*Urge una reforma integral y coherente
*Grandeza, el reto del Congreso

DE  grandes proporciones. Así es el reto que desde ayer tiene el Congreso una vez el Gobierno radicó su proyecto de reforma a la justicia. Aunque años atrás varias iniciativas en igual sentido llegaron a consideración de Senado y Cámara de Representantes, todas, indefectiblemente, se hundieron en la medida en que las Comisiones Primeras y plenarias fueron profundizando en la complejidad de las modificaciones propuestas a esta rama del poder público y luego de que los voceros de turno de las altas cortes expresaran posiciones disímiles respecto a las implicaciones de los cambios estudiados.

Con ese antecedente es obvio que el primer objetivo en cuanto a este nuevo intento de reforma estructural al sistema judicial es que llegue a buen término y no sea un eslabón más en una larga cadena de frustraciones.
Como lo hemos reiterado en estas páginas, lo primordial es que haya una justicia más pronta, cercana y efectiva, con un enfoque que, de un lado, castigue ejemplarmente a quien transgrede la ley y, de otro, establezca mecanismos transicionales y alternativos que resuelvan los pleitos ciudadanos sin la necesidad de llegar a largos e intrincados procesos que naufragan en un mar de incisos, parágrafos y códigos.

Eso es lo verdaderamente importante y el norte indiscutible de todos los cambios propuestos al sistema de gobierno de la rama, la redefinición de límites jurisdiccionales, el mecanismo de elección del Procurador, Contralor o los mismos magistrados, las modificaciones al ámbito de la acción de tutela contra sentencias, el nuevo marco institucional de juzgamiento de los congresistas y funcionarios aforados y el debate sobre qué hacer con el Consejo Superior de la Judicatura.

Aunque lo ideal hubiera sido que el proyecto de reforma que ayer se radicó estuviera sustancialmente consensuado con las altas cortes, al final ello no fue posible y es muy probable que éstas presenten, en conjunto, o cada máximo tribunal por separado, sus propias iniciativas. Ello, entonces, llevará no sólo a la acumulación de las distintas propuestas sino que obliga a los ponentes a esforzarse en la titánica labor de confeccionar un proyecto coherente e integral. Hay que evitar que con el paso de los debates la iniciativa termine en una especie de ‘colcha de retazos’, tan contradictoria e inviable que el Estado corra el riesgo, en caso de aprobarse, de terminar con una estructura del sistema judicial tipo Frankenstein.

De otro lado, es necesario que senadores y representantes actúen con la grandeza y profesionalismo que de ellos se espera. No tendría la menor presentación que los problemas judiciales que hoy tienen tras las rejas a muchos ex parlamentarios y en la antesala de investigaciones a varios de los actuales, terminaran traduciéndose en una actitud revanchista de los congresistas contra la Corte Suprema de Justicia, o diera pie a maniobras para tratar de revivir figuras tan anacrónicas como la inmunidad parlamentaria, que la historia ya evidenció suficientemente como un instrumento utilizado para evadir la acción de la justicia y entronizar la impunidad en los escaños del Legislativo.

Y es allí en donde la ley de bancadas y la capacidad de los directorios partidistas para imponerse estarán a prueba. En ellos recae la obligación de evitar que las propuestas leoninas de unos pocos se cuelen en los textos definitivos que aprueben en comisiones y plenarias. Tampoco será menor el compromiso del Gobierno, pues su liderazgo en la Mesa de Unidad Nacional debe traducirse en una gestión juiciosa y proactiva para sacar avante la reforma más coherente, estructural y viable posible.
Los retos, pues, están sobre la mesa. Una justicia pronta y eficaz es lo que urge Colombia. Gobierno, Congreso, altas cortes y partidos tienen la palabra.