*Un yerro gubernamental muy grave

*Pierden deporte, comercio, turismo…

En agosto de 2021, en el gobierno Duque, Colombia empezó a concretar el sueño de volver a ser sede de unos Juegos Panamericanos, teniendo a Barranquilla como sede de las justas del 2027.

A finales de octubre pasado, ya en la administración Petro, el Ministerio del Deporte celebraba con bombos y platillos la ratificación de que, por segunda vez en la historia −después de Cali en 1971−, nuestro país había obtenido la sede de unos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, indicando que se trataba del evento más importante del ciclo olímpico en el continente.

“El Gobierno nacional cumplió y el certamen se realizará en 2027. Ambos eventos serán los más importantes de la década. La oportunidad de confirmar al país como potencia deportiva continental sigue vigente y ratifica la posición de Colombia como epicentro de grandes certámenes, con una organización de primer nivel”, señaló entonces la cartera.

La propia ministra Astrid Bibiana Rodríguez resaltó que se había recibido la confirmación de la sede por parte de Panam Sports, la empresa dueña de los derechos de las justas. Todo fue fiesta en Barranquilla y el Atlántico. Incluso se precisó que el presupuesto proyectado para la realización de las justas era de 399 millones de dólares, de los cuales el Gobierno aportaría el 60%, mientras el restante lo pondrían las administraciones locales.

El Ejecutivo también destacó que la realización de los Juegos era clave porque tendría impacto en cuatro componentes económicos en la región norte del país: gasto de visitantes extranjeros (hotelería, transporte, alimentos, diversiones y compras, entre otros); gasto de visitantes nacionales; inversión pública (construcción y adecuación de escenarios; organización y logística, entre otros) e inversión privada (desarrollo inmobiliario - villa Panamericana-).

Visto todo ello, resulta difícil entender que a Colombia le fue revocada ayer la adjudicación de la sede debido a que el Gobierno nacional no pagó a tiempo un monto de ocho millones de dólares a que se había comprometido con Panam Sports.

Una moratoria que estaba alertada hace varios meses y que el propio Ministerio había recibido y se comprometió a ponerse al día. Una alerta que fue lanzada también por los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes de Barranquilla y Atlántico, respectivamente. Una alarma que el Comité Olímpico Colombiano había recalcado ante el Ejecutivo. Y una alerta a la que organizaciones y federaciones deportivas, así como muchos gremios de la región Caribe le hicieron un amplio eco en el segundo semestre de 2023…

Al final, según la comunicación oficial ayer de la empresa dueña de los derechos deportivos de las justas continentales, el Ministerio ni el Gobierno en su conjunto entendieron la gravedad de lo advertido reiteradamente, incumplieron los pagos y por eso Colombia perdió la sede de los XX Panamericanos en 2027.

Anoche la Casa de Nariño dio unas explicaciones confusas, señalando que se había llegado a un acuerdo para pagar este año los ocho millones y que la decisión de Panam Sports fue sorpresiva y unilateral. Todo ello en medio de una ola de condenas e indignación nacional contra el Ejecutivo. Resulta claro que perder la sede de los Juegos es un hecho muy grave para la imagen internacional del país, más aún en momentos en que se buscan −e incluso ya se obtuvieron algunos− los derechos para ser anfitriones de campeonatos del orden regional, continental y mundial en distintas disciplinas deportivas.

Aunque la comunicación de Panam Sports fue determinante, el Ejecutivo indicó anoche que gestionaría para recuperar los derechos a albergar los Panamericanos, que son el tercer evento del ciclo olímpico (luego de los Suramericanos y los Centroamericanos y del Caribe), en los cuales participan 41 países en 34 disciplinas. Difícilmente se podría presentar una mejor oportunidad para preparar y lograr cupos a los juegos orbitales de 2028 que se realizarán en Los Ángeles (Estados Unidos).

Una vez más queda evidenciado que el Gobierno permanece imbuido en polémicas de menor calado, con la trinadera presidencial como principal, caótico e inefectivo canal comunicacional. Los ministerios no parecen tener mayor disciplina ni efectividad, como se demuestra en los bajos niveles de ejecución presupuestal. Obtener la sede de los Juegos fue un triunfo para Colombia que el propio Ministerio destacó de forma superlativa en su rendición de cuentas del 2023. Paradójicamente, casi de forma paralela el incumplimiento del primer pago de los ocho millones de dólares ponía en alto riesgo mantener lo que con tanto esfuerzo e inversión se consiguió.

¿Quién responde ahora? ¿Por qué no se giraron los recursos a tiempo? ¿Habrá algún tipo de sanción?... Y lo más importante: ¿resultará efectiva la tardía e inédita gestión oficial para tratar de recuperar la sede de unos Juegos que confirmaban a Colombia en la élite continental deportiva, logística y turística?