El pasado jueves se escribió una página aciaga para la democracia colombiana.  Otra vez observó el país, en vivo y en directo, como una horda de manifestantes, portando banderas del M-19 y carteles con la inscripción de “Palestina libre”, se concentraron en la sede del Palacio de Justicia y durante más de cinco horas gritaron y protestaron contra la Corte Suprema de Justicia.

La manifestación no fue espontanea ni obedeció a la causalidad. El mismo presidente de la República, el viernes anterior, desde sus redes sociales, expresó: “Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia”.    

Ese día, la Corte se aprestaba en Sala Plena ordinaria a poner en consideración la terna enviada por el Presidente para la elección de Fiscal y ninguna de las distinguidas candidatas obtuvo los votos necesarios para resultar electa.  

Hubo momentos en que los manifestantes intentaron ingresar al edificio, tratando de derribar las rejas que protegían, por varias horas no hubo presencia de la autoridad distinta a la que normalmente permanece en la edificación.    Afortunadamente no lograron derribarlas, pero era imposible el ingreso y la movilización del personal del palacio incluyendo los magistrados. El constreñimiento a la libre locomoción durante varias horas fue manifiesto e indiscutible.

Quienes estuvimos presenciando la situación por varias horas, sabemos que, salvo un helicóptero que deambulaba por los alrededores, hasta pasadas cinco horas no se presentó una fuerza especial de la Policía para despejar el edificio.  Por supuesto, que las personas al interior estuvieron en riesgo y se les impidió su movilización.

Los hechos son tozudos y quedaron registrados en las grabaciones.  Ningún sentido tiene el minimizarlos o el afirmar que los magistrados no corrieron peligro.

Ahora bien, si se trataba de presionar por la elección de fiscal o protestar por no haber sido elegido ese día, cualquiera que haya sido el motivo, es un mal proceder y precedente, que desdice de nuestra institucionalidad democrática.  El jefe de Estado debe procurar que todas las instituciones de la república puedan cumplir a cabalidad con sus deberes constitucionales, sin presiones de ninguna clase.

Fuera de lugar el pronunciamiento del Sr. Almagro, Secretario de la OEA. No observamos ninguna acción tendiente a “tumbar” al presidente de la República.   La elección de Fiscal corresponde a la Corte Suprema de Justicia y si se demora en ello, es porque debe tomar una decisión a conciencia, buscando la mejor persona para el cargo. El hecho de que existan investigaciones contra funcionarios del Gobierno, la familia presidencial o el presidente mismo, de ninguna manera indica que lo quieran deponer; se trata de un Estado de Derecho actuando, es el imperio de la ley en la República y nadie está por encima de ella.

Igual consideramos inoportuno el comunicado de la Cidh; no hay mora en la elección, ni se desestabiliza el sistema de justicia si no se elige de inmediato.  Ya en el pasado hemos tenido Fiscal encargado y nada ha pasado. Mejor que la Comisión se ocupe de sus asuntos y la Corte Suprema de Justicia de Colombia de los suyos, sin interferencias indebidas.