo en el mercado internacional.

Una reunión por la mañana entre los ministros de Hacienda y de Minas y Energía con el presidente de Petrobras, Pedro Parente, terminó sin resultados.

Por la tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aseguró que el gobierno está dispuesto a eliminar un impuesto sobre los combustibles (Cide) y que los recursos que deben proceder de gravámenes en tramitación en la Cámara serán destinados a reducir el impacto de las alzas.

Desde inicios de mayo, el precio del diésel salido de las refinerías (antes de impuestos) subió un 12% y el de la gasolina un 14%.

Pero la empresa controlada por el estado se niega a revisar esa política, que considera clave para su estrategia de recomponer sus finanzas y su imagen después de haberse visto involucrada en el mayor escándalo de corrupción de Brasil.

"Al iniciarse la reunión [de la mañana], quedó claro que de ninguna manera su objetivo sería que el gobierno pidiese cualquier cambio en la política de precios de la compañía", dijo Parente al salir del encuentro.

El asunto se convirtió en un rompecabezas para el presidente Michel Temer.

"Parece poco probable que Temer reduzca la nueva autonomía de la política de precios de Petrobras, porque esto podría provocar la salida del CEO Pedro Parente. Una compensación mediante recortes de impuestos parece más probable, aunque estos deberían ser modestos, dada la oposición del ministerio de Finanzas", embarcado en una política de ajustes, escribió la consultora Eurasia Group en una nota de análisis.

"Un riesgo mayor para la compañía estatal se perfila a partir de 2019", prosigue la nota, señalando que aunque actualmente no haya presiones para volver a la política de control de precios, "el próximo presidente podría tener mayor inclinación que Temer a intervenir en respuesta al alza de precios".