EL sector minero requiere una nueva normatividad que le sirva tanto a las regiones como a los inversionistas y empresarios claridad sobre la actividad. Con este argumento, varios sectores políticos señalaron la urgencia de adelantar una reforma al Código Minero.
Además, varios senadores opinan que se requiere también una reforma a las consultas previas, que en muchas ocasiones han sido el obstáculo para el desarrollo de proyectos mineros en el país. EL NUEVO SIGLO consultó a los senadores integrantes de la Comisión Quinta, quienes manifestaron que es muy importante que se tramiten esas reformas en el próximo semestre legislativo que empieza a partir del 20 de julio. Este debate se abre nuevamente frente a las denuncias de algunos sectores sobre la minería ilegal.
Para el legislador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, es urgente que se presente un Código Minero, y sobre el particular manifestó que “efectivamente los anteriores esfuerzos de la actividad legislativa alrededor de ello no ha cursado, y ante las nuevas situaciones de sensibilidad en todo el país sobre el tema ambiental, sobre el de generación de agua, se requiere de inmediato un nuevo esquema regulatorio, un nuevo Código de Minas con lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible”.
Aclaro el congresista que “es fundamental que las regiones, que las comunidades regionales, no sólo los indígenas y los afros, sino los ciudadanos donde hay mucha sensibilidad alrededor del tema ambiental porque son zonas de mitigación, de zonas de presencia de bosques, que tenemos que conservar, deben proponer su idea sobre el desarrollo en materia minera, en materia de hidrocarburos, como en el Caquetá, en el Putumayo, como el Pacífico, que son zonas muy sensibles”.
Por su lado, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías, manifestó que “hay que hacerlo, es una urgencia, el Gobierno en el Plan de Desarrollo introdujo lo que llamamos nosotros el Código exprés, que no ha sido otra cosa sino para consolidar las irregularidades que se vienen presentando en ellos, en estos licenciamientos hay muchas irregularidades que gran parte de ellas ocurren por la deficiencia en el Código, desde luego que hay otras que por corrupciones ocurren, de manera que es urgente tramitarlo”.
Agregó que de la misma manera frente a lo que tiene que ver con las consultas previas que “esto de los consultas si bien es cierto ha sido una especie de freno para evitar abusos, también se ha prestado para que se abuse al contrario en contra de la minería legal que es la que debe operar en Colombia”.
Desde el exterior, el senador de la colectividad azul, Luis Emilio Sierra, señaló que “pienso que el Gobierno nacional debe presentar al Congreso un nuevo Código de Minas para no legislar por pedazos, y no utilizar planes de desarrollo para resolver los problemas del sector”.
Acotó también que “vengo diciendo hace 4 años que el trabajo de la Comisión Quinta está detenido por las consultas previas. No tenemos Ley de Desarrollo Rural, Código de Minas, ni reforma a la CAR, por el tema de las consultas. Y lo más grave es que el Gobierno quiere hacer una Ley para regular las consultas previas, pero paradójicamente esa ley requiere consulta previa. Como corcho en remolino”.
Concluyó el legislador que “vengo diciéndolo hace varios años. Un proyecto de esa naturaleza, como un Código, sólo es posible sacarlo si el Gobierno nacional se empeña en ello, pero resolviendo primero el escollo de la consulta previa”.
El senador del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, dijo que “dentro de las opiniones que se recogen en todos los sectores hay una iniciativa del Congreso que quiere promover la expedición de un nuevo Código de Minas. Sin embargo, desde los diferentes sectores de la pequeña, mediana y gran minería, hay un ambiente enrarecido frente a la minería, porque ha habido una desorientación de la opinión que se ha venido dando, cuando la gente piensa que se habla de fracciones de minería ilegales”.
El congresista aseguró que ahora lo que se tiene que hacer es poner en una justa proporción todo el tema de la minería y revisar en qué punto se puede abordar, “y de allí en adelante construir con el Ministerio de Minas y Energía, y con la Agencia Nacional de Minería, unos decretos reglamentarios para avanzar en estos asuntos”.
“Yo no sería partidario de promover un Código de Minas, creo que hay otros temas que resolver como la sentencia 173 de la Corte Constitucional, regulando esos asuntos, estamos en la capacidad de que el Ministerio de Minas vía decreto pueda reglamentar”, señaló el legislador.
Frente a una posible reforma de las consultas previas afirmó que “lo que pasa es que las consultas previas hoy no están establecidas para todas las materias, están establecidas para asuntos que tienen que ver con derechos inalienables de comunidades étnicas y afrodescendientes, y extender consultas previas para todos los temas de gobierno sería como una democracia directa, ya ni siquiera por participación y los ciudadanos deciden, y ponen en tela de juicio la funcionalidad del Estado”.
El senador de la Alianza Verde Jorge Prieto, manifestó que indudablemente el Congreso requiere tramitar un nuevo Código Minero y anotó que “el país desde hace muchos años que no modifica la legislación minera y lo que se ha venido haciendo es actualizando por interpretación de la Corte y de los jueces. Pero yo creo que se requiere y sobre todo que dicte todos los problemas que se están sancionando”.
Recalcó que el mayor obstáculo para su trámite son los intereses económicos que se mueven detrás de la minería legal y la minería ilegal, “por ejemplo en el caso del agua, cómo es posible que la prioridad sea la actividad minera o petrolera por debajo de los intereses de preservar las aguas”, dijo.
Puntualizó que lo que tiene que ver con las consultas previas es necesario que se pueda consultar a las poblaciones y no lo considera como un obstáculo, “hay que tener en cuenta los planes de desarrollo local, y los planes de desarrollo territorial”.