*El proyecto de Ley de Desarrollo Rural
*Seguridad alimentaria, reto siglo XXI
EL anuncio de las principales bases del proyecto de Ley General de Desarrollo Rural hecho días atrás por el Ministerio del ramo, evidencia que Colombia se apresta a dar un paso trascendental en lo que al desarrollo de un campo moderno, rentable y con estándares eficaces de calidad de vida para sus habitantes se refiere.
La formulación de una política social agraria que se base en crecimiento rural, formalización sectorial y un proceso tangible de restitución de tierras no sólo es urgente sino que al tenor de lo que está pasando hoy en todo el mundo, se impone como un objetivo prioritario, pues la soberanía alimentaria está considerada ya un asunto de seguridad nacional. Esto es clave porque aunque muchas veces se escuche decir que el campo colombiano está desapareciendo, lo cierto es que la población campesina sigue siendo responsable de producir el 70% de los alimentos básicos.
Para nadie es un secreto que las normas sobre tierras y desarrollo rural están dispersas en muchas leyes y decretos, sin mayor articulación y coherencia, y en consecuencia los esfuerzos del Estado en las últimas décadas no han dado el resultado esperado y la pobreza y abandono de los sectores rurales haya terminado como caldo de cultivo de los grupos armados ilegales y el narcotráfico. No deja de ser llamativo que días atrás también se anuncie que se llevará a cabo un Censo Rural con el objetivo de conocer la realidad del campo, pues muchas de las estadísticas y escenarios circunstanciales con los que hoy se trabaja están desactualizados.
Se requiere, por tanto, un ordenamiento de los usos del suelo, definir políticas claras de acceso a la propiedad rural, aumentar la aplicación de sistemas de riego, drenaje y adecuación de tierras, así como una reingeniería a la estructura institucional sectorial que garantice buenos servicios financieros, bienes públicos sociales, infraestructura y reconversión productiva, apoyo técnico, mecanismos para incentivar la vivienda rural y el papel de la mujer, todo ello enmarcado en una formalización de la actividad en todos sus niveles.
No menos importante es la protección del recurso hídrico, forestal y las reservas ecológicas. Baste con decir que anualmente 290 mil hectáreas de bosques naturales en Colombia se pierden por deforestación.
Las cifras del Ministerio indican que la frontera agrícola ocupa casi 50 millones de hectáreas. Mientras casi 5 millones están sembradas en productos agrícolas y forestales, la ganadería ocupa 38,6 millones de hectáreas. Urge, en consecuencia, detener el crecimiento de esa frontera, impulsando para ello un uso más eficiente de la tierra productiva disponible, restringiendo los programas de colonización y cambiando la modalidad de titulación de baldíos por ocupación.
Es claro, entonces, que se requiere una legislación moderna y eficaz que armonice los cuatro grandes usos de la tierra: ambiente, agricultura, minería y grupos étnicos. La creación del Consejo Nacional de Tierras que propone el proyecto apunta a esa dirección.
De otra parte, es ingenuo desconocer que en Colombia existe una alta concentración de la propiedad agraria, y prueba de ello es que los pequeños propietarios representan el 68% de los predios, pero tienen solo el 3.14% de la superficie catastral. En ese tema el proyecto, que entró a consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes, propone cuatro líneas de acción para dotación de tierras a pequeños productores y campesinos, a través del Incoder, subsidios, titulación de baldíos y dos temas en los que Colombia tiene un atraso muy grande: formalización de títulos de propiedad rural y programa de restitución de tierras a desplazados.
Como se ve, el proyecto que deberá llegar pronto al Congreso está destinado a generar un revolcón de amplio espectro en el campo colombiano. Hay que concienciarse de ese reto. Parlamentarios, gremios, organizaciones campesinas y todo el andamiaje institucional deben alimentar y enriquecer esta iniciativa. No hay tiempo que perder.