Un nuevo choque entre funcionarios del Gobierno escandaliza al país y cobra la cabeza de una funcionaria con trayectoria y de quién tenemos una excelente opinión como profesional destacada en los diferentes cargos que ha ocupado: la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Martha Lucía Zamora.

El escenario de controversia está relacionado con la licitación para la adjudicación del contrato para el suministro de las libretas para pasaportes.  Desde hace algún tiempo venimos escuchando sobre un procedimiento turbio con la adjudicación de ese contrato; se ha dicho que, acatando una orden del Presidente de la República, el canciller Leyva declaró desierta la licitación, pese a que el único oferente, Thomas Greg & Sons, ya tenía derecho a la adjudicación. 

Como consecuencia de la decisión Ministerial, la firma demandó al Estado por $117.000 millones, argumentando daño reputacional y una proyección de utilidades que dejaría de recibir a no haber sido adjudicado el contrato.   

Como directora de la Agencia, Zamora intentaba conciliar para precaver el litigio eventual o el pleito pendiente que podría concluir condenando a la Nación al pago de esas pretensiones.  Su intervención, al parecer, provocó una espectacular salida de casillas y el airado reclamo por parte del Canciller Álvaro Leyva en un pasillo de la Casa de Nariño, quién gritó a agredió verbalmente a la funcionaria.

Como consecuencia de la situación, el presidente Gustavo Petro respaldó la andanada que le propinó el jefe de Relaciones Exteriores a la entonces directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, declaró que no ha había habido gritos ni mal trato y, además, le pidió la renuncia a la funcionaria.

El canciller ha tenido que salir a dar explicaciones, las mismas que nos llenan de asombro y perplejidad a los colombianos.  Primero dijo que la funcionaria “no cuida o no defiende” al Presidente de la República.  Primer gran error de concepción sobre las funciones de la funcionaria y en general de los funcionarios públicos. La Agencia fue creada para defender al Estado, no al Presidente; para asesorar al presidente está todo un equipo de secretarios y funcionarios en el Dapre y no le corresponde a la Directora de la Agencia, tomar decisiones pensando en defender al presidente; es más, tampoco los ministros están para defender al Presidente.

Lo segundo que expresó el Canciller, es que su hijo tiene 54 años, dando a entender que actúa autónomamente.  Nada que ver si existe un conflicto de interés, porque el hijo del canciller tiene interés directo o indirecto en que se adjudique la contratación de pasaportes a una determinada firma; da lo mismo que tenga cinco, veinte o cincuenta años; ello no elimina la inhabilidad que de allí se deriva e igual el funcionario debe apartarse del proceso.

Los colombianos tenemos derecho a saber qué es lo que se encuentra detrás de todo este episodio, pues las cortas explicaciones del canciller dan lugar a más dudas que claridades sobre lo que viene sucediendo con la contratación de pasaportes.