En aras de recuperar la verdad, sabida pero oculta, que vivieron campesinos, microempresarios, transportadores, comerciantes, industriales y otros muchos integrantes del sector productivo, como víctimas del conflicto armado, dos centros de pensamiento:  la Corporación Pensamiento Siglo XXI y la Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en el marco del proyecto conjunto Visión Colombia 2022,  acaban de presentar una solicitud ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que adelante la investigación con miras al reconocimiento del sector productivo como víctima.

Se trata, como lo estipula el mismo nombre de la Sala, de llegar al reconocimiento de esta verdad, que permitiría dilucidar las responsabilidades y las conductas que en justicia le acrediten esa categoría de víctima.

Es un reconocimiento, nada ajeno, para un sector que con resiliencia o incluso empobrecimiento, sostuvo la actividad económica del país, no obstante las amenazas o extorsiones, que merecía todas las garantías de protección a su quehacer.

Se advierte que la solicitud no se presenta en cabeza de ningún miembro en particular de este grupo de víctimas y sobre todo que la intención no es generar una retribución económica ni excluir la responsabilidad penal comprobada de actos ilegales que hubieren tenido miembros del sector productivo en el marco del conflicto.

El objeto principal es esclarecer la condición de vulnerabilidad que padeció el sector y evitar, con esta refrendación, la repetición de los hechos. El propósito se centra en reconocer las diferentes formas de victimización que sufrió el sector sistemáticamente, con la injerencia para toda la sociedad en su conjunto.

Es decir, se trata de transmitir y sentar el daño colectivo de sus efectos. Por esto se hace alusión a la necesidad de estudiar la posibilidad de que el sector productivo se considere dentro de una nueva categoría entendida como víctima colectiva.

En este sentido, la solicitud es de carácter especial porque el relato de los hechos no abstrae casos particulares sino al sector, como ente colectivo, con la reticencia además de muchos de sus integrantes a ser involucrados a nombre propio.

Para efectos de esta solicitud especial, construir un concepto de macrovictimización tiene una importancia determinante en tanto permitirá exponer las razones por las cuales la JEP debe reconocer al sector productivo como una nueva categoría de víctima y entender que su blanco repercute en afectaciones al crecimiento y desarrollo económico, colectivo, local y nacional.

Entre los intereses y derechos constitucionales vulnerados hay que analizar la afectación al buen nombre, estigmatizado sin sopesar las presiones sufridas, el ejercicio a la libre empresa, la competencia y la asociación y negar la oportunidad de contribuir al desarrollo en territorios marcados por el conflicto.

El fin último es ser partícipes de un proceso de reconocimiento, responsabilidad y esclarecimiento de la verdad para un sector productivo que a pesar de las amenazas permanecía con valor, como es digno que la historia lo registre, cuya situación de vulnerabilidad no puede volver a repetirse.     

*  Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI

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