CON  bombos y platillos  se ha venido celebrando el veinticinco cumpleaños de la  Constitución de 1991 y no  podía ser para menos, pues sin duda alguna, la  Carta Política ha producido importantes transformaciones  en el país.

Pero de allí a pretender sostener que la Colombia tolerante e igualitaria,  que respeta los derechos humanos, incluyente con los discriminados,  que respeta la libertad de  cultos, comienza apenas con la Constitución de 1991, es por lo menos una exageración.

Si se debió sustituir la  Constitución del 86 con todas sus enmiendas, es algo que ya no tiene sentido discutir.  La verdad es que este país desde su independencia ha sido un  Estado democrático, respetuoso de los derechos fundamentales, de la libertad de cultos, de la igualdad y que repudia la discriminación.   Pero lo más importante es destacar que esencialmente  hemos sido un país de tradición constitucionalista,  así tengamos la tendencia a reformar la carta política continuamente.

Muchas democracias desarrolladas mantienen sus constituciones centenarias y sus enmiendas son contadas; en los Estados Unidos de América  mantienen  su Carta de Filadelfia de 1776 en pleno vigor y no están pensando en modificarla por obsolescencia; por el contrario, la esencia de su nacionalidad reside en el diseño  y rumbo que los fundadores le dieron a dicha Constitución que comienza lo que podría llamarse el constitucionalismo en América.

Como lo hemos advertido,  la Constitución del 91 trajo importantes cambios, el más importante, colocar al ser humano en el centro de los fines del Estado.  Viene cargada de principios,  encaminados a mejorar la convivencia de la sociedad.  Por supuesto que la Constitución anterior también lo hacía y la Corte Suprema de Justicia que velaba por su guarda introdujo importantes desarrollos sobre  los derechos fundamentales de las personas.

De otro lado, recientemente ha salido a flote un aspecto que impacta la vida nacional y que será necesario considerar los límites que deben colocarse a nivel constitucional, los altos sueldos de los funcionarios del Estado. La Corte Constitucional  le puso freno a las altas pensiones que había en Colombia, aún contra el principio de los derechos adquiridos;   pero por mirar la paja en el ojo ajeno no vieron la viga en el propio. Los recientemente reajustados salarios de los miembros del Congreso, no son solo de ellos,  es un tema que impacta por reflejo,  a todos los Magistrados de las altas Cortes que ganan lo mismo, a los delegados de la Fiscalía ante las altas Cortes, a los Procuradores delegados, a los delegados de la Contraloría y a toda la estructura de la rama judicial y de las entidades de control, que reciben reajustes sobre un porcentaje de que corresponde a  los altos cargos.  El desequilibrio se hace notorio,   pues  las mismas razones para tener como exageradas las pensiones,  son suficientes para predicar lo mismo sobre los altos salarios del Estado.

Si de verdad se quiere celebrar el 25 aniversario de una Constitución igualitaria e incluyente,  debería,  a la luz de sus principios,  poner el mismo tope que se puso a las pensiones,  a otras pensiones que siguen siendo de privilegio y a los sueldos de los mismos Congresistas y Magistrados que se ufanan de aplicarla.