La preocupación por la calidad del medio ambiente es un fenómeno creciente en el mundo. Colombia no escapa a ese proceso y es claro que hoy emerge una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de la conservación ambiental. Sin embargo, las tímidas regulaciones y la escasa vigilancia del cumplimiento de sus normas no logran desvanecer las percepciones negativas que rodean la explotación y manejo de los recursos naturales. Esa realidad ha venido afectando la confianza en la capacidad de las autoridades para controlar actividades potencialmente peligrosas para la conservación de ese patrimonio y la preservación de los equilibrios ambientales, afectadas por vacios legales que no se llenan y por evidente desarticulación en las políticas e intervenciones de las entidades concernidas. Se observa una progresiva resistencia de las comunidades a las actividades extractivas y un desestimulo de los inversionistas, a veces compelidos por pronunciamientos judiciales sintonizados con un naciente fundamentalismo ambientalista. 

Pero ello no debe ni puede conducir al abandono de actividades extractivas de hidrocarburos y minerales. Colombia seguirá necesitando de petróleo y minería, pero tendrá que mejorar los estándares de protección del medio ambiente y la calidad de las acciones de mitigación y reducción de los impactos de la minería para asegurar que sus beneficios convoquen la aceptación de las comunidades.

El conflicto armado ha potenciado las actividades ilegales. La minería y la producción de hoja de coca guardan intima relación y ambas se interrelacionan en la cadena productiva de la coca y del oro, sin que la acción del Estado, esporádica, haya tenido éxito en combatirlas. Su desaparición es fundamental para la erradicación de la violencia y por lo tanto para la sostenibilidad de la paz.  

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido por años la cenicienta en las asignaciones presupuestales, y sus ministros, con pocas excepciones, novatos en los inmensos retos que confrontan. Hoy ese despacho y el de Minas y Energía pueden ser motores de un desarrollo sostenible y amable con la naturaleza o vigilantes distraídos, cuando no impotentes, ante la depredación de las riquezas naturales de Colombia. Numerosas e indignantes son las huellas y heridas inferidas a los ecosistemas del país, como permanentes las quejas de los ciudadanos ante semejante destrucción. Los nuevos ministros cuentan con el conocimiento, la capacidad y la voluntad política para dar respuesta a las urgencias ambientales y mineras. Sus conocimientos y propósitos serán soporte de sus gestiones, que se inician con importante capital de esperanza ciudadana.