Penalizar dosis mínima sería un problema de orden público: Jácome

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Este Diario consultó a Alfonso Aza, un experto en drogas y políticas públicas, quien consideró que puede ser más efectiva una sanción administrativa contra el consumo de drogas ilícitas
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Es equivocado el modelo antidrogas en el mundo porque en casos como Colombia al tiempo que se persigue la oferta, a través de la dosis mínima se incentiva la demanda, indicó Alfonso Aza Jácome, experto en drogas y políticas públicas sobre narcóticos.

No obstante, consideró que si se penaliza la dosis mínima, como algunos proponen, primero hay que pensar si hay los suficientes cupos en las cárceles para llevar a los consumidores sorprendidos por las autoridades

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Por lo que han dicho candidatos presidenciales considera que el próximo presidente mantendría línea de Santos de pedir al mundo repensar efectividad de lucha antidrogas?

ALFONSO AZA JÁCOME: Si gana Duque no creo. Considero que el único candidato que tiene una postura diferente respecto del tema de las drogas es Gustavo Petro. Pero me atrevo a decirle que en cuanto a la dosis mínima no estoy de acuerdo con Gustavo Petro por lo siguiente: en políticas públicas hay que entender el mercado, que tiene oferta y tiene demanda. Cuando hablamos de dosis mínima estamos liberalizando solamente el lado de la demanda, pero no estamos haciendo nada con el lado de la oferta.

Qué es lo que sucede en ese caso: que si no hacemos nada del lado de la oferta y continuamos con la prohibición, y permitimos la demanda, ese es el mejor de los mundos para los narcotraficantes por dos motivos muy sencillos: el primero, es muy difícil producir cocaína en Colombia por todas las sanciones que lleva asociada. Entonces hay una barrera de entrada a ese mercado muy alta. No van a tener competencia los actuales productores de cocaína porque saben que pueden ir a la cárcel, muy poca gente está dispuesta a asumir ese riesgo. Sin embargo, como existe una demanda que es legal, voy a poder entregar mi producto y voy a poder vender y además a un precio costoso porque mi producción está prohibida pero el consumo no está prohibido. Entonces eso lo que significa es que estamos en el fondo ayudando a los narcotraficantes a que ganen más dinero si hay dosis mínima.

ENS: ¿Entonces cuál es el camino?

AAJ: Lo correcto desde el punto de vista técnico es que tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda se utilice la misma política; es decir, si usted va a perseguir la oferta, tiene que perseguir también la demanda, y si usted va a permitir el consumo, tiene que permitir también la producción.

Pero la legislación internacional hoy impide que se pueda permitir la producción. Es algo que Naciones Unidas tiene prohibido de manera global.

Entonces estamos abocados a un único escenario posible que es la prohibición, tanto del lado del consumo como de la producción.

ENS: Esto nos lleva a preguntarle sobre varios proyectos que hay en el Congreso contra dosis mínima, unos para penalizarla nuevamente y otros solamente prohibirla. ¿Qué impacto tendría esto en el consumo?

AAJ: Si se prohíbe seguiríamos como estamos porque hoy de facto la Corte Constitucional permite el consumo y el porte de sustancias para el consumo propio.

O sea como estamos en una situación en que la dosis mínima está legalizada. Si hay propuestas de restringir, y creo que Vargas Lleras está en esta línea, nos enfrentaríamos a un problema de orden público en el sentido siguiente: ¿cuál es el número de consumidores que hay hoy en Colombia que portan la sustancia en su bolsillo?, ¿cómo lo vamos a controlar, cómo es la fuerza pública para  controlar eso?

El nivel del problema es tan grande que si uno lo intenta resolver a punto de policía, puede que el problema se convierta en una situación aún peor. Si se penaliza el tema de la dosis mínima automáticamente toca meter en la cárcel a 20.000 colombianos. Hay 20.000 colombianos que no caben en la cárcel, ¿qué vamos a hacer?

Por eso la opción, de convertirlo en una sanción administrativa, o sea, prohibirlo pero no penalizarlo, no convertirlo en una sanción que sea motivo de ir a la cárcel sino en una sanción administrativa, una multa. ‘Si usted consume le pongo una multa’, como si se pasara un semáforo o como si adelantara en una curva.

Posiblemente la próxima vez que la persona quiera hacer eso lo va a pensar dos veces porque esa sanción puede ser más eficiente en el carácter pedagógico para la población.