*Demandas contra equilibrio de poderes

*Se advirtió: lo que mal comienza…

AUNQUE  no es la primera ni será la última, es claro que la demanda que presentó la semana pasada la Fiscalía General ante la Corte Constitucional contra varias de las columnas vertebrales de la llamada reforma al equilibrio de poderes, se constituye en una prueba de fuego para la iniciativa bandera del Gobierno durante la primera legislatura.

Según el ente acusador, el Congreso, al tramitar no pocos de los artículos que modificaron el esquema de funcionamiento de la Rama Judicial incurrió en vicios de forma tales como la violación a los principios de conexidad y consecutividad, así como de fondo, pues, a juicio de la Fiscalía, en la creación de instancias como la Comisión de Aforados se incurrió en una sustitución de la Carta Política.

Si bien la demanda de la Fiscalía había sido anunciada meses atrás, incluso desde antes que el proyecto recibiera su aprobación final en el Parlamento a finales del primer semestre, lo cierto es que los analistas que han revisado el soporte probatorio y argumental presentado por el ente acusador ante la Corte, sostienen que está muy bien sustentado, sobre todo porque se apoya en muchos de sus conceptos en la propia jurisprudencia del alto tribunal en relación con las violaciones a la Ley Quinta o Reglamento Interno del Congreso. En cuanto a los alegatos sobre la sustitución de la Constitución, es obvio que allí sí hay un margen más amplio de subjetividad y de interpretación que podrían ser acogidos o no por los nueve magistrados.

Aunque los ministros de Justicia y del Interior se apresuraron el viernes pasado a afirmar que confiaban en que la reforma pasará el examen de exequibilidad en el máximo tribunal, lo cierto es que, como lo advertimos en repetidas ocasiones en estas páginas, el trámite accidentado de la iniciativa dejó muchas dudas a lo largo de los ocho debates. Los cambios sustanciales que sufrieron no pocos de los artículos en las comisiones y las plenarias, la inclusión a última hora de ajustes que no se habían contemplado en los primeros debates, así como la desordenada votación de proposiciones aprobatorias y sustitutivas, dejaba ver a las claras que la fiabilidad del trámite era muy baja y que por más que entrara en vigencia inmediata el acto legislativo, sería al final la Corte Constitucional la que terminaría señalando en su fallo qué de la reforma se aplicaría y qué no. Lamentablemente a esas instancias se llega cuando la improvisación es la que marca el ritmo en el proceso de construcción normativo. En su momento desde estas páginas se llegó a proponer que dado que el proyecto se había enredado en un mar de incisos y parágrafos tan confuso como incoherente,  lo mejor sería depurar el articulado y dejar sólo aquellos temas que, en verdad, estaban orientados a recuperar el equilibrio de poderes entre las ramas del poder público. En ese orden de ideas con la eliminación de la reelección presidencial consecutiva, sin duda el elemento que más distorsionó la independencia y colaboración armónica entre los poderes, y otras pocas disposiciones más, se podría haber conseguido el objetivo perseguido sin caer en tanto trauma institucional ni en el reformismo gratuito judicial, político, electoral y de arquitectura estatal.

Es claro que el tribunal encargado de la guarda constitucional tardará varios meses en proyectar la respectiva sentencia. Incluso, se sabe que desde otras instancias judiciales se está preparando otra demanda y que varios partidos políticos, abogados, academia y otros sectores también están perfeccionando sus respectivos alegatos ante la Corte. Habrá que esperar a que se radiquen la mayor cantidad de demandas, de forma tal que el fallo final comprenda todo el articulado y no se produzca, como ha pasado con otras normas, una serie de fallos a cuentagotas sobre distintos aspectos de leyes y actos legislativos. Será interesante, por demás, conocer los conceptos que el Ministerio Público remita a la Corte sobre un tema de tantas implicaciones.

Como se ve, el alto tribunal tiene la palabra. Después de los escándalos que afectaron su imagen y credibilidad en los últimos meses y en medio del proceso de elección de uno de sus magistrados, el reto es muy alto. No en vano se ha dicho que la llamada reforma al equilibrio de poderes es la mayor ‘cirugía’ a la Carta desde que fue expedida en el 91.