Un amigo mío estuvo recientemente en Playa Blanca, en la isla Barú, cerca de Cartagena y me contó su viaje. Eran tres personas, con su esposa y una hija. Tomaron una lancha en la Bodeguita en Cartagena, viaje por el cual tuvieron que pagar cien mil pesos por persona. Playa Blanca, con sus hermosas arenas y sus aguas azules que la hacen muy atractiva para los turistas, está a cuarenta minutos en lancha.

Al llegar encontraron un lugar atestado de turistas y sucio. Sin embargo, se trataba de disfrutar y resolvieron arrendar una carpa con tres tumbonas o sillas. Cien mil pesos del alma. A la hora del almuerzo, en uno de los restaurantes con servicio en la playa pidieron pescado, arroz y papas, dos gaseosas y una cerveza. La cuenta: trescientos mil pesos, trescientos treinta mil para ser exactos con el 10% de propina. Le pareció un escándalo, pero al reclamar lo amenazaron con golpearlo, de manera que resolvió pagarlos. Pidió una factura y le entregaron un papelucho sin nombre del lugar, número, ni nada. Ese recibo no lo entrega ni una tienda de mala muerte. No apareció un policía por ninguna parte de manera que no había mucho que hacer. “Son una mafia -me dijo-. No vuelvo nunca. Si eso es a un colombiano, cómo será a un gringo.”

Yo había leído de varios casos similares, e incluso peores, en los medios, pero hasta ahora no he leído de soluciones. Lo mismo pasa en Cartagena (Bocagrande o La Boquilla), Santa Marta y en la Guajira. Y me dicen que ya se está presentando en Puerto Colombia. La pregunta que me hago es ¿Por qué los alcaldes no han sido capaces de resolver el problema? ¿Será muy difícil? O, ¿será por desidia e incompetencia?

He pensado qué haría yo. En primer lugar, establecer que solamente restaurantes debidamente conformados y con registro de sanidad puedan trabajar en las zonas. Eso no incluye los vendedores ambulantes, ni las palenqueras que venden frutas, ni los kioskos que venden galguerías, chicles, gaseosas y helados. Los restaurantes deberían tener agua y servicios sanitarios. Deberían estar en condiciones de producir una factura impresa, como lo hace hasta la más humilde tienda en las ciudades.  Y tener en la puerta claramente determinados los precios de sus productos. Hay que poner carteles de advertencia en inglés y castellano. ¿Qué no se puede? Sí se puede.

Todo esto requiere simplemente una resolución del alcalde y una adecuada vigilancia de la autoridad. De lo contrario, los turistas seguirán siendo ahuyentados y van a preferir irse a otros lugares donde, además, los tiquetes aéreos son más baratos. Para ciudades como Cartagena y Santa Marta, que viven del turismo, cuidar a los visitantes es vital. Ambas ciudades se han vuelto inseguras para los extranjeros, incluso los que llegan por solo un día en los cruceros. Los colombianos, como mi amigo, aguantarnos que nos atraquen en todas partes para no arriesgarnos a una puñalada.

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Coda: Como todos sabemos, la Corte IDH le tiró un salvavidas a Petro cuando, siendo alcalde, lo destituyó el Procurador. Después de eso se expidió una ley que, para atender la orden de la Corte, dio facultades “judiciales” a la Procuraduría. Pero ante las decisiones de la Procuraduría y del Consejo de Estado (una autoridad administrativa), Petro dice que la Convención americana de DDHH prohíbe suspender a quienes han sido elegidos. Olvida que las sentencias en los casos en la Corte IDH se aplican solamente a los involucrados y que ninguna entidad gubernamental está obligada a seguir esa “jurisprudencia”.