Los colombianos queremos  la paz. Una paz negociada,  tras medio siglo de violencia.  Más aún, en nuestro criterio, un proceso de diálogo -bien orientado por el Gobierno, con reglas de juego claras y públicas, y con un cronograma respetado por las partes- nos habría podido conducir al objetivo nacional de legar a las nuevas generaciones una Colombia distinta, pacífica y ajustada a los postulados del Estado Social de Derecho.

¿Cuál es la realidad del momento? Un estado de cosas muy enredado, oscuro e incomprensible para la mayoría.

El país está polarizado en relación con el plebiscito. Se adelantan campañas por el Sí y por el No, aunque en realidad, desde el punto de vista jurídico, solamente hay, hasta ahora, un proyecto de ley estatutaria aprobado por el Congreso y declarado exequible por la Corte Constitucional,  con miras a establecer unas reglas especiales respecto a ese mecanismo de participación cuando se trate de someter a consideración de los colombianos lo que finalmente se pacte entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.

La ciudadanía, sin embargo,  no conoce aquello respecto a lo cual se va a votar. No hay una fecha señalada para el plebiscito, ni se sabe cuál será la pregunta que se formulará a los votantes, y ni siquiera se ha manifestado oficialmente la intención presidencial  de convocar al pueblo para el indicado efecto.

Sobre todo, no hay un acuerdo final firmado, y aunque se han divulgado puntos supuestamente convenidos sobre justicia transicional, participación en política, zonas de ubicación, dejación de armas, nada de eso está en firme, pues el Gobierno y los negociadores se encargaron de enseñarnos que en este proceso “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Ahora resulta que, según Carlos Antonio Lozada, negociador  de la organización guerrillera -quien se supone habla a nombre de ella-  “…sin amnistía no habría acuerdo final, es así de sencillo. Si no hay una ley de amnistía, no habría acuerdo final y si no hay esa firma, no habrá movilización hacia las zonas”.

En otras palabras -si esa es la posición de las Farc-,  ahora no habrá acuerdo final, ni por tanto plebiscito. Primero, el Congreso debe aprobar la ley de amnistía y sólo después vendría la firma del acuerdo final.

Esto suena a chantaje. Y rompe la lógica del proceso. Porque las cosas son al contrario: primero el acuerdo, y en su desarrollo la amnistía o el indulto. Eso sí, sólo por delitos políticos y conexos, y jamás para crímenes de lesa humanidad.