¡Otra vez con el mismo tema! dirá usted, amigo lector. Es verdad. He escrito varias veces sobre el Plan de Alimentación Escolar (PAE). Pero usted también ha visto y se ha aterrado con las noticias sobre cómo el sistema funciona muy mal: los niños reciben, cuando reciben porque con frecuencia los dejan meses sin darles nada, comida podrida, carne de burro, alimentos mal balanceados y escasos. Roban por millones.

Ese problema, que manejan el Ministerio de Educación, la Unidad de Alimentos para Aprender, el ICBF y los gobiernos locales, cuesta $ 1.2 billones al año y está destinado a más de siete millones de niños. Para algunos es la única comida que reciben al día.

La Contraloría y la Procuraduría han logrado enviar a algunos ladrones a la cárcel, pero las mafias que manipulan ese negocio siguen ahí. Por eso sugerí en una columna del 12 abril 2022 lo siguiente: “Se trata de crear un sistema cooperativo especial, uno para cada escuela, conformado por los padres de familia y administrado por el rector. Hay que dotarlos de sistemas administrativos confiables y fáciles de manejar. Pero serían las madres de los estudiantes las que se encargarían de comprar, almacenar, cocinar y repartir las comidas, lo que, de paso, crea empleo. Es dudoso que no quieran lo mejor para sus hijos. Los rectores serían los ‘gerentes’ de las cooperativas y tendrían la responsabilidad legal y fiscal de su control. Y la abundante burocracia que hoy administra el PAE solamente sería responsable de entregar a tiempo los fondos y de auditar su uso. Si el sistema funciona, puede servir en el futuro para manejar a muy bajo costo los útiles escolares. Y se acaba la corrupción”

Misteriosamente alguien oyó y el Ministerio de Educación por decreto 0846 de 2023 acaba de autorizar a las asociaciones de padres de familia y a las juntas de acción comunal de zonas rurales que estén formalizadas y bancarizadas y hayan recibido autorización del ordenador del gasto del Fondo de Servicios Educativo, a prestar el servicio del PAE. Solamente zonas rurales porque las otras, donde está el negocio, no se tocan, aunque ya avancen planes piloto en varios departamentos (Nariño, Chocó, Córdoba, Guainía y Huila).

No han faltado las críticas de los “especialistas” para los que esas entidades son organizaciones sin experiencia para la operación de alimentos con fondos públicos. ¡Claro que sí! Y yo añadiría que, según la Defensoría del Pueblo, el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

De eso se trata, precisamente. El programa debe incluir capacitación, dotación y control. Para eso está el gobierno: para ordenar, coordinar, organizar y financiar y, de paso, eliminar la corrupción que afecta al sector más vulnerable de la población.

El programa no debe ser solamente para las zonas rurales, donde se tiene la gran ventaja de que los alimentos son producidos localmente, Hay que llevarlo a los centros urbanos aunque ya no podamos hablar siempre de juntas de acción comunal. Debería bastar con las asociaciones de padres de familia, cuando las haya, o las cooperativas que he sugerido cuando sea necesario. Lo importante es “quebrarle la ciquitrilla”, como diría Fidel Castro, al mayor foco de corrupción e impunidad del sistema educativo en Colombia.

El Ministerio de Educación ha hecho un gran avance que sus antecesores no lograron. Hay que seguir adelante hasta eliminar el sistema actual.