A raíz del caso Odebrecht han circulado varias propuestas para enfrentar con mejores herramientas la lucha contra la corrupción desde el Estado. Sin embargo, todas se enfocan en tratar de acometer las causas y consecuencias inmediatas reajustando o aumentando la normatividad legal, lo cual es insuficiente si de verdad se quiere solucionar el problema. Para su solución hay que partir de su raíz, es decir de la ausencia de una cultura ética de lo público, vacío este que gravita constantemente en la violación de las leyes anticorrupción por estrictas que sean.
En este orden de ideas, una decisión inaplazable desde el Estado tiene que ser la de restablecer una cultura ética de lo público, para lo cual hay un punto de partida clave: toda persona, quiera o no, posee naturalmente una orientación ética que hay que descubrir y reforzar. De otro lado, la mayoría de los funcionarios son personas honestas, mientras que los que roban al Estado son una minoría que con sus acciones producen tanto ruido y daño que, con frecuencia, se cree en la opinión pública que el robo a lo público es un fenómeno mayoritario e inevitable. Habría pues que auscultar mejor lo anterior en la ESAP promoviendo más estudios que respondan al interrogante de ¿Cómo subir la temperatura ética en las instituciones estatales?
Lo cierto es que el restablecimiento de una cultura ética de lo público debe apoyarse en la fuerza de la mayoría que actúa bien. Su puesta en acción puede demostrar que en realidad las personas no somos ladrones por naturaleza, sino que, al contrario, somos seres éticos que tienden a obrar buscando el mejor bien posible. En consecuencia, las organizaciones apoyarán su ética en la de los individuos y en los principios y valores corporativos que se compartan teniendo como norte el bien común público.
Por otra parte, es indispensable tener presente el contexto ético-social que propicia el robo al Estado y el deterioro de la ética individual. Hay que ver la ética pública como parte de una cultura influenciada por factores positivos como los arriba mencionados, o negativos como el consumismo, el individualismo y el relativismo moral, de donde surgen acciones aceptadas culturalmente que van contra la ética y que es necesario cambiar.
Ahora bien, la ética pública se enriquece con la incorporación de los valores legalidad e integridad. De la legalidad se ha hablado bastante mas no así de la integridad. Esta puede mirarse objetivamente cuando existen normas éticas o subjetivamente cuando las personas y las entidades asumen libremente la responsabilidad de ser coherentes con los principios y valores que las guían. Gestionar esa integridad es promover en las entidades comportamientos de rectitud y honestidad, y la congruencia en la actuación de las personas y de las organizaciones para corregir la ruptura que produce la ilegalidad tanto por el lado de la violación de las leyes como de las faltas éticas.