Seis años después de iniciados los contactos para explorar la posibilidad de una negociación de paz entre el Gobierno y las Farc, se dio a conocer el texto del acuerdo final. Son 297 páginas que involucran múltiples disposiciones que merecen una lectura cuidadosa si se quiere llegar a un voto consciente e informado en el plebiscito. Analizaremos en futuras columnas los acuerdos con mayor impacto sobre su sostenibilidad y mayores alcances sobre su virtualidad para promover reconciliación, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Por ahora, tanto los discursos y declaraciones proferidas en la última sesión en La Habana, como las afirmaciones que se han hecho sobre la decisión plebiscitaria,  no aportan tranquilidad ni despiertan confianza. La alocución de De la Calle, carente de emoción, se centró en explicar negativamente lo que cree que es el acuerdo: no es perfecto, no hubo claudicación, no se intercambiaron impunidades, no se cerró los ojos ante el delito, ni se cambiaron fusiles por convicciones, como si dudara de sus bondades. Contrastó con el tono vencedor de “Iván Márquez” que se dio el lujo de presentar condolencias a sus víctimas en vez de solicitar su perdón, mínima satisfacción si se quiere inspirar reconciliación. Sergio Jaramillo afirmó sin inmutarse que la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzoso no es tema del acuerdo y que “es asunto que debe preguntársele a las Farc que por razones jurídicas no han querido dar el paso”. Roy Barreras convierte las curules a dedo en una supuesta malla de protección ante un posible descalabro electoral para garantizar lo que no se obtendrá en las urnas. Para rematar, Diego Martínez, asesor de las Farc, eleva a la categoría de socios a los que hasta ayer fungieron como contrapartes.

Tan pronto cayó el telón en La Habana se reiniciaron los apocalípticos augurios en caso de un triunfo del No en la consulta plebiscitaria, unos prediciendo el retorno a la guerra, otros presagiando crisis insuperable, ignorando con calculada premeditación, no sólo la clara manifestación de la guerrilla de no volver al monte, sino también lo dispuesto por la Corte de que la paz es un derecho fundamental axiomático y que si ganase el No “…es deber constitucional del Ejecutivo y las demás ramas del poder público hacer lo propio en su consecución y consolidación”.

Al Gobierno corresponde garantizar igualdad e imparcialidad que hoy peligran bajo la sombra de la autorizada participación de los funcionarios públicos en la campaña plebiscitaria. Además de un deber, sería reconocida contribución a la paz.